Próximas semanas serían clave en materia previsional: las alternativas que se abren para un acuerdo transversal
La discusión política estará concentrada en destrabar los nudos en torno a darle viabilidad para que exista solidaridad en el 6% de cotización adicional y en la libre elección para los afiliados.
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Desde la próxima semana, tras las elecciones de consejeros constitucionales, comenzará una etapa clave para la reforma previsional. Las distintas fuerzas políticas comenzarán a ordenar sus planteamientos para alcanzar el esperado acuerdo que permita darle viabilidad a un cambio al actual sistema de pensiones después de varios intentos fallidos en períodos presidenciales anteriores.
Si bien el camino para alcanzar ese consenso sigue siendo pedregoso, tanto el Gobierno como las distintas fuerzas del oficialismo y de oposición están trabajando en alternativas que permitan acercar posiciones para poder sacar adelante uno de los proyectos clave del Gobierno del Presidente Boric. Esto, considerando que los dos nudos más críticos están en la distribución del 6% de cotización adicional y el rol del Estado en el nuevo modelo.
Así, tanto el Ejecutivo como la oposición se muestran abiertos a ceder en algunos puntos, manteniendo otros como intransables. Para la derecha por ejemplo, la propiedad de los fondos, la heredabilidad y la libre elección son necesarios de resguardar. En tanto, para el Gobierno existen fórmulas para poder llegar a una mayoría parlamentaria, pero siempre y cuando se mantenga la esencia de la reforma con los mismos beneficios y que tienen por objetivo subir los montos tanto para los actuales como los futuros pensionados.
Propuesta del CEP
Distintos actores ven con buenos ojos la propuesta que levantó el Centro de Estudios Públicos (CEP) en esta materia y es una alternativa que podría concitar mayores apoyos, manteniendo la esencia de los beneficios que propone el Ejecutivo.
El investigador del CEP y coautor de la propuesta, Gabriel Ugarte junto a Rodrigo Vergara, explicó que "lo que hicimos fue buscar una fórmula para lograr lo mismo en términos redistributivos que tenía la propuesta del Gobierno, pero planteamos un mecanismo distinto, donde entre 2 y 2,5 puntos de la cotización se van a un fondo para pagar beneficios (intra e intergeneracionales) y el resto se destina a cuentas de capitalización individual. Dentro de este último, se propone que vaya a cuentas individuales, donde el 30% se divide en partes iguales entre todos los cotizantes del sistema".
En ese contexto, aseguró que las ventajas que tiene esta fórmula se visualizan "cuando uno analiza las tasas de reemplazo a futuro, tanto la iniciativa del Gobierno como esta propuesta son similares. Además, entrega los mismos beneficios intra e intergeneracionales, por lo que la garantía a los pensionados actuales y futuros se mantiene, así como también todos los complementos y compensaciones de pensión, incluyendo los que tienen relación con disminuir las brechas entre hombres y mujeres".
La idea de la DC
Otra alternativa que va en una línea similar y que también podría funcionar como bisagra para alcanzar un acuerdo político es la propuesta de la Democracia Cristiana (DC). El diputado de la falange Alberto Undurraga, miembro de la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, señaló que como sector están de acuerdo con la “solidaridad contributiva con cargo al 6% (con beneficios intra e intergeneracionales y compensación a las mujeres), pero no con las cuentas nocionales”.
En esa línea, propuso que en régimen (es decir al año 30), la totalidad del 6% -a excepción del costo asociado a beneficios para compensar a las mujeres- vaya a las cuentas individuales, previa aplicación del algoritmo del 70%-30%, donde la mayor proporción sería para cada cotizante y el 30% restante a un fondo común destinado a solidaridad.
En tanto, en el eje intergeneracional -que son los beneficios de corto plazo y con la finalidad de mejorar la situación de los actuales jubilados- la iniciativa plantea que la mitad (3 puntos) vaya a las cuentas individuales con la fórmula redistributiva y el otro 3% vaya a reparto para apoyar a los actuales jubilados, mecanismo que iría decreciendo en el tiempo hasta llegar al año 30 (en régimen).
El parlamentario anticipó que el próximo martes va a pedir en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que se fije plazo para indicaciones de manera que se pueda fijar un tiempo concreto, ojalá de un mes o un mes y medio, para que se vote. “Esto no puede ser infinito”, concluye.
Apertura para solidaridad
Si bien en la oposición aseguran no estar disponibles a tranzar la propiedad de los fondos, la heredabilidad y la libre elección, fuentes al interior de Chile Vamos reconocen que cederán en algunas materias. Así, detallan que, si no es íntegro, prácticamente la totalidad del 6% debería ir a cuentas individuales, aunque anticipan que la viabilidad política de eso es prácticamente nula. Es por ello que estarían dispuestos a flexibilizar su postura entendiendo que gran parte del 6% efectivamente vaya a cuentas personales y que una proporción pequeña pueda ir a solidaridad.
Para el diputado de la UDI, Henry Leal, quien también es miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dijo que “el Gobierno tiene que entender que las cuentas nocionales tienen que desaparecer, que el Estado no puede ser quien administre los fondos de pensiones, tiene que haber libertad de elección, tanto en la administración como en la gestión de las inversiones”.
Respecto al nudo del 6%, planteó que “creemos que tiene que ir a fondos individuales, pero tiene que haber voluntad del Gobierno a ceder y si cede, nosotros también vamos a estar dispuestos a ceder algunos temas en beneficio de lograr un acuerdo porque lo que queremos es que las pensiones suban para los adultos mayores”.
Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien también forma parte de la comisión en que se encuentra el proyecto de ley, asegura que ambos sectores, tanto oficialismo como oposición, tendrán que buscar puntos en común. “Ellos están conscientes de que no tienen los votos para que todo vaya a este fondo solidario de reparto y nosotros también estamos conscientes de que hay que flexibilizar la posición”, afirmó.
El parlamentario es de la idea que “el sistema de reparto hay que descartarlo” y también que debe existir libre elección entre un ente público y privado bajo las mismas reglas del juego. “Vamos a comprometernos a que haya reforma y le ofrecemos al Gobierno un pacto político", puntualizó.