Propuesta que busca que ahorrantes de APV puedan retirar sus fondos sin pagar impuestos beneficiaría a los de mayores ingresos

Hace tres semanas, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución cuyo objetivo es eximir del pago de impuestos a quienes retiren total o parcialmente los fondos acumulados en sus cuentas de Ahorro Previsional Voluntario (APV).

Dentro del APV existen dos regímenes. En el A el Estado aporta un 15% de lo que se tiene ahorrado hasta un tope de 6 UTM ($ 300 mil aproximadamente). El régimen B, en tanto, permite rebajar de la renta imponible el monto ahorrado en APV con un tope de 600 UF anuales (cerca de $ 17 millones). El monto de la bonificación depende del tramo de impuesto que le corresponda al contribuyente según su renta.

La propuesta plantea específicamente que se realicen cambios transitorios en la Ley sobre Impuesto a la Renta para quienes tengan APV en el régimen B y así no deban "pagar el impuesto correspondiente, junto a un cargo adicional que va entre el 3% y 7% sobre la tasa de impuesto global complementario", detalla el documento.

Sin embargo, la iniciativa sería regresiva y sólo beneficiaría a quienes cuentan con mayores ingresos, según el estudio 'Covid-19 y APV: Limitaciones del proyecto que propone el retiro de fondos' del académico del Departamento de Gestión y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando López.

El experto señala que si esta medida se hubiese implementado en 2019 y una persona hubiese retirado $ 10 millones de su APV bajo el Régimen B -quien ya recibió un beneficio que fluctúa entre $ 2.300.000 y $ 4.000.000, dependiendo de su nivel de renta y las tasas impositivas- "en este contexto y si la persona no tuvo otra fuente de renta en 2019, el Estado le perdonaría $ 386.000 en impuestos, cifra que es inferior al beneficio tributario que ya recibió el año en que realizó dicho APV", explica López.

Y en el caso de personas con una renta bruta promedio de $ 8 millones mensuales, "el Estado le hubiese perdonado $ 4.150.000 en impuestos por retirar los $10 millones mencionados", indica.

El académico además cuestiona las razones por las cuales la tributación del APV beneficia con tanta generosidad a las personas de mayores ingresos. "Si la bonificación máxima del Estado para el 75% de los contribuyentes que tienen una renta líquida menor a $ 670 mil es igual a 15% de lo ahorrado con un tope de $300 mil, ¿cómo se explica que la bonificación máxima para menos del 0,8% de los contribuyentes que tienen una renta promedio superior a los $ 8 millones sea un 53,8% de lo ahorrado, con un tope cercano a los $ 6 millones?", puntualiza.

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Con todo, sostiene que la propuesta también conllevaría exenciones fiscales que superan los US$ 1.200 millones al aplicarse sin restricciones de elegibilidad. "Esta estimación es conservadora porque, entre otros supuestos que atenúan este valor, considera que quienes efectúen el retiro no percibirán rentas tributables de otras fuentes como sueldos, honorarios, ganancias de capital, entre otros", indica.

La iniciativa -que fue planteada para hacer frente a la crisis económica originada por la propagación del Covid-19- tuvo el visto bueno de 112 diputados, sólo ocho votos en contra y 28 abstenciones. El proyecto de resolución se traduce en una solicitud formal para que el Presidente de la República empuje los cambios respectivos.

Los autores del proyecto son los diputados del oficialismo Gonzalo Fuenzalida, Mario Desbordes, Jorge Durán, Francisco Eguiguren, Andrés Longton, Paulina Núñez, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Hugo Rey y Marcela Sabat.