Un total de 45 mil solicitudes ingresadas en agosto para acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU), fueron rechazadas por no cumplir los requisitos básicos, tales como permanencia en el país o monto de pensión base o autofinanciada. De estás, cerca de 35 mil solicitudes fueron rechazadas por estar en un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 o más años, que de acuerdo a la Ley 21.419, no focalizan para acceder al beneficio que otorga hasta $193 mil por pensionado a todos los pensionados hasta el 90% de la población de menor ingresos.
Así lo detallan datos entregados por el Instituto de Previsión Social (IPS), tras una serie de solicitudes de información respecto a la operativa de este beneficio, que debía incorporar un nuevo mecanismo de focalización llamado "Test de Afluencia". Dicho instrumento se utilizaría para excluir a aquellos pensionados pertenecientes al 10% más rico de la población, pero finalmente no se hizo por falta de cifras certeras, según indicó el subsecretario de Previsión Social, Christián Larraín, en agosto pasado. En reemplazo, se optó por ajustar el instrumento de focalización del ex Pilar Solidario de Pensiones, que entre otras cosas cambió el universo de referencia para la focalización acotándolo a la población mayor de 65 años, tal como establecía la Ley aprobada a inicios de este año.
En este contexto, las cifras entregadas por el IPS detallan además que, desde agosto en adelante, se han concedido 102.108 nuevas PGU para pago, que corresponden al 67% de las solicitudes analizadas en ese mes. De éstas 60.306 comenzaron a pagarse en el mismo mes, mientras que las restantes “corresponden a pagos que reciben las personas desde septiembre”, detallaron.
Estos pagos se suman a más de 1 millón y medio de personas que ya reciben el beneficio, por haber sido beneficiarios del ex pilar solidario. “Es decir, a septiembre cerraremos con más de 1 millón 600 mil personas que en total reciben el pago de la PGU”, dijeron
Asimismo, existen más de 9 mil las solicitudes que están pendientes de resolución correspondientes a personas de 65 o más años aún no pensionadas, en los que esta pendiente la entrega de información de sus AFP respecto de pension base y otros datos para acceder al beneficio.
Las razones del rechazo
El carácter universal de la PGU se concretó a partir de agosto con la extensión del beneficio desde el 60% al 90% de la población de menor ingreso, aunque con una exclusión: no pertenecer al 10% más rico de la población mayor de 65 años.
Así, quienes reciben una pensión autofinanciada, o base, menor o igual a $ 660.366 mensuales, obtiene una PGU de $ 193.917, mientras que los que reciben pensiones entre $ 660.366 y 1.048.200 -probablemente la mayoría entre el 60% y 90% la población-, reciben una PGU proporcional a su pensión, es decir, a mayor monto de la pensión autofinanciada, menor el monto del beneficio estatal.
Sin embargo, los ajustes al instrumento de focalización –que pasó de considerar a toda la población del país (Pilar Solidario) a sólo la población de 65 años o más (PGU)–, tuvo un impacto significativo en el monto de corte de acceso al beneficio, el que quedó cerca de los $ 515 mil, por debajo incluso de los $ 660 mil establecidos como acceso a una PGU proporcional.
Esto significa que para acceder a la PGU, se debe acreditar un ingreso percapita en el grupo familiar de hasta $ 515 mil, lo que puede dejar fuera a una mujer soltera con $ 600 mil, o a una mujer con un conyuge que reciba un a pension de igual monto, ya que al sumar ambas pensiones el ingreso per cápita queda sobre el umbral de corte para acceso.
Al respecto, la Subsecretaría de Previsión Social indicó que “si se consideran las proyecciones poblaciones de CELADE revisión 2022, aproximadamente 255 mil personas deberían quedar excluidas del beneficio. Por lo tanto, el rechazo de 35.160 solicitudes de la primera evaluación está dentro de lo estimado”, dijeron.
El organismo reconoce el impacto del cambio de universo sobre el umbral de corte, pero asegura que “no es el test de afluencia”, el que provoca el rechazo, sino que “es la ley que al cambiar el universo, fue acotando las personas que podían recibir el beneficio”, dijeron. En esa línea agregaron que “si se hubiese considerado el instrumento de focalización del Pilar Solidario para efectos de asignar la PGU, con un punto de corte al 90%, el valor del umbral hubiese sido igual a $ 609.391. Por otra parte, si se hubiese calculado el valor del umbral considerando sólo a la población de 65 años o más, éste caería en $ 200.698, pasando de $ 609.391 a $ 408.693”, detallaron.
Según afirmaron, “la caída se puede explicar porque la población de 65 años o más, representa un segmento cuyos ingresos, sin considerar los provenientes de los beneficios no contributivos del sistema de pensiones, son más bajos en comparación a la población total. En específico, cuando se mide la pobreza multidimensional (que incluye dimensiones como educación, salud, trabajo y seguridad Social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social), la tasa de pobreza del total de la población llega a 20,7%, mientras que la de los adultos mayores (60 años o más) a 22,1%, lo que refleja que estos últimos viven en una situación más precaria que el resto de la población”, enfatizaron.
En tanto, señalan que para excluir al 10% más rico de la población de 65 años o más “se consideran los ingresos efectivos del grupo familiar completo del potencial beneficiario, es decir, sumándose los ingresos laborales, ingresos de rentas de capital e ingresos de pensiones de todos los integrantes del grupo familiar, no solo los de los integrantes de 65 años o más”. Además, se contempla un índice de necesidades del grupo familiar que contabiliza el número de personas que integran el grupo familiar, identificando economías de escala y el grado de dependencia funcional de cada uno de sus miembros, según explicitaron en la Subsecretaría.
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