Esta semana finalizaron los tres talleres técnicos desarrollados por el Gobierno, en respuesta a la solicitud de más de 20 centros de estudio, liderados por el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, y el director de Horizontal, Juan José Obach, para acceder a los datos de la reforma de pensiones.
Ambos expertos si bien destacan la rapidez de la respuesta del Ejecutivo y los avances obtenidos, reconocen que es solo "un primer paso", ya que todavía está pendiente la parte central de la solicitud: el acceso a las bases de datos para poder replicar cálculos.
"Hemos tenido un comienzo auspicioso, pero definitivamente para mí la pega no está hecha todavía. Está pendiente el tema de cómo se va compartir esa información a nivel de detalles", dijo DF, David Bravo.
La importancia de ello es que "con esa información va a ser posible estimar de manera independiente todos los parámetros del Gobierno, cómo cambian las pensiones, calcular tasas de reemplazo, para la multiplicidad de casos que hay", añade. Pero, además, "permite ponernos de acuerdo en dónde hay 'verdades a medias', cosas que no están correctas y potenciar un diálogo claro. Estamos en el camino y la petición final es un entregable abierto", puntualiza.
Obach, por su parte, reconoce el desafío que involucra abrir el acceso a datos que pertenecen a muchas instituciones, pero confía en la buena disposición del Gobierno. Detalla que, entre las solicitudes clave, está el acceso al modelo de equilibrio general que se usó en el informe de impacto regulatorio para calcular los efectos de la reforma de largo plazo, en variables como PIB, ahorro y mercado de trabajo, informalidad laboral, entre otros.
"El modelo que se usó no recoge, por ejemplo, que la reforma actual tenga dos tasas de interés, la nocional y la de interés real. Y, segundo, también sería súper importante poder acceder a la base de datos de pensionados que tiene la Superintendencia de Pensiones, para calcular cuáles son las tasas de reemplazo efectivas, con la propuesta de PGU de $250.000, que vemos también que es un elemento que está ausente del debate y es muy importante tenerlo a la vista, para determinar cuáles son los mejores instrumentos", precisó.
Este acceso, así como a otros microdatos, podrían zanjarse en la tarde de hoy, en una reunión que sostendrán Bravo y Obach con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, precisamente para acordar los datos que se requieren.
Los expertos indican que esta entrega debe antes de marzo, porque solo de esta manera servirá al debate que ya se inició en el Congreso.
Factor político
Parlamentarios de oposición han argumentado en la solicitud de acceso a datos hecha por los centros de estudio reitera la necesidad de revisar los fundamentos técnicos de la propuesta, poniendo incluso en duda sus supuestos. En ese marco algunos diputados solicitaron más tiempo para el debate, lo que choca con la "suma urgencia" dispuesta por el Gobierno hoy a la tramitación del proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Bravo reconoce que los ejemplos del Gobierno en la propuesta “definitivamente no son suficientes", y afirmó que “equivalen a una casuística que puede ser puede ser útil para explicar, pero no tiene rigurosidad o relevancia para poder demostrar nada", explicó.
Pero con igual énfasis descartó de plano la existencia de "sospechas, dudas o cuestionamientos sobre esta propuesta o las anteriores" en la solicitud. Su objetivo, precisó, es mejorar el estándar de la discusión política y técnica. "Parte del problema es que estamos en un diálogo de sordos, incluso a nivel técnico, y la forma de arreglar eso es obvia para los que estamos en el mundo académico: hay que compartir la información", afirma.
La solicitud hecha por centros de estudio pone al Gobierno en una situación desafiante, ya que al liberar los datos, el Ejecutivo podría ver sus informes -ingresados hace un mes al Congreso con el proyecto de ley-, contrastados con nuevas visiones técnicas sobre los supuestos en los que basan sus propuestas de mejora al sistema previsional.
Bravo asegura que de lo conversado en los talleres se desprende "un trabajo técnico, consistente y riguroso por parte del Gobierno", y afirma que el Ejecutivo tiene una gran oportunidad al elevar el estándar de la discusión. "Los parlamentarios van a tener un sustrato de información común que va a permitir confrontar mejor las propuestas. Eso es lo que tenemos en mente", añade.
Sin embargo, otro freno a la publicación de los datos para acceso ha sido históricamente la falta de acuerdo entre los fiscales de las instituciones dueñas de las bases de datos, respecto del uso de información nominada o con identificación personal. Esto involucraría al menos a los Ministerios de Hacienda, Trabajo y sus subsecretarías, y a la Dirección de Presupuestos.
Historia de la solicitud
La petición de datos no es nueva en las propuestas de pensiones. La única diferencia con las anteriores, es que esta vez se hizo pública y se sumaron más de 20 instituciones, aclaró Bravo.
La solicitud de apertura de las bases de datos se remonta a la comisión Marcel, cuando faltaban antecedentes que más tarde fueron obtenidos a través de la Encuesta de Protección Social.
En la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones que le tocó liderar en 2015, Bravo solicitó nuevamente acceso a los datos para poder hacer ejercicios en forma directa. Sin embargo, recuerda que solo obtuvieron un equipo de la Superintendencia de Pensiones a cargo de hacer los cálculos. “El manejo de la información no lo tuvimos nosotros directamente, pese a tener un mandato presidencial", dice.
En el último gobierno de Sebastián Piñera, el experto volvió a pedir la generación de acceso a información de microdatos, sin éxito. Y en todas las reformas el freno ha sido el mismo: la falta de acuerdo entre los fiscales de las distintas instituciones involucradas, respecto de la accesibilidad a datos personales.
Al respecto, Bravo aclara que “no basta con el promedio ni con la mediana. Lo que en realidad necesitamos saber es el dato individuo a individuo. Sabemos que los datos individuales nominados no son algo que uno pueda manejar, pero sí que hay posibilidad de hacer muestras grandes y formación aleatoria, de tal manera los datos que no haya peligro de identificación de personas".
La falta de acceso a esta data, concluye Bravo, ha provocado, que el estándar de datos de las propuestas, en general, no haya sido suficiente en ninguna propuesta de reforma.
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