Rodrigo Weisner, socio de Puga Ortiz Abogados: “El proceso de toma de decisiones va a ser muy difícil y esto va a atentar contra una adecuada gestión de las aguas”

En el primer episodio de la séptima temporada del podcast Conversaciones de Diario Financiero, Rodrigo Weisner, exdirector general de aguas y socio de Puga Ortiz Abogados, explica los detalles del Código de Aguas que trae la propuesta constitucional respecto a proteger el derecho de propiedad, la Agencia Nacional de Agua, la creación del Consejo de Cuenca y más.

“Muchos éramos y somos críticos que si bien está bien proteger el derecho de propiedad, porque la certeza jurídica es un bien, no es un mal, se echaba de menos que a nivel constitucional se garantizara otro tipo de usos, por ejemplo el consumo humano, que se protegieran los glaciares. Y este proyecto de reforma constitucional efectivamente va en esa línea que yo creo que es adecuado”.

“Sobre la Agencia Nacional de Agua -que propone la versión de la constituyente que se plebiscita en septiembre- es el resultado de un diagnóstico que existe, que han hecho muchas veces el Banco Mundial y universidades, de que la institucionalidad pública del agua en Chile está muy atomizada. Existe mucho organismo con competencia en materia de agua y muchas veces con políticas contradictorias. Como concepto está muy bien. El problema es que el aterrizaje que hace el texto constitucional está pésimamente llevado porque, por ejemplo, le otorga la facultad de velar por el uso razonable, sostenible y responsable del agua. Y esto es un contrasentido. ¿Por qué? Porque va a tener un funcionario de turno decidiendo si el uso es razonable o no es razonable”.

“La creación del Consejo de Cuenca surge de una crítica a la actual gestión de las aguas que hoy día la hacen organizaciones de usuarios de agua, asociaciones de canalistas y se llama Junta de Vigilancia. Los detractores de ese modelo dicen que el uso del agua no es solo por parte de los titulares de derechos de agua, también las municipalidades o las ONG medioambientalistas, por ejemplo. Creo que es una institucionalidad que va a burocratizar la gestión del agua en vez de agilizarla. Creo que existen otros mecanismos para integrar a los distintos usuarios de agua. Pero el proceso de toma de decisiones va a ser muy difícil y esto va a atentar contra una adecuada gestión de las aguas”.

“Sobre la propuesta que reconoce a los pueblos originarios el uso tradicional de las aguas. Aquí se otorga un derecho de veto a ciertos pueblos originarios respecto de una actividad; por ejemplo, la minería, que está sometida, además, a un proceso muy riguroso de evaluación ambiental que de por sí es complejo. De alguna manera hoy día el sistema de impacto ambiental permite recoger las tradiciones. Hay un desbalance completo en una actividad tan importante como la actividad productiva. Hay que pensar que el 80% del uso del agua es productivo y establecer un derecho a veto de esta naturaleza, creo que no es razonable de ninguna manera”.

“Los temas de mayor preocupación que me llegan como abogado son la incomerciabilidad y la reasignación”.

“Hay consenso en que se debe priorizar el consumo humano frente a cualquier otro. Sin consumo humano del agua no hay vida. Pero el Estado, como garante del consumo humano, también tiene que hacerse cargo de la debida indemnización y reparación a quien se le priva de su bien para garantizar el costo humano”.