¿Pueden los bancos prestarles plata a los políticos? La respuestas es sí aunque con más de un pero, ya que después de las irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas y el caso caval, en la industria la convicción es que otorgar créditos para una campaña implica un riesgo reputacional.
Símbolo de ello es que si en 2009 los dos grandes de la industria, Banco de Chile y Santander, concedieron créditos a presidenciables, en esta pasada les han cerrado la puerta, por decisión de sus directorios.
Sin embargo, esto no significa que la banca no pueda dar créditos a candidatos o que no esté preparada para ello. Por el contrario, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) elaboraran la norma que regula el operar de la banca respecto de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), hoy cuentan con protocolos concretos.
Así, en todas las operaciones y contratos que se lleven cabo con los PEP (chilenos y extranjeros que se desempeñen o hayan estado en funciones públicas en Chile o en el exterior, incluyendo sus cónyuges y parientes de hasta segundo), una instancia superior al interior de la entidad financiera revisa la solicitud.
Los bancos avanzan
A pesar de que la normativa data del año 2012, para la banca tomó mayor relevancia a partir de los escándalos de financiamiento de la política y casos como Arcano o el caso caval, provocando que las mismas entidades profundizaran sus políticas internas respecto de los PEP.
Bci, por ejemplo, considera también como PEP a las sociedades de inversión en las que los PEP tienen más de un 10% de participación y aquellas entidades vinculadas a ellos directa o indirectamente. Por su parte, BancoEstado incluyó en la lista a los consejeros regionales y concejales.
En Bice identifican la condición de potenciales clientes nacionales PEP mediante consultas a bases de datos especializadas, que son proporcionadas por el Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras (Sinacofi). Para los sujetos a esta normativa, que sean de nacionalidad extranjera, se usa el sistema Compliance Tracker.
En ItaúCorpbanca, a la hora de vincular a un cliente PEP, éste es analizado por la gerencia de cumplimiento y ratificado en comité de prevención de lavado de dinero.
Y al momento de otorgar un crédito las entidades también tienen establecida una serie de protocolos. En Scotiabank, los préstamos por sobre los $ 100 millones a los PEP deben ser aprobado por la vicepresidencia de riesgo retail. Algo similar pasa en BBVA, donde las solicitudes sobre los $ 225 millones de estos clientes son sometidas a la consideración del directorio. Mientras que en Santander, las operaciones de crédito con los PEP están sujetas a las políticas de crédito de la división de riesgos.
Banco Security, requiere una declaración de origen de fondos, para todas las operaciones de depósito o inversión en efectivo, cuando el monto sea superior a US$ 10.000, adjuntando siempre los respaldos que sustenten la operació.
Incluso, algunos bancos avanzan hasta los créditos hipotecarios, como Banco Falabella que establece que cuando son superiores a 7.500 UF deben contar con la aprobación del comité superior de crédito. Banco Ripley monitorea a sus clientes PEP con el fin de comprobar que la naturaleza de los negocios guarde relación con las transacciones que se solicitan.
A la hora de informar a los directorios sobre estas operaciones en Banco de Chile se hace un reporte anual, con la presentación de un listado de clientes PEP, con indicación de sus productos y condiciones, contratos de prestación de bienes y servicios otorgados.
Las garantías de los candidatos: Propiedades, vehículos y FFMM
A la hora de ir a los bancos a pedir un crédito, cualquier potencial cliente debe mostrar sus garantías para que la entidad se lo otorgue. Regla de la cual no se escapan los candidatos presidenciales.
Pues, a pesar de las acusaciones que ha levantado el senador y aspirante a La Moneda, Alejandro Guillier, las voces de la industria apuntan a que no basta sólo con el reembolso que realiza el Servicio Electoral (Servel) por los votos recibidos, sino que además es necesario respaldar con otros bienes para suplir el monto que no alcance.
¿Qué tienen los presidenciales para ofrecer? De acuerdo a las declaraciones de patrimonio disponibles en el Servel, Sebastián Piñera posee una renta bruta mensual de poco más de $ 23 millones.
Alguno de los ejemplos del patrimonio del ex presidente, que se calcula en torno a los US$ 600 millones, son las cuotas en fondos mutuos que le administra LarrainVial en moneda nacional por $ 8.465 millones y en US$ 116 mil en divisa extranjera.
Algo más modesta es la declaración de la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien busca obtener un préstamo de BancoEstado por $ 450 millones. La periodista tiene una renta de $ 2 millones mensuales brutos, y tres propiedades cuyo avalúo fiscal en su conjunto alcanza los $ 119 millones.
La senadora DC por Magallanes, Carolina Goic, se suma a la lista de los candidatos que tienen inversiones. En su caso, tiene un poco más de $ 3,8 millones en fondos mutuos gestionados por Principal. Además cuenta con una cuenta de ahorro previsional voluntario (APV) en la misma compañía por $ 87 millones.
El senador independiente, Alejandro Guillier, quien rechazó el ofrecimiento de un crédito por $ 500 millones a Tanner, posee dos vehículos valorizados en $ 14 millones, además de un APV en Consorcio por $ 46 millones. Asimismo tiene seis bienes raíces que suman un total de $ 301 millones, según la tasación del Fisco.
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