Diputados piden a SVS fiscalizar más la información de corredoras a clientes

Paula Gallardo



Diputados integrantes de la comisión de Hacienda de la Cámara solicitaron ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros una mayor y exhaustiva fiscalización en el marco de la aplicación de la circular N° 1.985. Esta regula y define los datos que las corredoras deben entregar a sus clientes respecto de las operaciones que realizan.

La circular -vigente desde el 1 de enero- a juicio de algunos parlamentarios daba un margen de acción demasiado amplio y discrecional a las corredoras sobre la información que debían hacer llegar a sus clientes.

Esto, en particular respecto de los inversionistas institucionales -como AFP y Fondos Mutuos, entre otros- y los inversionistas calificados, ya que la circular los exime de la entrega de dichos datos puesto que, como agentes que operan directamente en los diferentes mercados bursátiles, se supone que cuentan con la información necesaria para tomar las mejores decisiones de compra y venta.

Al respecto, según el diputado Pablo Lorenzini (DC) debió haberse mantenido la obligatoriedad en la entrega de los datos que los clientes finalmente son los cotizantes, como por ejemplo el caso de las AFP, ya que al eximirlos del conocimiento de la información “estamos eliminado la protección a los ciudadanos que están detrás de los grandes inversionistas”.

En esa línea, el diputado Carlos Montes (PS) agregó que la Superintendencia “debe contar con los instrumentos para fiscalizar que las decisiones que se toman son las mejores para los clientes”.




Lo mejor posible


Frente a los requerimientos de los diputados, el superintendente Fernando Coloma planteó que lo que hace la circular es no sólo aumentar la cantidad de datos disponibles, sino también incorpora precios máximos y mínimos, de mercado y la referencia de acuerdo a la bolsa en que se transe, lo que permite comparar entre corredoras.

“Las personas mejor informadas son agentes del cambio. Esto precipita la competencia entre las bolsas y obliga a los corredores a que sean más cuidadosos en sus decisiones”, puntualizó Coloma.

Ahora bien, respecto de los inversionistas institucionales y calificados si bien defendió que estuviesen eximidos de la entrega de la información, aseveró que las operaciones de dichas instituciones estaban estrictamente reguladas por normativas más generales, como en el caso de las AFP, por la superintendencia de Pensiones.

Con todo, admitió que “hay que ser celoso en la fiscalización” pero que no se debe perder de vista que un 84% de las operaciones en la bolsa se realizan a través de corredoras lo que implica que inversionistas institucionales y calificados también lo hacen, de manera tal que los datos exigidos en la circular estaban disponibles.

En esa misma línea, el gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, José Antonio Martínez, enfatizó que como entidad también realizan diversas auditorías a las corredoras respecto de la entrega de información y que esta, tal como lo dispuso la circular, se estaba cumpliendo “plenamente”.