Banco de Chile lleva a la UAF a la Corte de Apelaciones por operaciones sospechosas de un excarabinero
La penalidad impuesta por el fiscalizador se basa en que el banco demoró en informar operaciones sospechosas en una cuenta corriente de un oficial en retiro de Carabineros.
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El 21 de febrero de este año, el gerente general subrogante de Banco de Chile, Rolando Arias, informaba a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a través de un hecho esencial, que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) le había aplicado a la entidad una multa por UF 800 (unos $ 22,7 millones) por no informar oportunamente de operaciones sospechosas.
En el banco, más allá de reportar la situación a la CMF, no quedaron conformes y llevaron a la UAF a la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la sanción.
Según consta en reclamo del banco, la multa aplicada por el ente fiscalizador se basa en que la compañía controlada por Citigroup y Quiñenco le informó en 2017 de operaciones inusuales en una cuenta corriente ligada a un teniente coronel en retiro de Carabineros, las que se realizaron entre los años 2014 y 2016.
Para la UAF, el tiempo que demoró la entidad financiera fue demasiado largo, considerando que esta reportó lo ocurrido dos años después de la primera operación.
La decisión de Banco de Chile de elevar el caso al tribunal de alzada se dio luego de una solicitud de reposición administrativa en contra de la sanción le fuese rechazada por la UAF, el 14 de febrero de este mismo 2020.
Los argumentos del Chile
El abogado del banco, Marcos Parga, de acuerdo a lo que indica el texto del reclamo, señala en primer lugar que la resolución de la UAF comete un “grueso error” al sostener que los fondos cuestionados del oficial en retiro fueran pagados por Carabineros a través de su cuenta institucional, y que eso estableciera una infracción jurídica o económica de esas operaciones.
“Muy por el contrario, como se expresará, si los dineros provenían de una institución dependiente del Estado, que gozaba no solamente de gran prestigio, sino que además estaba -y está-sujeta a múltiples auditorías y controles externos, nada hacía presagiar que los fondos pudieran provenir de delitos” y que, a través de un depósito en la cuenta corriente del carabinero en retiro se buscara realizar un “lavado en el sistema financiero”, argumentó Parga.
En cuanto al cómputo del plazo de la prescripción, argumentó el banco, este debiese considerarse desde que este reportó las operaciones sospechosas, esto es, el 26 de abril de 2017.
“Es a partir de esa fecha que debe contarse el plazo de prescripción de seis meses. Luego, más de dos años después, a través de la Resolución Exenta de 03 de junio de 2019, la UAF pretendió interrumpir la prescripción largamente cumplida, formulando -recién entonces- cargos en contra del Banco de Chile”, alegó la entidad financiera en el documento.
Otro argumento utilizado por la entidad financiera es que el banco “cumplió oportunamente” su obligación de reportar las obligaciones sospechosas. “Solicito que sea dejada sin efecto la multa impuesta al Banco de Chile por intermedio de las resoluciones reclamadas, en razón de haberse cumplido oportunamente su obligación de reportar las operaciones sospechosas”, añadió.
A su vez, Banco de Chile recordó que en la época que las operaciones se efectuaron, todavía no eran conocidos los fraudes realizados al interior de Carabineros y que por ese entonces, “dicha institución era una de las más reputadas del país y en el cual la opinión pública depositaba altísimos niveles de confianza”, citando a el Estudio Nacional de Opinión Pública que elaboró el Centro de Estudios Públicos (CEP), en 2015.
160 procesos sancionatorios de la UAF
La Unidad de Análisis Financiero está dirigida por Javier Cruz y es un organismo público que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio, y que se relaciona con el Ejecutivo a través de Hacienda.
Según sus cifras, de los 160 procesos sancionatorios iniciados entre enero y junio de 2019 por la UAF, apenas cinco fueron en contra de los bancos, siendo superados, por ejemplo, por las Administradoras de Fondos de Inversión, con 15, las emisoras de tarjetas, con 22, las empresas de factoring, con 19.
Por otro lado, los bancos son los que más emiten Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con 836 en ese periodo.