El Partido Popular, con una diferencia de apenas 300.000 votos sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue el más votado en las elecciones autonómicas y municipales celebradas el domingo, pero con una abrumadora erosión desde los comicios de 2011: pierde más de 2,6 millones de votos, y el apoyo se desploma desde el 37,5% al 27%.
El motivo reside en la irrupción de Ciudadanos y las marcas municipales apadrinadas por Podemos, que lograron entrar en prácticamente todos los parlamentos autonómicos y en buena parte de las ciudades.
El presidente del gobierno y del PP, Mariano Rajoy, reconoció ayer que su partido ha perdido una parte importante del apoyo ciudadano conseguido en 2011, pero insistió en que la victoria "ha sido incuestionable" y descartó efectuar cambios en el partido ni en el gobierno.
El presidente se mostró "absolutamente convencido" de que los ciudadanos reconocerán en las generales, previstas para fines de año, el esfuerzo para impulsar la recuperación de la economía.
El PSOE también sufrió sangría de votos: pasa de 6.275.314 sufragios hace cuatro años a 5.395.094, un retroceso de casi dos puntos (hasta 25,08%).
Fuerzas emergentes
Los apoyos perdidos por el PP no fueron a parar al PSOE, sino a las nuevas formaciones, principalmente Podemos y Ciudadanos. Su auge altera el bipartidismo que ha predominado en la escena política de los últimos treinta años, y aboca a casi toda España a forjar pactos en las próximas semanas para sellar los gobiernos regionales y locales.
El mayor éxito de Podemos se produjo en la batalla municipal: sus candidatas para Barcelona y Madrid podrían convertirse en las próximas alcaldesas. A nivel autonómico los resultados fueron peores de lo esperado, superados por el PSOE en todas las regiones. Pero la gran dependencia de Podemos y otros partidos minoritarios que tendrán los socialistas para recuperar el poder en varias autonomías y ayuntamientos hace que sus resultados no puedan considerarse como buenos.
Ciudadanos fue el cuarto partido más votado tras el trasvase casi completo de los votos que recibía Unión Progreso y Democracia (UPyD), que casi desaparece del mapa, y desbancando a una Izquierda Unida (IU) muy debilitada.
El resultado abre un nefasto horizonte para UPyD e IU, fagocitados por el éxito de Ciudadanos y Podemos, y con prácticamente ningún diputado autonómico en el país. La fundadora y portavoz de UPyD, Rosa Díez, anunció que no se presentará al próximo congreso de la formación, lo que equivale a presentar su dimisión.
Castigo a la corrupción
Ante la disyuntiva de premiar el resultado de las reformas o castigar la concatenación de casos de corrupción aflorados en los últimos años –en los que están envueltos principalmente miembros de PP, PSOE e IU–, los ciudadanos parecen haberse decantado por la segunda opción. Los votos logrados por esos tres partidos suman el 56,8%, mientras que en 2011 representaron el 71,69% del total. A seis meses de las elecciones generales, este resultado debilita al partido de Rajoy, aunque no haya perdido la mayoría parlamentaria que le sustenta en el gobierno.
La veloz reducción de la ventaja que mantenía sobre el PSOE hasta apenas 300.000 votos es una bajada similar a la que sufrió hace cuatro años el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, con la diferencia de que entonces el PP capitalizó todo el voto del descontento y en esta ocasión el PSOE también ha retrocedido.
Completar el ajuste
La Comisión Europea está expectante ante lo que pueda suceder en los próximos meses. Bruselas exige más reformas estructurales. Aunque la situación ha mejorado, hay "desequilibrios macroeconómicos" que requieren medidas decididas y un seguimiento específico", según un documento firmado por el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, este mismo mes. Las recomendaciones giran sobre cuatro ejes: corrección del déficit público, reforma laboral, reforma bancaria y liberalización de servicios profesionales.
El ritmo reformista ha caído en el último año debido a la entrada en año electoral, y muchas medidas se han quedado en el tintero. La liberalización de los servicios profesionales, por ejemplo, se guardó en un cajón el año pasado y no se ha vuelto a saber de ella. Esta es precisamente una de las normas que Bruselas reclama a España para que gane competitividad.
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