Sitios de descarga ilegal cerrados, administradores web detenidos y páginas que eliminan sus enlaces hacia películas y series pirateadas. Este panorama refleja el esfuerzo legislativo que se está realizado en la Unión Europea, especialmente en países como Francia, Suecia, Reino Unido o Irlanda, para proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor.
En España, la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como la ley Lassalle y que entró en vigor este 1 de enero, ha dado un giro radical para tratar de erradicar las descargas ilegales en el territorio. La norma, que ha generado una gran polémica, ha ampliado las sanciones administrativas aplicables a quienes desobedezcan las resoluciones de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, la Comisión Sinde.
De esta manera, las páginas de enlaces que incumplan los requerimientos de retirada de contenidos ilegales se enfrentarán a multas de hasta 600.000 euros (US$ 727 mil). Las sanciones mínimas impuestas por esta nueva norma también se han incrementado y pasarán de 30.000 euros a los 150.001 euros.
Tampoco hay que olvidar que el Gobierno también está trabajando en una reforma del Código Penal en el que ha prestado especial atención a este tipo de actuaciones y que, previsiblemente, convertirá estas infracciones en delito, con penas de cárcel que podrían llegar a los seis años.
Apagón de páginas
Ante el oscuro futuro que le espera a este tipo de plataformas, los primeros en reaccionar han sido los administradores de la página series.ly, que han decidido retirar de su sitio en Internet, como medida de precaución ante posibles cierres o sanciones al sitio web, todos los enlaces que pudieran infringir lo que aparece estipulado en la ley Lassalle.
De la misma manera ha actuado el portal Magnovideo, que hace unos días comunicó en su página de inicio que "debido a los recientes cambios en el marco legal español, nos vemos obligados a cancelar el servicio de alojamiento gratuito de vídeos".
En marzo, intuyendo lo que iba a suceder, los administradores de seriesyonkis.com anunciaron que eliminarían cualquier tipo de enlace hacia contenidos ilícitos.
El paulatino abandono o apagón de estas plataformas demuestra que el cerco legal a la piratería digital es cada vez más certero y eficaz, algo que está ocurriendo tanto dentro como fuera de España.
Sin ir más lejos, hace dos semanas, el Tribunal de Gran Instancia de París instruyó a los principales proveedores de Internet de Francia –Orange, Bouygues Télécom, Free y SFR– a tomar todas las medidas necesarias para que los internautas galos no puedan acceder a la web de descargas gratuitas The Pirate Bay. En su fallo, el juez otorgó un plazo de quince días a las compañías de telecomunicaciones para cortar el tráfico hacia el portal, a sus proxys, así como al resto de opciones alternativas de acceso.
De la misma manera han actuado diversos tribunales en Holanda, Irlanda y Reino Unido, pero sin duda la mayor actuación contra el intercambio ilegal de contenidos protegidos ha tenido lugar en Suecia, donde las autoridades han llevado a cabo una redada en Estocolmo, también relacionada con The Pirate Bay, en la que incautaron servidores, ordenadores y otros dispositivos.
Aunque no se facilitaron datos sobre la operación y las detenciones realizadas –los medios del país hablan de una persona arrestada–, el coordinador de la policía nacional para la defensa de la propiedad intelectual sueco, Paul Inter, declaró que la actuación estaba directamente relacionada con violaciones repetidas de su ley de derechos de autor.
A pesar de las dudas, lo que sí ha quedado claro es que esta operación iba dirigida contra The Pirate Bay y su sede central, lo que ha provocado el bloqueo de uno de los portales de descargas más importantes del mundo.
No sólo en la web
Es evidente que las normas sobre propiedad intelectual europeas han dado un paso de gigante para dotar de herramientas legales adecuadas a jueces y policías, y así poder luchar apropiadamente contra la piratería digital.
Además, estas nuevas leyes también han terminado involucrando en esta misma lucha, aunque sea de manera involuntaria, a los proveedores de servicios de Internet y a las grandes plataformas de descargas de aplicaciones móviles. En este sentido, hay que destacar que, en diciembre, el gigante estadounidense Google eliminó de su tienda de aplicaciones a webs como The Pirate Bay Proxy o PirateApp.
La compañía alegó que estos programas violaban la propiedad intelectual, así como las normas de la compañía, y advirtió a los desarrolladores involucrados que sus cuentas serían canceladas si decidían seguir infringiendo estas normas.
En la mira
La página más conocida de intercambio de archivos P2P, The Pirate Bay, se encuentra en la mira de las autoridades policiales y jurídicas de la UE, con varias operaciones realizadas en Francia, Holanda y Suecia.
Cambios legales en España
Tanto la reforma del Código Penal como la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que entró en vigor el 1 de enero, pretenden acabar con la existencia de las plataformas de descargas ilegales mediante sanciones elevadas (la LPI ha ampliado la cuantía de las multas por faltas graves hasta los 600.000 euros y las leves hasta los 150.001 euros). Además contempla penas de cárcel para los que atenten contra los derechos de autor, con condenas que podrían ir hasta los seis años de prisión.
El cierre de "Seriespepito.com", un asunto judicial
Son muchos los que han relacionado la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual con las detenciones llevadas a cabo por la Policía Nacional Española contra los administradores de las páginas de enlaces "Seriespepito.com" y "Peliculaspepito.com". Sin embargo, este asunto no tiene nada que ver con la nueva norma española –puesto que recién entró en vigor en 2015–, ni con la reforma del Código Penal.
Esta actuación proviene de una denuncia realizada en marzo en los juzgados de Elche por parte de la entidad de gestión Egeda y la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual por un presunto delito contra la propiedad intelectual.
La conclusión de este asunto ha sido el cierre de las dos páginas por mandato judicial y la detención de sus administradores. La Policía estima que ambas páginas han generado en los últimos tres años (mediante la inserción de publicidad y la apertura de cuentas "premium" para miles de usuarios), unos beneficios de más de 1 millón de euros.
Según las autoridades, estos ingresos provenían de internautas ubicados en España, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, México, El Salvador o Brasil, entre otros países. Además, hay que tener en cuenta que diversas fuentes de la investigación han señalado que las pesquisas siguen abiertas. El objetivo: analizar el conjunto de las cuentas bancarias e incluso descubrir si hay otros implicados.
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