El fiscal Alberto Nisman, quien investigaba la causa AMIA y en la última semana denunció por encubrimiento a la presidenta argentina Cristina Fernández, fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. Su cuerpo fue encontrado en el baño con al menos un disparo de arma de fuego.
La fiscal Viviana Fein, a cargo del caso, confirmó que en el departamento se halló un revólver calibre 22 y la documentación que Nisman, de 51 años, iba a presentar ayer en el Congreso sobre sus denuncias.
El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado en el que detalla que "los efectivos de la custodia de Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado a su secretaria en horas de la tarde de su falta de respuesta a los insistentes llamados telefónicos. Al constatar que el hombre tampoco respondía al timbre de la casa y que el periódico del domingo aún se encontraba en el palier, decidieron notificar a los familiares". La declaración puntualizó que el fiscal disponía de diez efectivos para su custodia personal.
La denuncia de Nisman sobre un supuesto encubrimiento a sospechosos iraníes en la causa AMIA había abarcado a la mandataria, al canciller Héctor Timerman, al ex piquetero Luis D'Elía y a legisladores del kirchnerismo.
Escuchas telefónicas
Nisman era el fiscal de la causa por el atentado contra la mutual judía el 18 de julio de 1994 y se había convertido en el centro de atención política en los últimos días después de que denunciara a la presidenta y a varios de sus colaboradores por los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional".
Nisman contaba con grabaciones de conversaciones telefónicas entre las autoridades iraníes y agentes de inteligencia y mediadores argentinos que, según el fiscal, demostrarían que Argentina suscribió un acuerdo con Irán que implicaría el encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la AMIA a cambio de impulsar el comercio bilateral y el intercambio de petróleo por granos en un contexto de crisis energética en el país.
El atentado contra la AMIA provocó 85 muertos y 300 heridos. La investigación y la comunidad judía atribuyen a Irán y a la organización Hizbulá la planificación y ejecución del atentado.
La presidenta Fernández ordenó ayer al titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, colaborar con la jueza María Servini de Cubría desclasificando información relacionada a la investigación del atentado, dando así cumplimiento al pedido realizado por Nisman, antes de muerte. El fiscal solicitó la semana pasada a Parrilli que revele la identidad de los espías imputados en su denuncia.
Autopsia preliminar
La fiscal Fein informó ayer que según el anticipo de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Nisman en la muerte no hubo intervención de terceras personas.
"No obstante, la fiscal se encuentra a la espera de los resultados de un cúmulo de medidas probatorias destinadas a poder descartar cualquier otra hipótesis", se aclaró.
Además, se esperan los resultados del estudio practicado sobre las muestras tomadas de las manos de Nisman que determinará la existencia o no de restos residuales de pólvora.
En medio de la conmoción, el kirchnerismo decidió no asistir a la reunión de la comisión que debía recibir al funcionario ayer en el Congreso. Los legisladores de oposición, en cambio, aprovecharon la reunión de la comisión para "pedirle al Gobierno que garantice la continuidad de la investigación y el resguardo de las pruebas".
Los principales puntos de su denuncia
"Fernández ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los iraníes contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán".
"El plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes (...) comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner".
"El caso AMIA dejó de ser una política de Estado para convertirse en un fusible de ajuste, una pieza descartable, para lograr el restablecimiento de la relación comercial con Irán. Así comenzó a negociarse la impunidad".
"Todo estaba arreglado y acordado: se sacrificaría la justicia en el caso AMIA para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de ambos países, pero fundamentalmente de Argentina".
"Mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad. Buscaba acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo por granos y hasta venderle armas".
"Fernández y Timerman han manipulado a sobrevivientes, a familiares de las víctimas del atentado y a instituciones judías comunitarias, desplegando una completa artillera de mentiras, falacias y engaños".
"A pesar de lo manifiestamente ilegal de las acciones, el personal implicado jamás se preocupó por ocultar su identidad y/o su proceder, lo que demostró que estaba actuando por orden presidencial".
Juez ordena medidas para asegurar las pruebas de la investigación
El juez federal Ariel Lijo ordenó "medidas urgentes para el aseguramiento de la prueba" con que el fallecido fiscal Alberto Nisman dijo contar para fundamentar su denuncia por "encubrimiento" contra la presidenta Cristina Fernández por el atentado contra la AMIA.
Las medidas están relacionadas con la preservación de las escuchas telefónicas sobre las que Nisman fundamentó su acusación contra la Jefa del Estado, otros funcionarios y dirigentes políticos cercanos al gobierno.
Lijo "dispuso una diligencia en la sede de la Unidad Fiscal de Investigaciones del atentado a la AMIA, para incautar y asegurar todos los discos compactos, donde están grabadas las intervenciones telefónicas, y toda la documentación detallada en la denuncia", explicó el Poder Judicial en su página de internet.
Además, Lijo le pidió a su colega Rodolfo Canicoba Corral -quien la semana pasada descalificó la presentación de Nisman e incluso deslizó que pudo haberse extralimitado en sus funciones- que le enviara "todos los antecedentes y documentación" relacionados con las intervenciones telefónicas que cimentaron la denuncia de Nisman.