Después de tres meses de protestas que han sumido a la ciudad de Hong Kong en la crisis más grave de la década, la jefa del Gobierno, Carrie Lam, anunció este miércoles la retirada definitiva del polémico proyecto de ley que detonó las marchas, aunque no cedió a las otras demandas de los manifestantes.
"El Gobierno retirará formalmente el proyecto de ley para tranquilizar completamente las preocupaciones públicas", afirmó la jefa del Ejecutivo en una declaración televisada grabada previamente.
Así, el responsable de Seguridad de su gobierno "presentará una iniciativa en este sentido, cuando el Parlamento retome sus trabajos", una decisión que busca relajar la tensión, cada vez más frecuente en las marchas.
La retirada definitiva de esta ley era una de las cinco exigencias de los manifestantes para cesar las protestas que llevan más de tres meses sacudiendo la urbe y que han acabado en ocasiones con escenas violentas.
El resto de peticiones son el establecimiento de una comisión independiente que investigue la supuesta brutalidad policial, la retirada de cargos contra los detenidos por las protestas, la retirada del calificativo de "revuelta" sobre las manifestaciones y la aplicación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo local.
Ninguno de estos otros asuntos ha sido aceptado por la líder hongkonesa. "Reconozco que estas medidas pueden no ser capaces de abordar todas las quejas de las personas en la sociedad. Sin embargo, ¿deberíamos pensar profundamente si la escalada de violencia y disturbios es la respuesta? O si es mejor sentarse para encontrar una salida a través del diálogo".
Lam reconoció que tras las protestas ha quedado claro que "el descontento se extiende mucho más allá del proyecto de ley" y "cubre cuestiones políticas, económicas y sociales".
Por ello, anunció la creación de un comité independiente que revise "los problemas más arraigados de la sociedad" y asesore al Gobierno sobre la búsqueda de soluciones.
La declaración fue publicada después de que Lam se reuniera con un grupo de legisladores pro Pekín y delegados de Hong Kong ante el congreso de China y ante el órgano consultivo político legislativo del país en su residencia oficial el miércoles por la tarde.
La líder del Gobierno ya había anunciado el 15 de junio la "suspensión del proyecto de ley" y su "muerte", y "fracaso total" unas semanas después, pero esta es la primera vez que explica cómo va a tener lugar la retirada de esta ley que habría permitido que los fugitivos de Hong Kong fueran extraditados a China continental para afrontar juicios en tribunales controlados por el Partido Comunista Chino.
Ya que los medios locales filtraron el anuncio de Lam horas antes de producirse, antes del vídeo comenzaron a llegar las primeras reacciones, que no apuntan hacia el fin de la crisis ya que los manifestantes insisten en que deben cumplirse las cinco peticiones. "Cinco demandas, ni una menos", ha sido uno de los principales lemas coreados en las marchas.
El coordinador del Frente de Derechos Humanos Civiles, Jimmy Sham, apuntó que las medidas de Lam son como echar "un cuenco de agua" en un gran incendio en el Amazonas.
"Cuando acaba de estallar un incendio, un tazón de agua puede apagarlo. Pero esto (las protestas) es una conflagración en la Amazonía. Un tazón de agua no puede apagar el fuego sino que puede alimentarlo", comparó el coordinador de esta organización que ha estado detrás de tres manifestaciones masivas que atrajeron a más de un millón de personas.
Por su parte, el veterano comentarista Simon Lau Sai-leung de radio Sing Jai apuntó que la reacción de Lam podría ser el preludio de una mayor represión contra los manifestantes.
"Se dice que (el proyecto de ley) será retirado. Esa no es una respuesta a (las demandas de) los manifestantes, sino un movimiento pasivo-agresivo. A primera vista, es un paso atrás. Si las luchas callejeras continúan, se invocaría la ley estatal de emergencia. Las manifestaciones y el uso de máscaras se prohibirían primero y se intensificarían (los esfuerzos de represión)", aseguró.
Lau se refería a la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia, una ley draconiana que recientemente se ha convertido en motivo de preocupación en Hong Kong.
Utilizada por última vez en 1967 durante los disturbios izquierdistas en Hong Kong, la ordenanza podría otorgar al presidente ejecutivo amplios poderes, que incluyen autorizar arrestos y castigos, censurar a la prensa y confiscar propiedades, así como cambiar leyes y promulgar otras nuevas.
Un periódico en idioma chino en Hong Kong publicó un informe la semana pasada que citaba a fuentes del Ejecutivo diciendo que el gobierno de Hong Kong consideraba que la ordenanza era una forma de sofocar las protestas. Lam ha manifestado que su administración está "mirando otras leyes y ver si son aplicables o no".
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