Congreso de Perú entregaría control de pensiones al Gobierno y crearía una entidad para hacerse cargo de las funciones de las AFP

Legisladores del comité de reforma de las pensiones votaron 6-2 a favor de la legislación que busca reemplazar los planes de pensiones públicos y privados existentes por un sistema integrado administrado por el Gobierno. El proyecto de ley se enviará al pleno del Congreso para una votación final, en una fecha que no ha sido determinada.

Las propuestas han alarmado a los administradores de fondos privados del país, conocidos como AFP, quienes dicen que los US$45.000 millones que administran quedarán vulnerables a la interferencia estatal, e incluso a la incautación. Giovanna Priale, quien encabeza un grupo que representa a la industria, dijo que el plan equivale a una "nacionalización" de los ahorros. "Las AFP tenemos que seguir mejorando, con comisiones basadas en el desempeño, mayor rentabilidad y mayor competencia, pero definitivamente no debería suponer, en ningún caso, destruir lo que ya existe para construir desde cero", indicó.

Esta sería la mayor reforma desde que se creó el actual sistema de pensiones en 1993, cuando el fondo de pensiones nacional en quiebra fue reemplazado por un fondo de reparto administrado por el Gobierno y el sistema de cuentas individuales de AFP.

Otros críticos, entre los que se incluyen a varios exministros de Finanzas, dicen que no es el momento para una reforma tan grande y compleja dada la agitación política que se ha apoderado de Perú en los últimos 18 meses. El país tiene un Gobierno interino y un Congreso de transición después de que el expresidente Martín Vizcarra, disolvió el organismo en 2019 y meses más tarde fue destituido. El actual presidente, Francisco Sagasti, encabeza un Gobierno interino. Las próximas elecciones presidenciales son en abril de 2021.

Preocupa fuga

A los administradores de fondos les preocupa que sean los legisladores y no los tecnócratas los que dirijan la reforma, dado el desprecio de parte del Congreso por los consejos de especialistas durante la pandemia. El año pasado, el Congreso permitió a los trabajadores y jubilados sacar miles de millones de dólares de los ahorros de pensiones privados, a pesar de la oposición del Gobierno y los reguladores. También aprobó otros proyectos de ley que luego se declararon inconstitucionales.

Según el proyecto de ley de reforma de las pensiones, un nuevo organismo gubernamental se haría cargo de las funciones administrativas de las AFP, dejándolas estrictamente como administradoras de fondos. En un esfuerzo por reducir las tarifas, se invitaría a otras compañías de administración de fondos, locales e internacionales, a licitar por los derechos para administrar el dinero.

Diego Macera, titular del Instituto Peruano de Economía, dijo que la creación de una nueva entidad estatal de pensiones sería un retroceso. "Esta reforma otorgaría quizá demasiado poder a un ente que podría ser vulnerable a la captura política o extremadamente ineficiente".

Los cambios también transferirían una parte de los ahorros de los trabajadores a un fondo compartido administrado por el Gobierno que financiaría una pensión básica para los que ganan menos. La asociación de AFP dijo el martes en un comunicado que eso equivaldría a un impuesto indirecto sobre la nómina de los que ganan más y "es un castigo para los que ahorran para su vejez". El 8 de enero, el ministro de Finanzas, Waldo Mendoza, le dijo al comité que no veía esa propuesta como viable. El Ministerio de Finanzas no respondió a una solicitud de comentarios sobre el proyecto de ley.

La legislación también obligaría a los empleadores a contribuir a las pensiones de los empleados, con la tasa que, en su momento, determine el Gobierno.

Si bien los Gobiernos recientes han hecho anteriormente algunos ajustes al sistema de pensiones, no hubo suficiente apoyo de parte del Congreso para una reforma total. El caos económico y social causado por el Covid-19 cambió eso y expuso la débil red de seguridad y el precario mercado laboral del país sudamericano, de acuerdo con Carmen Omonte, quien encabeza la comisión del Congreso que redactó el proyecto de ley.

La reforma busca solucionar los numerosos problemas del actual sistema de pensiones. Los trabajadores no registrados superan 70% de la fuerza laboral, por lo que solo una minoría de ellos ahorra para su jubilación. El fondo de pensiones de reparto del Gobierno no puede sostenerse por sí mismo y depende en parte de las transferencias del Tesoro para pagar a los jubilados. Un déficit en los ingresos significa que no pagará un centavo a los trabajadores que hayan hecho menos de 20 años de contribuciones al momento que se jubilen. Mientras tanto, los clientes de fondos privados no tienen derecho a una pensión mínima y las comisiones de gestión son elevadas.