Gobierno argentino y gremios endurecen sus posiciones contra Latam por salarios y despidos

Sin avances culminó ayer la primera audiencia, de forma virtual, entre Latam Airlines Argentina y los gremios aeronáuticos del país ante el Ministerio del Trabajo. Esto, ya que en la sesión sólo hubo un endurecimiento de las posturas.

Desde el lado del Ejecutivo, la cartera de Carlos Moroni exhortó a la compañía a pagar los sueldos que adeuda hasta ahora, pero no alcanzó a definir si permite o no la apertura del llamado Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que solicitó la aerolínea el 17 de junio para cesar operaciones.

Este mecanismo permite a la aerolínea disolver la relación laboral con sus empleados pagando el 50% de las indemnizaciones, por tratarse de motivos de fuerza mayor.

Rosario Altgelt, CEO de Latam Argentina.

Los gremios reiteraron su llamado a que la firma cumpla con la ley trasandina, recordando que están vigentes los decretos que prohíben los despidos en tiempos de pandemia y que, en caso de que estos ocurran, rige la doble indemnización.

Sin embargo, Latam recordó en la cita que no se trata de despidos regulares, sino del cierre de la filial en la nación por causas ajenas a la firma. Esto lo había expuesto ante la autoridad laboral en su solicitud del PPC, aludiendo a efectos del impacto del Covid-19 en la industria. La línea áerea reiteró que la operación no es sustentable y que el procedimiento al que apela es la vía legal que corresponde para avanzar con la disolución de los vínculos laborales actuales.

Una nueva audiencia aún ha sido fijada para poner fin al conflicto, pero fuentes del sector estiman que podría haber novedades la próxima semana.

Posición de Latam

Para la filial de la aerolínea chilena, la decisión de cesar operaciones fue forzada por el escenario actual y es irreversible. Aún así, aseguran que el recurso utilizado permitirá responder a los 1.715 trabajadores y a los miles de pasajeros, incluyendo los que ya habían comprado boletos.

En el caso de los primeros, la firma está ofreciendo pagar el 50% de las indemnizaciones, para evitar repetir otros casos de compañías que han abandonado el país sin dar respuestas.

Esa oferta se basa en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que estipula que, en caso de fuerza mayor, el empleado tendrá derecho a percibir la mitad de la indemnización. Es decir, ambos mecanismos convergen en una misma salida.

Además, Latam reabrió la propuesta de retiros voluntarios, para "buscar una solución consensuada y pacífica en la mayor cantidad de casos posible".

Eso sí, mientras el ministerio del Trabajo decide si dar o no curso al PPC, la compañía sigue su proceso de salida que "involucra la devolución de inmuebles arrendados y otras medidas que deberán ir siendo oportunamente adoptadas".

Antes de la pandemia, Latam Airlines Argentina aportaba el 0,6% del PIB del país, equivalente a US$ 2,7 mil millones anuales y sostenía 107 mil empleos directos e indirectos. En detalle, sus operaciones contribuían a los ingresos laborales del territorio trasandino un promedio de US$ 1,1 mil millones, generando un total de ingresos fiscales de US$ 600 millones.

Si la aerolínea ligada a la familia Cueto decide reanudar sus operaciones domésticas, deberá volver a solicitar un permiso aeronáutico en Argentina.

Gremios preocupados

A pesar de que el ministerio no ha decidido si dar curso al procedimiento solicitado por Latam, los gremios insisten en denunciar lo que consideran son "injusticias" en materia laboral.

Desde las redes sindicales de la Federación Internacional del Transporte explicaron a DF que la empresa ha pagado un 50% de los sueldos hasta ahora y que le corresponde pagar la doble indemnización.

"Estamos muy preocupados porque la empresa está totalmente intransigente en su posición, no quiere negociar, ni ha asegurado que cumplirá con sus obligaciones", dijeron.

¿Qué es el Procedimiento Preventivo de Crisis que
argumenta la aerolínea para responder a empleados?

Latam Airlines Argentina respalda su salida del país con la solicitud de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC); una herramienta dictada por el gobierno de Raúl Alfonsín a fines de la década de los '80, que está contemplada en la Ley de Empleo y permite a las empresas suspender o despedir personal cuando exista una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas ajenas al empleador.
Expertos aseguran que es la forma más ordenada de poner fin a la relación laboral, atendiendo las obligaciones con todos los empleados afectados. Se inicia cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 personas; a más del 10% en aquellas con hasta 1.000 empleados; y a más del 5% en las que superen esa cantidad. En el caso de Latam, afecta a 1.715 personas.
Y es que, como constan en el documento de 80 páginas presentado el 17 de junio al Ministerio del Trabajo, para la firma la operación es "completamente inviable en virtud de las consecuencias generadas en la industria aérea (...) por el Covid-19".
El PPC contempla un proceso de negociación entre sindicatos, la empresa y el Estado, para llegar a un acuerdo sobre cómo aplicar las suspensiones o despidos. En este particular, si se da luz verde al proceso, Latam Argentina podrá pagar, como solicitó, el 50% de la indemnización por el cese de operaciones.
El promedio de firmas argentinas que han acudido al PPC es de unas 60 por año, desde 2005. Sin embargo, en 2018 se rompió récord con 108 compañías y, en 2019, fueron más de 100. Entre ellas, Coca-Cola, Grimoldi y Via Uno.