Por J. P. Rathbone y A. Thomson
En la notable subida de los precios de los commodities en la última década, hay dos excepciones notables: heroína y cocaína. Ambos productos han desafiado la inflación de un modo que sólo los microprocesadores computacionales pueden igualar: en términos reales, los narcóticos son más baratos que hace 20 años.
Esta es sólo una ilustración del fracaso global en restringir la oferta de drogas ilegales. La lucha ha costado miles de millones de dólares y miles de vidas, pero el comercio (y sus efectos sobre quienes consumen los productos) florece. La producción ha aumentado, y el consumo global con ella. De las 272 millones de personas que se estima usan drogas ilegales en el mundo, unos 250 mil consumidores mueren cada año.
Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado del mundo para las drogas, y Europa lo está alcanzando con rapidez. Cada vez se acepta más que la política de prohibición conocida como la guerra contra las drogas lanzada hace 40 años por el presidente estadounidense Richard Nixon “ha fracasado”.
Esto inquieta a Washington y otras capitales, pero en América Latina, el mayor centro de producción y comercio, las consecuencias de este fracaso crecen en modos que difícilmente se reconocen en otras partes.
Unas 40.000 personas han muerto en México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó un asalto contra el crimen organizado hace cuatro años y medio. En América Central los niveles de violencia, según algunas estimaciones, son peores que en Afganistán o Irak.
Pocos sugieren que la región esté por convertirse en una colección de narcoestados donde los carteles usurpen el gobierno. La mayoría de las economías de un continente alguna vez asociado con incumplimientos soberanos e hiperinflación está floreciendo. Con las economías desarrolladas atrapadas por el alto endeudamiento y una expansión lenta, América Latina se ha convertido en un motor para la economía mundial más conocida por sus economías boyantes que por el comercio de cocaína.
Al menos los días en que EEUU “certificaba” a los países sobre la base de su capacidad para limitar la producción de drogas se han ido. La marihuana es ahora el mayor cultivo en California, con ventas estimadas de US$ 14 mil millones al año. La mayoría de los 10.000 laboratorios ilegales de metanfetamina allanados en 2009 estaban en EEUU.
Pero occidente sigue imponiendo presiones considerables sobre la región. Los latinoamericanos tienen razones propias para fortalecer el imperio de la ley. Los beneficios económicos y políticos serían enormes. El Banco Mundial estima que crimen y violencia le cuestan a América Central 8% de su producto interno bruto.
Nueva mirada
Muchos en la región son escépticos de la aproximación tradicional, que se enfoca en la criminalización y represión pero exhibe pocos logros. De hecho, el consumo local de drogas está creciendo. El uso de cocaína en América Latina es casi igual a los niveles europeos, aunque aún la mitad de la tasa estadounidense.
Para empezar, la intensidad de la violencia que ensombrece el comercio e intenta limitarlo es grotesca: decapitaciones, desmembramientos y matanzas de inocentes. Segundo, la lucha contra los traficantes presenta exigencias a países que carecen de los recursos que el mundo desarrollado da por sentados. El continente sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo.
Tercero, exige a las instituciones de cumplimiento de la ley más allá de su capacidad. Muchas instituciones en países ricos tendrían problemas para combatir una industria transnacional sofisticada e implacable que, según estimaciones de la ONU, genera utilidades por US$ 85 mil millones sólo por la cocaína - 8,5 veces las ganancias antes de impuestos de Coca-Cola el año pasado.
En el mundo, gana terreno la idea de que las políticas prohibicionistas del último siglo no han funcionado, y que mientras las drogas que las personas quieren consumir sean ilegales y provistas por emprendedores criminales, es improbable que funcionen.
Incluso la presencia de 100 mil de los soldados mejor entrenados con las armas más sofisticadas ha hecho poco por detener el flujo de opiáceos de Afganistán, que representa dos tercios de la producción global de heroína.
En América Latina, hasta ahora la única historia de éxito es Colombia, y sólo cuando se juzga por la caída en las tasas de homicidios más que la exportación de drogas ilegales. Y el éxito de Bogotá se apoya en condiciones irrepetibles en otros lugares.
Más y más personas, no sólo libertarios y hippies, están pidiendo una revisión radical de las políticas contra las drogas. EEUU, por ejemplo, pudo ignorar los peores efectos de su problema por años. En la práctica, la idea era que, mientras no cayeran bombas ni volaran balas en Washington, Nueva York o Los Ángeles, la violencia no importaba. Pero en un mundo más globalizado, y con balas silbando en el vecino México, Washington se encuentra cada vez más incómodo, y mirando la posibilidad de que la violencia cruce la frontera.
Las acciones que debe tomar no están claras. Dado el estado de las finanzas públicas en EEUU, es improbable que destine más dinero. Las campañas de prevención contra el uso de drogas tampoco muestran grandes éxitos. El debate por la legalización se ve afectado por temores legítimos a mayores tasas de adicción.
Una alternativa prometedora, y barata, es frenar el flujo de armas al sur desde EEUU. El presidente colombiano Juan Manuel Santos reclamó hace poco el hecho de que armas de mano desarmadas pueden enviarse por Federal Express a su país, donde vuelven a ensamblarse. En México, hasta 70% de las armas confiscadas vienen de EEUU. Pero el debate no despega porque muchos estadounidenses defienden su derecho constitucional a portar armas. Algunos en la región creen que mientras dan pasos para lidiar con el problema, occidente parece menos dispuesto a hacer sacrificios. Muchos creen que además, occidente ha fracasado en abordar el lavado de dinero. Carlos Slim, el magnate mexicanos de las telecomunicaciones y hombre más rico del mundo, ha comentado que “es injusto que los países productores de drogas tengan todos los problemas y las naciones consumidoras todas las utilidades”.
No hay solución mágica para el problema. Pero muchos en la región sienten que mientras más tarden los grandes países consumidores en tomar un rol en la reducción de la extrema violencia asociada con los intentos por limitar el deseo de sus ciudadanos de tomar drogas ilícitas, más evidente se hará que tienen sangre en sus manos.
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