Por Hugh Carnegy en París
El nuevo gobierno socialista de Francia se reunió ayer con los sindicatos y empleadores por primera vez, enfrentando la tarea desalentadora de reconciliar las promesas de campaña sobre trabajos, salarios y pensiones con un oscuro pronóstico sobre crecimiento, desempleo y finanzas públicas.
El sombrío trasfondo fue resaltado cuando el comunista CGT, el mayor sindicato, le mandó al primer ministro, Jean-Marc Ayrault, una lista de lo que aseguraba eran 45 mil despidos planeadas por 46 empresas, en un momento en que el desempleo ya está cerca de 10% de la fuerza laboral.
El CGT, que respaldó a François Hollande en la elección presidencial de este mes, está demandando una legislación para endurecer las ya estrictas reglas nacionales sobre despedir trabajadores y un gran aumento del sueldo mínimo.
Mientras tanto, Laurence Parisot, jefe de Medef, la federación de empleados, advirtió contra incrementar el salario mínimo y dijo que la prioridad en combatir los despidos era "evitar cualquier medida económica y social que inhabilite despidos".
La serie de reuniones separadas de ayer presidida por Ayrault, fueron el inicio del proceso que Hollande pretende sea el núcleo de cómo abordar el débil crecimiento francés, la competitividad industrial que disminuye y la fuerte carga de deuda.
Guillaume Menuet, economista de Citigroup Global Markets, dijo: "Es bastante constructive, el diálogo social ha sido muy limitado en los últimos años".
Pero la nueva administración está partiendo de una posición donde ha sido más explícita sobre las promesas de gastos e impuestos que sobre qué tan lejos está dispuesta a llegar en reformas que los empleadores y economistas dicen que son urgentemente necesarios para hacer al mercado laboral galo más flexible y para impulsar el empleo.