Por Camila Hodgson
Cinco grupos energéticos están demandando a cuatro gobiernos europeos por casi 4.000 millones de euros (US$ 4.533 millones) por bloquear proyectos de carbón, petróleo y gas a medida que aumenta la preocupación por el cambio climático, utilizando un proceso secreto basado en un tratado internacional de energía.
Empresas de exploración y energía, incluidas la alemana RWE, y las británicas Uniper y Rockhopper, han presentado casos contra Holanda, Italia, Polonia y Eslovenia en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT, su sigla en inglés).
Los casos activos giran en torno a las decisiones de los gobiernos pertinentes de ordenar el cierre de centrales eléctricas de carbón, impedir el desarrollo de proyectos específicos o exigir una evaluación de impacto ambiental.
RWE dijo que respaldaba "la importancia de la transición energética", pero "no considera correcto" que la eliminación del carbón holandés "no prevea una compensación por la interrupción de la propiedad de la empresa".
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Uniper dijo que su "primera preocupación" era "obtener claridad legal" sobre tener que cerrar su planta de energía de carbón antes de tiempo sin una compensación adecuada. Rockhopper se negó a comentar.
El ECT, elaborado después de la guerra fría y firmado por más de 50 países, tenía por objeto proteger las inversiones energéticas internacionales de empresas o personas extranjeras. Esta protección se extiende a los proyectos de combustibles fósiles y los expertos en cambio climático dicen que desalienta a los gobiernos a formular políticas para acabar con las industrias detrás del calentamiento global debido al riesgo de acciones legales.
Las distintas empresas buscan una indemnización estimada en 3.700 millones de euros en los cinco casos, según documentos revisados por el Financial Times. Un sexto caso, por una suma desconocida, fue presentado contra Rumania por Petrochemical Holding, con sede en Austria, por un contrato de desarrollo petrolero.
El asesor legal de Petrochemical Holding, Andrew Savage, socio del bufete de abogados global McDermott Will & Emery, advirtió sobre el "deseo declarado de Rumania de alejarse de los combustibles fósiles (...) puede dar lugar a nuevas reclamaciones".
Efecto paralizador
Los expertos en clima hicieron sonar la alarma de que el tratado se convertiría en un obstáculo para frenar los proyectos que conducen al calentamiento global en una carta abierta hace más de dos años.
Dmitri Evseev, socio del bufete de abogados Arnold & Porter, estuvo de acuerdo en que la acción legal "puede tener un efecto paralizador, sin duda, en todo tipo de cambio de política".
El Ministerio de Finanzas alemán advirtió a la oficina de la canciller en 2019 que el uso de la regulación para eliminar el carbón crearía un "mayor riesgo de litigio, especialmente litigio internacional basado en el ECT", según un correo electrónico visto por FT.
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Cuando se preguntó el año pasado al ministro holandés y al secretario de Estado de Asuntos Económicos y Clima sobre acelerar el desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón y gas, dijeron que "una mayor intervención en el sector del carbón implica importantes riesgos legales en el contexto de las reclamaciones pendientes".
Uno de los abogados que representan a Italia en el caso presentado por Rockhopper —tras la negativa del Estado a permitir el desarrollo del yacimiento petrolífero Ombrina Mare en el mar Adriático— dijo que una derrota sería "extremadamente grave", ya que daría a otras empresas "el deseo emular a Rockhopper".
Los casos activos se suman a los crecientes litigios climáticos globales que involucran tanto al sector público como al privado. Pero los casos de ECT a menudo están envueltos en secreto, y los documentos rara vez se hacen públicos. El sitio web de la secretaría señala que "algunos laudos (e incluso la existencia de algunos procedimientos) siguen siendo confidenciales".
El costo de presentar o defender un caso relacionado con el tratado puede ascender a millones, con algunas quejas financiadas por fondos especializados en litigios a cambio de una parte de los daños y perjuicios. La compensación buscada por los inversionistas puede incluir pérdidas de ganancias futuras estimadas.
Un informe de 2021 del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible encontró que "la mayoría de los casos conocidos de combustibles fósiles (disputas entre inversionistas y Estados) se deciden a favor de los inversionistas".
Se están llevando a cabo conversaciones para "modernizar" el tratado. La Comisión Europea ha presentado una propuesta que eliminaría gradualmente las protecciones para las inversiones en combustibles fósiles, que hasta ahora ha sido rechazada por otros países signatarios.
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