John Thornhill
Hace unas semanas, Chile se convirtió en el primer país del mundo en consagrar los neuroderechos en su constitución y ahora está ultimando una legislación para regular las tecnologías que registran o alteran la actividad cerebral. Probablemente muchos otros países seguirán su ejemplo.
Existe un creciente debate entre los investigadores, reguladores, abogados y filósofos sobre hasta qué punto es permisible inmiscuirse en el cerebro de las personas y aumentar las capacidades humanas. Es vital que las declaraciones de buenas intensiones vayan seguidas de acciones significativas.
Hasta la fecha, la mayoría de los usos de la neurotecnología han sido benignos (hasta donde sabemos) y están cubiertos en gran medida por las regulaciones médicas. La sola idea de implantar electrodos en el cerebro puede parecer aterradora. Pero estos dispositivos de interfaz cerebro-computadora han ayudado a atenuar los peores efectos de la enfermedad de Parkinson y mejorar la audición de muchos cientos de miles de personas. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea están financiando grandes iniciativas en esta área para estimular aún más la investigación médica y la innovación.
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Fines siniestros
Sin embargo, no son solo los adictos a la ciencia ficción distópica los que pueden imaginar cómo esta tecnología podría servir para fines más siniestros. Eso es lo que pretende evitar la legislación chilena. Guido Girardi, el senador que patrocinó la agenda de los neuroderechos, ha argumentado que los dispositivos de escaneo cerebral pronto podrían leer y alterar las emociones y mentes de las personas, afectando su "libertad, pensamiento y libre albedrío". Esto se ha convertido en una cuestión de derechos humanos fundamentales, que deben protegerse, cree.
Vale la pena tomar en serio estas preocupaciones dada la velocidad a la que avanza la tecnología y la cantidad de dinero que ingresa al sector. Se han invertido más de US$ 33.200 millones en unas 1.200 empresas de neurotecnología durante la última década, según NeuroTech Analytic. Aunque gran parte de este dinero se ha destinado a empresas médicas, parte ha financiado a fabricantes de dispositivos de escaneo cerebral no invasivos, incluidos cascos y anteojos portátiles, que están diseñados para usos más comerciales y casi en su totalidad no están regulados.
El puntapié inaugural de la Copa del Mundo de 2014 en Brasil fue dado por Juliano Pinto, un hombre parapléjico usando un exoesqueleto robótico controlado mentalmente. Desde entonces, los investigadores han utilizado electrodos implantados en el cerebro de ratones para generar recuerdos falsos y manipular sus acciones. "Lo que se puede hacer hoy con los ratones, mañana se puede hacer con los humanos", escribió Rafael Yuste, uno de los principales neurocientíficos del mundo.
El profesor Yuste preside la Fundación NeuroRights, basada en Nueva York, que ha estado asesorando a legisladores chilenos y está presionando a la ONU para que adopte una definición universal de neuroderechos. La fundación argumenta que estos derechos deben incluir cinco principios fundamentales: no interferencia con la privacidad mental, identidad personal y libre albedrío, acceso justo al potenciamiento mental y protección contra prejuicios. También está redactando un juramento tecnocrático, que proporciona un marco ético para emprendedores, investigadores e inversionistas que desarrollan neurotecnologías. La OCDE ya ha publicado nueve principios para la innovación responsable en el campo.
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¿Por qué regular?
Algunos abogados se han preguntado si tiene sentido adoptar una legislación específica para defender los neuroderechos, como lo están haciendo en Chile. En muchos países, la legislación ya salvaguarda la privacidad y la integridad de todo el cuerpo, lo que hace que los neuro-derechos separados sean superfluos.
Además, la ley solo refleja una "ética mínima" cuando se requieren estándares más altos, dice Françoise Baylis, profesora investigadora de la Universidad de Dalhousie, que ha escrito sobre el tema. Al definir la identidad personal de forma demasiado estrecha y centrarse tanto en los derechos humanos, teme que podamos absolver a quienes desarrollan dicha tecnología de sus responsabilidades más amplias. "El mejor enfoque sería adoptar normas en lugar de leyes", dice. El afán de lucro no puede ser el motor principal del uso de la tecnología.
Como en tantas otras áreas de la tecnología de rápido desarrollo, la ética debe integrarse en el diseño inicial de un dispositivo en lugar de agregarse más tarde como una ocurrencia tardía. Puede haber poca contabilidad para los gobiernos autoritarios, que sin duda utilizarán la neurotecnología con fines militares, de vigilancia e interrogatorios. Pero siempre que sea posible, la industria debe asumir la responsabilidad de cómo se utilizan sus productos y evitar que se abuse de ellos.
Al igual que las firmas de redes sociales que ahora se enfrentan a un ajuste de cuentas público después de no anticipar cómo sus plataformas podrían inflamar un debate tóxico, la industria de la neurotecnología sufrirá un terrible techlash (reacción en contra del exceso digital) si no cumple con su deber.
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