Dos empleados de la empresa de ferrocarrilles alemana, Deutsche Banh acusaron que altos ejecutivos de la firma estatal malversaron fondos como parte de una extensa trama de corrupción en uno de los mayores proyectos de infraestructura de Europa.
Mientras transcurría una investigación sobre las acusaciones, uno de los empleados fue despedido y, temiendo represalias, el segundo rompió el contacto abruptamente con el personal de compliance.
Las acusaciones y su desenlace -que una investigación del Financial Times expuso a través de documentos y entrevistas con personas cercanas al caso- se suman a la controversia sobre el proyecto de infraestructura más caro y contencioso de Alemania; la nueva estación de tren subterránea en Stuttgart.
El complejo esquema -conocido como Stuttgart 21- está financiado por el gobierno alemán, la Unión Europea, el estado de Baden-Wüttemberg y la ciudad de Stuttgart. Ha sido supervisado desde 2017 por el exjefe de gabinete de Angela Merkel Ronald Pofalla, quien hoy es un ejecutivo de Deutsche Bahn.
Un historial de faltas
Stuttgart 21 se ha vuelto polémico por retrasos y gastos extrapresupuestarios, posicionándolo en una infame lista junto al aeropuerto de Berlín y al Salón Filarmónico del Elba en Hamburgo.
El costo inicial de 2.500 millones de euros se ha elevado 8.200 millones. En 2016, el Bundesrechnungshof, el contralor de mayor rango a nivel nacional, advirtió que los costos podrían subir hasta los 10.000 millones de euros y reprendió al gobierno de Merkel por "serios defectos" en su supervisión.
Financial Times reveló hoy que en 2016 el departamento de compliance de Deutsche Bahn recibió reiteradas advertencias internas, diciendo que una parte significativa de los sobrecostos provenía de notorias malversaciones y presunta corrupción.
Un denunciante anónimo estimó que las supuestas faltas resultaron en 600 millones en costos innecesarios para Deutsche Bahn. Ambos informantes afirmaron que algunos altos directivos habían comisionado trabajos superfluos y sospecharon que podrían haber recibido sobornos.
"¡La auditoría grupal necesita actuar rápida y decisivamente! El equipo de compliance necesita evaluar quién está obteniendo ganancias personales por este comportamiento", advirtió un informante en julio de 2016 en una nota revisada por FT.
Deutsche Bahn es un gigante estatal con ingresos anuales de 40.000 millones de euros que también posee al operador de buses Arriva, con sede en Reino Unido. El grupo alemán no registrado en bolsa es persistentemente asediado en su país por servicios deficientes, atrasos frecuentes y trenes cancelados. En 2020, reportó una pérdida neta de 5.700 millones de euros y una deuda neta de 37.000 millones.
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Las primeras sospechas
Los dos denunciantes anónimos eran ingenieros que trabajaban en el proyecto. Uno era un subjefe altamente experimentado y especialista en asignación de costos que se unió a Deutsche Banh en 1997. El otro, que fue despedido durante la investigación, se unió en 2013.
Un ejemplo de trabajos innecesarios citado en la denuncia es una subestación eléctrica que no formaba parte del plan maestro original. Uno de los ingenieros fue presionado por sus superiores para cerrar un contrato de 2,5 millones de euros por la construcción, incluso tomando en cuenta que había una alternativa disponible por solo 30.000 euros. En esta ocasión, el ingeniero se mantuvo firme y se desechó la opción más cara, según una fuente cercana.
Los informantes alegaron que ciertos ejecutivos de alto rango en Deutsche Bahn ignoraron sus obligaciones legales de recuperación de costos, las que otros socios sí debieron cumplir tal como dicta la ley. Por ejemplo, la reubicación de una estación adyacente, cuyos gastos asociados típicamente habrían sido compartidos con el ayuntamiento local. Los informantes sospecharon que su conducta era un intento de prevenir que los socios colaboradores detectasen gastos innecesarios.
Al principio, los dos empleados expresaron sus preocupaciones a nivel interno. Cuando sus superiores las desestimaron, a pesar de lo que ambos consideraban una prueba de licitaciones innecesarias e infracciones de leyes de asignación de costos, empezaron a sospechar que los administradores podrían estar deliberadamente ignorando las malas prácticas.
Dos años antes salió a la luz un esquema fraudulento ligado a la renovación de la estación de Leipzig, luego de que la empresa a la que se le pidió el soborno reportó la petición al Deutsche Bahn. Un administrador corrupto, apodado internamente "Sr. Tres por Ciento", ya que insistía en coimas de 3% de las facturas, terminó en prisión.
Deutsche Bahn dijo que que una investigación interna en la denuncia de los informantes de Stuttgart se inició a principios de 2016 y se cerró después de más de un año sin hallar algo impropio.
"Todas las supuestas irregularidades fueron investigadas por la unidad de investigaciones internas y evaluadas por el personal de seguridad y no resultaron ser ciertas", dijo la compañía. Esta declinó revelar detalles acerca del alcance y los métodos de la investigación, únicamente diciendo que fue conducida "en línea con estándares internos y legales".
600 millones de euros
El especialista en asignación de costos resumió sus preocupaciones en una nota de cuatro páginas con fecha 11 de julio de 2016, día en que se reunieron los dos informantes y el equipo de compliance en Stuttgart. El memorándom consignó que la "conducta ilegal e impropia", incluyendo "garantías ilegales, arreglos opacos [y] caos organizacional" significaron que la compañía "perdió innecesariamente 600 millones de euros".
De acuerdo con personas cercanas al tema, la estimación fue el resultado de un cálculo detallado hecho por el experto en asignación de costos, basado en una lista maestra interna de todas las obras de construcción que afectan a otras entidades públicas, y los pagos que el Deutsche Bahn legalmente puede cobrarles pero que al final no hizo.
Las notas del denunciante anónimo también afirman que su autor se sintió hostigado en reiteradas ocasiones y fue tratado a gritos por sus superiores, quienes demandaban aprobar retrospectivamente las decisiones impropias.
No está claro qué tanto llegaron a difundirse estos registros dentro de Deutsche Bahn. Tres fuentes cercanas confirmaron su autenticidad, dos de ellas añadiendo que el personal de compliance recibió explicaciones en detalle de parte del autor.
La ferroviaria dijo a FT que no poseía tal documento y tampoco respondió si estaba consciente de los 600 millones de euros estimados por el informante. El autor del memorándum tomó "un rol más bien pasivo" en la reunión de julio, afirmó la entidad, agregando que esta persona "no se había contactado con el personal de compliance antes de julio del 2016".
Otras personas familiarizadas con el caso dijeron que ambos denunciantes habían estado frecuentemente en contacto con compliance desde diciembre del 2015, y antes de julio habían agendado dos reuniones con dicho equipo y con investigadores internos, las que por varias razones no ocurrieron según lo planeado. Deutsche Bahn afirmó a FT que encontraba "incomprensible" esta descripción de los eventos, añadiendo que "la rechazamos de plano".
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Cuestionados despidos
Semanas después de un encuentro inicial con compliance en enero de 2016, uno de los empleados recibió una serie de advertencias escritas por supuestas faltas menores tales como archivar tardíamente certificados médicos. En diciembre de 2016 fue despedido.
En 2017, el informante hizo una demanda por despido injustificado que resultó exitosa. Luego de volver a trabajar un año después, fue nuevamente despedido por otras supuestas faltas. En la contienda legal que se desarrolló a continuación durante años, los jueces dictaron reiteradamente que el segundo despido era también ilegal. Sin embargo, un juez de Stuttgart defendió la petición de Deutsche Bahn de disolver el contrato, argumentando que la confianza mutua había sido destruida.
Deutsche Bahn dijo que sus actos hacia el empleado no tuvieron ninguna relación con la denuncia del informante, explicando que estas se referían a malas conductas asociadas al empleo. Una corte de Stuttgart defendió esta postura en julio.
Deutsche Bahn confirmó que el segundo denunciante cesó de tener contacto con el personal de compliance luego de la reunión de julio. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que temía por posibles represalias y creía que no había apetito de investigar a fondo las acusaciones. Deutsche Bahn rechazó comentar sobre las razones por las que habría cambiado de opinión, pero señaló que dicha persona aún trabaja en la empresa.
La compañía dijjo a FT que "proteger a los denunciantes anónimos que actúan de buena fe es de gran importancia", añadiendo que su sistema de gestión de compliance era "moderno, totalmente efectivo y cumple con las más altas expectativas".
En contraste, ambos empleados sospecharon que sus identidades fueron tempranamente reveladas por la alta dirección del proyecto contra su voluntad, según documentos. Deutsche Bahn negó firmemente haberlos expuesto internamente.
Ambos informantes, cuyas identidades son conocidas por FT, no quisieron comentar el tema.
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