Un par de derrotas judiciales consecutivas pueden llevar las ya precarias finanzas de Argentina al borde del abismo.
Los bonos en dólares del país trasandino se hundían este miércoles, luego de que tribunales en Estados Unidos y Reino Unido se pusieran del lado de los inversores en una serie de demandas, que exigen pagos por títulos ligados al PIB y la nacionalización de una empresa petrolera hace una década, mientras el Gobierno lanza otro plan para reforzar las golpeadas reservas del banco central.
Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited demandaron a Argentina en 2019, solicitando una millonaria indemnización al sentirse estafados por datos estadísticos falsos de Buenos Aires, luego de que la nación sudamericana cambiara el método para calcular el Producto Interno Bruto
A su vez, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, anunció un nuevo programa para incrementar las reservas de divisas que generan las exportaciones de soja al fijar un tipo de cambio especial de 300 pesos por dólar.
"Un miércoles de súper acción, con data dura para el mercado, porque lo de Londres es muy perjudicial para las finanzas de Argentina, cuando el Gobierno busca desesperadamente captar dólares de cualquier parte en línea al compromiso con el FMI", explicó un agente de la banca privada.
Esta semana el FMI redujo el objetivo de acumulación de reservas netas de Argentina para fines de este año a US$ 8 mil millones, desde los US$ 9.800 millones previos.
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Las demandas de Argentina
Las sentencias son solo el último obstáculo para la nación sudamericana, que lucha por controlar una inflación de 100%, mientras las reservas de divisas disminuyen, una sequía destruye las cosechas de exportación y se avecinan elecciones presidenciales en octubre.
Según Sebastián Maril, director gerente de la consultora bonaerense Latam Advisors, este es uno de esos casos en que la historia se repite. Los fondos de cobertura, entre ellos Palladian Partners, ganaron un fallo que ordena a Argentina a pagar unos 1.330 millones de euros (US$ 1.500 millones) más intereses que se calcularán a partir de diciembre de 2014.
Los dos casos son un indicio de que la larga historia de problemas judiciales de Argentina está lejos de terminar. En las dos últimas décadas, el Gobierno se ha visto obligado a pagar al menos US$ 17 mil millones en indemnizaciones a los inversores de empresas expropiadas y a los tenedores de bonos impagos, calcula Maril, y se pregunta lo que se podría haber hecho para financiar la educación, las carreteras o la red eléctrica desde 2000 con US$ 17 mil millones.
Los bonos argentinos ampliaron sus pérdidas el miércoles tras la última sentencia del Reino Unido, que responsabiliza a la nación de las pérdidas en los denominados “cupones PBI” después de que el país cambiara su método de cálculo del crecimiento.
A fines de este año se celebrará un tercer juicio en Estados Unidos por una disputa similar en torno a los bonos argentinos denominados en dólares, liderado por el fondo de cobertura Aurelius Capital Management.
La deuda de la nación que vence en 2029 cayó hasta 1,6 centavos, a unos 26 centavos por dólar, el nivel más bajo en una semana.
Esta profunda crisis pone en juego la situación de la Administración que asuma el poder cuando los argentinos acudan a las urnas en octubre. Ese Gobierno heredará tanto los posibles pagos legales como US$ 65 mil millones en bonos extranjeros que empiezan a vencer en 2025.
Los abogados que representan al Gobierno de Argentina dicen que solicitarán autorización para apelar el fallo del tribunal de Reino Unido sobre el caso de los cupones PBI en euros de la nación, según un comunicado enviado por correo electrónico por el bufete de abogados Sullivan & Cromwell.
Argentina “cree que el tribunal de Londres interpretó erróneamente los términos de los valores y tiene la intención de solicitar permiso para apelar”, dijo el copresidente de Sullivan & Cromwell, Robert Giuffra Jr.
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El nuevo tipo de cambio
Argentina volverá a implementar un tipo de cambio temporal para las exportaciones de soja en un elaborado intento de apuntalar las decrecientes reservas del banco central y aliviar el daño económico de una sequía histórica.
Del 8 de abril al 31 de mayo, los exportadores de soja podrán enviar su producto al exterior a 300 pesos el dólar, anunció el miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa. El Gobierno espera que la medida genere US$ 9 mil millones en exportaciones de soja y otros productos agrícolas. Es la tercera versión del tipo de cambio especial para la soja, pero la primera para otros productos.
“Hay más de 69 mil productores en la Argentina con pérdidas”, en algunos casos, irreparables, dijo Massa. La medida ayuda a “incentivar las exportaciones y fortalecer las reservas”.
La medida se suma a la compleja estrategia económica de Massa para amortiguar los efectos de una inminente recesión este año, ya que la peor sequía de la que se tenga registro ha hecho estragos en las exportaciones de cultivos argentinos, esenciales para el crecimiento del país. Los economistas prevén una contracción del 3% este año, con una inflación superior al 100% en el país sudamericano.
Una de las principales prioridades de esta política es reforzar las decrecientes reservas netas del Banco Central, que a finales de marzo ascendían a US$ 2.700 millones, según estimaciones de la consultora argentina FMyA. En Argentina, los exportadores deben vender al Banco Central los dólares que reciben por sus ventas al exterior a cambio de pesos.
En teoría, un tipo de cambio más alto incentivaría las exportaciones. Pero algunos economistas advierten que las compras de dólares de la soja obligarán al Banco Central a imprimir más pesos y ejercerán más presión sobre la inflación.
El tipo de cambio temporal de 300 por dólar es muy superior al actual tipo de cambio oficial de 211 por dólar, que el Gobierno controla mediante una telaraña de controles de divisas y otras políticas. Aun así, muy inferior al dólar paralelo de 409 pesos.
La prensa local bautizó la política como “dólar Malbec” o “dólar agro” porque los productores de vino, entre otros, se beneficiarán de una tasa mejor y Massa mencionó por primera vez la medida en un viñedo.
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