La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, pidió a la Justicia que investigue los posibles vínculos con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 de su vecina Ximena de Tezanos Pinto y de la periodista Delfina Wagner, quien este domingo se consideró "una perseguida política", informó EFE.

"El día de ayer, como en plena dictadura", la también expresidenta (2007-2015) "solicitó que la justicia me investigue y que confisquen mi celular debido a mi trabajo por difundir mis ideas y mis críticas genuinas hacia el gobierno kirchnerista", escribió Wagner en sus redes sociales.

"Ser una perseguida política con 20 años sólo por mi forma de pensar y sin haber cometido ningún delito de por medio, me remite a lo más oscuro de la historia argentina", agregó la panelista de Crónica TV, quien en sus redes sociales se define como "comunicadora", "liberal de mente crítica" y "anti K".

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Cristina Fernández solicitó a la Justicia que se investigue si Wagner mantiene nexos con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, que se encuentran detenidos por el intento de magnicidio.

Según había declarado Wagner el 4 de agosto pasado al canal LN+, la panelista vive en la casa de la vecina de Cristina Fernández en el piso de arriba del edificio frente al cual ocurrió el atentado, Ximena de Tezanos Pinto, quien ha declarado su rechazo a la vicepresidenta.

El principal detenido es Fernando Sabag Montiel, acusado de ser quien apuntó a su cara con una pistola que no llegó a detonar.

También están detenidos su novia, Brenda Uliarte, como presunta coautora del delito de homicidio, y Nicolás Carrizo, de cuyo teléfono móvil supuestamente salieron varias comunicaciones vinculadas al atentado y que es considerado partícipe secundario.

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El ataque fallido fue perpetrado cuando Sabag Montiel, brasileño de entonces 35 años, se acercó a Fernández mientras saludaba a seguidores a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, que le mostraban su apoyo pocos días después de que un fiscal lanzara un duro alegato contra ella en el juicio en el que estaba acusada de delitos de corrupción en su tiempo como presidenta (2007-2015).