La tensión entre el gobierno y las
entidades agropecuarias argentinas se incrementó hoy, tras concluir
sin avances la segunda jornada de reuniones técnicas destinadas a
buscar soluciones para los conflictos más urgentes del campo.
A pesar de las denuncias de "amenazas y presiones" de los
dirigentes agropecuarios contra el secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, el funcionario volvió a estar presente en las
conversaciones.
El diálogo de hoy giró en torno al mercado ganadero, uno de los
puntos que generan más polémica entre las partes, y pasó a un cuarto
intermedio hasta mañana, sin que se hubiesen registrado progresos
significativos.
Las negociaciones tienen lugar tras la "tregua" declarada el
pasado 2 de abril por las cuatro principales entidades rurales del
país, que durante 21 días mantuvieron una huelga comercial en
rechazo al aumento de los impuestos a la exportación de granos que
produjo desabastecimiento de alimentos.
"Hay coincidencia en el diagnóstico, pero las herramientas
anacrónicas, malas, de Moreno, son nefastas. No hay solución de la
parte oficial", se quejó tras el encuentro uno de los participantes,
el vicepresidente de la Federación Agraria, Ulises Forte.
"Vinimos con una propuesta superadora y no encontramos recepción
del Gobierno", agregó el dirigente, quien explicó que las patronales
rurales pidieron al Ejecutivo que libere las exportaciones de carne
vacuna.
El Gobierno estableció cupos a la exportación de carne bovina
desde fines de 2006, cuando levantó una veda de varios meses a la
colocación de ese producto salvo los de la Cuota Hilton, como se
llama a los cortes de calidad que se venden a la Unión Europea.
El secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, uno de los
representantes del Ejecutivo en las negociaciones con el campo, dijo
que se ha "debatido y discutido con mucha altura" y que el objetivo
es "definir una política agropecuaria para los próximos años".
"La participación del secretario de Comercio Interior es muy
importante en este tema porque la carne es uno de los productos que
inciden mucho en la canasta familiar", declaró el funcionario al
estatal Canal 7 de televisión.
De Urquiza también aseguró que "en ninguna de las reuniones" con
las entidades agropecuarias "hubo mención" a las supuestas presiones
de Moreno y dijo que lo "sorprendió (...) cómo se centralizó la
información en ese tema".
Sin embargo, este martes las entidades agropecuarias denunciaron
"presiones y amenazas" del polémico funcionario, además de
responsabilizarlo de querer "embarrar la cancha" para "buscar el
fracaso de las negociaciones".
Hasta ahora los representantes del Gobierno y las patronales
rurales también han discutido sobre el mercado del trigo sin llegar
a un acuerdo y entre los temas incluidos en la agenda de trabajo
establecida además figuran la leche y las economías regionales.
El campo sostiene que la nueva política impositiva, que a
comienzos de marzo último supuso un alza de impuestos a la
exportación de soja y girasol, supone para el sector una
"confiscación adicional" de US$ 2.500 millones al año, además
de los US$ 7.500 millones anuales que aporta por otros impuestos.
Por su parte, las autoridades aducen que buscan evitar el alza de
los precios internos de los alimentos, mejorar la distribución del
ingreso e impedir que el país sólo se dedique a exportar soja en
desmedro de otras actividades agropecuarias y de la industria.