Expertos debaten sobre la certeza jurídica y las fuentes de tensión que afectan los negocios
Ramiro Mendoza, Macarena Letelier y Gonzalo Smith participaron del primer encuentro Entre Códigos 2022 . Abordaron el impacto que está generando la falta de certezas en sus distintas dimensiones y el rol de la Convención Constitucional.
Por: P. Vargas
Publicado: Miércoles 20 de abril de 2022 a las 16:30 hrs.
Ramiro Mendoza, Macarena Letelier y Gonzalo Smith. Foto: Julio Castro y Archivo
El rechazo al desarrollo del proyecto inmobiliario de Fundamenta en el sector de Plaza Egaña en Santiago fue uno de los ejemplos que salieron a discusión en el primer panel del club Entre Códigos de este año, denominado Certeza Jurídica en el nuevo Chile: un debate urgente.
En la instancia organizada por Diario Financiero junto al estudio Recabarren & Asociados, en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez y el Estudio García Nadal, tres expertos hicieron su diagnóstico respecto de la falta de certezas que hoy afecta al país en materia jurídica y sus posibles costos.
Abogan por una solución constitucional clara y que no deje espacio para interpretaciones autónomas.
La primera en tomar la palabra fue la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), Macarena Letelier quien entró de lleno en la coyuntura, planteando sus dudas respecto de lo que se ha aprobado en materia de sistema de justicia por parte de la Convención Constitucional, particularmente por las interrogantes que se abren en relación a la administración de justicia.
“Desde la parte formal, hay conceptos equívocos, por ejemplo, se habla que es parte de la justicia vecinal, el tribunal de instancia, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, pero si uno va artículo siguiente, está compuesta también por los juzgados y centros de justicia que no ejercen jurisdicción, sin embargo, la limitación y ámbitos de competencia son muy importantes para evitar abrir espacios a interrogantes futuras en relación a quienes administran justicia”, detalla y agrega, que otro foco de preocupación es sobre los tribunales administrativos para que resuelvan conflictos con la administración del Estado.
La buena noticia, dice, es el rol que le otorga a la Corte Suprema, en cuanto a velar por la correcta aplicación y la uniformidad de las normas. “Eso da certeza en la aplicación de las mismas y esa debiera ser la línea de la Carta Fundamental, particularmente en el rol de los sistemas de justicia porque es ahí donde se dirimen las discrepancias”.
¿Cómo estamos?
Pero, por qué llegamos a discutir el sistema de justicia en la Convención. El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza apunta a dos dimensiones que, a su juicio, es donde hoy se reclaman por mayores certezas y que, de paso, hacen legítima la preocupación del órgano constitucional.
Por el lado social, asegura, los cuestionamientos van hacia la calidad y falta de oportunidad a la hora de recibir justicia, lo que ha derivado en una serie de leyes con nombre y apellido (Ley Emilia, Ley Zamudio, etc) y por otro lado, hay un conjunto de sectores que sienten que las instituciones estatales no están reaccionando de manera correcta a la provisión de esa justicia material, incertezas que se reclaman, por ejemplo, en temas de protección a la inversión.
“Un ejemplo de esto es lo que pasa con el proyecto de Plaza Egaña, con permisos de construcción y un avance de obras importante, pero hay un cambio en la apreciación de las reglas ambientales y ahora se encuentra el proyecto paralizado….y así nos vamos encontrando más problemas”, ejemplificó.
Frente a lo anterior, Mendoza aboga por una solución constitucional clara y que no deje espacio para interpretaciones autónomas, particularmente, para aquellos que tienen “parcelas jurídicas”.
También por el lado del diagnóstico y los riesgos que plantea la incerteza jurídica en materia de inversiones, aumentos de costos e invialidad de proyectos, el gerente corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza de Falabella e integrante del Consejo de Entre Códigos, Gonzalo Smith, apuntó al origen de las tensiones que hacen tambalear este principio, advirtiendo que no es un fenómeno que se esté dando solo en Chile.
Al enumerar las fuentes de tensión, primero se refiere a la voz y llegada que hoy tienen los grupos de interés para empujar cambios, luego, a las crecientes expectativas de legitimidad social que también ejemplifica con el caso del proyecto paralizado en Ñuñoa. “La legitimidad social no necesariamente está alineada con lo que la ley dice que son los derechos de los incumbentes, a lo mejor el caso de Plaza Egaña cabe en ese tema de legitimidad social y eso genera una presión donde las reglas pueden estar escritas pero hay una expectativa que impacta en esa certeza”, explica.
Adicionalmente, menciona como otras fuentes de tensión, la aparición de nuevos estándares y mejores prácticas. “¿Pero quién decide cuáles son?, hoy se suele escuchar con argumento de autoridad lo de buenas prácticas y estándares, pero no es un bálsamo que sirve en todos los casos”, puntualiza.
Por otro lado, suma dentro del análisis el efecto demostración o importación normativa sin contar con la realidad de cada país y cómo pueda ser su adaptación, y finalmente, menciona la afectación que generan los macro procesos políticos, cómo se está conformando la opinión de una sociedad o cultura, y la preocupación de hacer política pública a través del instrumento ley, pero dándole menos tiempo a la institucionalidad, entre otros aspectos.
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