Una acusación por contrabando reiterado y el riesgo de una multa de US$ 23 millones enfrenta la empresa de telecomunicaciones Mundo Pacífico, adquirida por el fondo de inversión Digital Bridge en 2022.
Esto, luego de que el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) se querellara, el 23 de mayo de 2024, en contra de la compañía y tres ejecutivos, en una acción que fue admitida a trámite por el 1º Juzgado de Garantía de Santiago, el que ya remitió los antecedentes al Ministerio Público.
La firma, consultada por Diario Financiero, descartó haber incurrido en algún delito.
El ente público explicó en su querella que -mediante un informe del 3 de noviembre de 2021- una comisión investigadora de Aduanas dio cuenta de un procedimiento a Pacífico Cable (cuyo nombre comercial es Mundo Pacífico), con dirección de almacenamiento en Avda. Lo Espejo, Maipú. Esto con el objeto de requerir la exhibición de las mercancías, libros y documentos pertinentes a las operaciones de Regímenes Suspensivos tramitadas por dicho agente económico y determinar de manera fehaciente la trazabilidad de éstas.
Los Regímenes Suspensivos de Derechos son una clase de destinaciones aduaneras, no definitivas, que amparan el ingreso legal de las mercancías al país manteniendo su calidad de extranjeras. Dentro de estos preceptos figura la Declaración de Almacén Particular de Importación, también conocido como DAPI, que puede tramitarse en forma anticipada o una vez que la mercancía extranjera es recibida por los almacenes de carga, ubicados en el aeropuerto internacional.
Según la normativa, esta figura corresponde a un régimen que suspende el pago de los derechos e impuestos que causa el ingreso legal de las mercancías extranjeras al territorio nacional, para su nacionalización y posterior, uso o consumo, manteniéndolas como extranjeras.
Estas mercancías, son autorizadas para ser depositadas en lugares habilitados por la Directora Nacional de Aduana, por un periodo de tiempo de 90 días, prorrogable, recintos que son especificados por el destinatario de las mercancías en el DAPI. Estos depósitos corresponden a bodegas de particulares que, si bien, quedan bajo la autoridad y vigilancia de Aduana, no son recintos donde exista un control permanente por parte del servicio.
Perjuicio al Fisco
En su querella, la entidad gubernamental dijo que esta destinación es un beneficio para el particular, atendido que ingresa al país mercancías extranjeras y debiendo pagar los impuestos en ese momento, éste queda suspendido, pudiendo de igual forma retirar las mercancías desde Aduanas, trasladarlas y almacenarlas en sus propias bodegas, evitando con ello, además, desembolsar altas sumas de dinero por concepto de almacenaje en recintos ubicados en una zona primaria del aeropuerto o extraportuarios.
“Cabe señalar que, el destinatario de la mercancías junto con obligarse a almacenar las mismas, debe tenerlas debidamente identificadas para eventuales fiscalizaciones”, señaló Aduanas en su acción judicial, en la cual explicó que las mercancías objeto de la destinación de Almacén Particular de Importación, están autorizadas solo para su almacenamiento, no pudiendo ser dispuestas, vendidas, cedidas ni consumidas o utilizadas en forma comercial o industrial, sino con posterioridad al pago de los gravámenes y derechos.
Bajo esta figura, precisamente, radica la querella de Aduanas: dijo que los días 21 de abril, 20 de mayo, 28 de mayo, 31 de mayo, 15 de junio, 17 de junio, 23 de junio, 9 de julio, 15 de julio y 19 de julio de 2021, mediante 14 Declaraciones de Almacén Particular de Importación, tramitadas por agentes de aduanas por mandato de Enrique Coulembier y/o Felipe Frías y/o Felipe Vielma, en sus calidades de socios y/o representantes legales de Pacífico Cable, ingresaron al país mercancías extranjeras (entre las que se mencionan terminal de red, router, cables eléctricos, fibras de cable óptico y amplificador de señal) con un valor aduanero de $ 4.311 millones. Todo esto, afirmó el servicio, solo podían ser objeto de almacenamiento en la bodega particular de Av. Lo Espejo, siendo trasladas de distintos lugares, sin informar de ello a la autoridad aduanera, ocasionado al Fisco un perjuicio de $ 1.127 millones, aseguró la entidad.
Añadió que el pago de los impuestos de las mercancías se realizó después de la fiscalización, según los comprobantes emitidos por Tesorería General del 26, 27, 30 y 31 de agosto de 2021, salvo en el caso de la DAPI N° 2540178959-9, que a la fecha se encuentra pendiente, destacó el ente en su querella.
El servicio precisó que dicho pago de los derechos con posterioridad a la fiscalización, es una circunstancia que configura la “atenuante de reparación celosa del mal causado”.
No obstante, solicitó, en su autodefinida calidad de “víctima del delito de contrabando reiterado”, se imponga a los querellados Coulembier y/o Frías y/o Vielma, la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y una multa de unos $ 21.558 millones (equivalente a US$ 23 millones), que es cinco veces el valor aduanero de las mercancías. Junto a esto, pidió el comiso de las especies y el pago de las costas de la causa.
“Podemos confirmar que la totalidad de los impuestos, aranceles y gravámenes (...) han sido íntegramente pagados”
En una declaración enviada a Diario Financiero, la compañía señaló: “Hace unos días tomamos conocimiento de la existencia de una querella interpuesta por el Servicio Nacional de Aduanas en contra de los representantes legales de Pacifico Cable”, y luego afirmó que “Mundo Pacífico descarta haber incurrido en delito alguno. La querella nos sorprende por cuanto se refiere a hechos del año 2021, los cuales entendíamos habían sido oportunamente respondidos por ejecutivos responsables de estas materias en esa época”. Afirmó que, “apenas tomamos conocimiento de la querella, e incluso antes de ser requeridos de cualquier gestión relacionada a ella, nos acercamos y reunimos con el Servicio Nacional de Aduanas para colaborar y proporcionar toda la información requerida, con el fin de aclarar la existencia de cualquier discrepancia eventual respecto del pago de impuestos”.
Añadió que “luego de nuestra reunión con Aduanas, podemos confirmar que la totalidad de los impuestos, aranceles y gravámenes correspondientes a las importaciones mencionadas en la querella, han sido íntegramente pagados por Pacífico Cable, lo cual fue debidamente documentado al servicio, descartándose así la existencia de perjuicio fiscal”.
La firma espera “que con los antecedentes y colaboración absoluta que prestaremos a Aduanas, esta situación quede definitivamente despejada”.
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