A casi un año de que se conociera el requerimiento que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) interpuso contra Cencosud, Walmart y SMU, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) desclasificó cerca de 1.800 documentos que hasta ahora se mantenían como reservados y que dan cuenta de los escollos que sorteó la investigación.
La serie de documentos -que incluyen resoluciones, citaciones, correos electrónicos, transcripciones de interrogatorios y disputas legales- comienzan el 22 de agosto de 2011 cuando el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, se abstiene de participar en el proceso rotulado con el número 1952-11, el que recientemente había comenzado a tomar forma, dado que su hermano trabaja en una de las investigadas.
1 El origen
El 30 de noviembre de 2011 la FNE presentó ante el TDLC un requerimiento contra las productoras de pollo. Sin embargo, unos meses antes de eso, el 25 de agosto, el organismo inició formalmente la investigación a los supermercados, después de revisar 5.000 documentos derivados del primer caso, las que fueron claves para configurar el caso.
¿La primera medida de la indagatoria? La FNE pidió no informar a los involucrados de la investigación, para no poner en riesgo las diligencias, lo que finalmente se extendió hasta diciembre y pilló por sorpresa a más de una compañía.
2 El primer revés
Al poco andar, la FNE evidenció que la investigación que estaba comenzando no sería fácil. Esto, porque el 8 de septiembre solicitó al TDLC una orden para “entrada y registro” a las oficinas de Cencosud, Tottus, SMU (y Supermercados del Sur) y Walmart Chile. La idea del fiscal Jaime Barahona fue incautar pruebas, lo que fue visado por el tribunal especializado.
Sin embargo, en la Corte de Apelaciones, que también debía autorizar la diligencia, recibió un portazo, ya que se le negó la solicitud. Pasaron más de dos meses para que la FNE insistiera ante la Corte, con más antecedentes.
En su segundo intento obtuvo luz verde y, de este modo, el 14 de diciembre fue el día clave. Esto porque a eso de las 10:30 y 11:00 horas varios equipos del OS9 de Carabineros llegaron a las dependencias de varios supermercados y se llevaron computadores y otras pruebas. Ese mismo día, la FNE comunicó del proceso a las cuatro cadenas.
3 Disputa con Walmart
La acción, como era de esperarse, dejó heridos en el camino. Fue Walmart Chile -con Enrique Ostalé a la cabeza- el primero en reaccionar y acudió a la Corte con un recurso contra la incautación que se había realizado. Alegaba que no se les informó adecuadamente el motivo de la diligencia, algo que después la FNE calificó de improcedente en su defensa.
Esta primera disputa fue un triunfo para la FNE, aunque la supermercadista ganó un punto: en los equipos incautados, la FNE solo podía revisar aquellos documentos que tuvieran relación directa con la investigación en curso.
4 Tottus y pastas
Aunque el requerimiento conocido en enero de 2016 apuntaba a Cencosud, Walmart y SMU, durante toda la investigación se perició el actuar de Tottus, la que fue objeto de los mismos requerimientos que el resto.
Del mismo modo, la tesis de la FNE apuntaba más allá de la coordinación de precios a través de los proveedores de pollo. En los primeros meses el mercado de detergentes -como OMO y Quix- tuvieron un rol protagónico en la solicitud de antecedentes que se realizó.
Pero después se incluyó una gama amplia de proveedores, como CMPC Tissue y SCA, Clorox, Unilever, Procter & Gamble, más tarde Empresas Carozzi, Danone, Soprole, Coca-Cola Andina, CCU y Watts, por mencionar algunas compañías a las cuales la fiscalía les solicitó antecedentes.
Tan amplia fue la muestra de productos que el 29 de octubre de 2012, ante una consulta de información, una abogada de Walmart Chile hizo la siguiente pregunta: “Te escribo por el oficio de referencia respecto del anexo 1 donde indica como una de las categorías las ‘pastas’ y quisiéramos aclarar si se refiere a pastas dentales o a tallarines”. Un par de horas después, el investigador de la FNE respondió: “No se refiere a las pastas dentales, sino a tallarines”.
5 Solicitudes y reclamos de Walmart y SMU
El 13 de abril de 2012, el subfiscal nacional envió a los gerentes generales la primera de una serie de solicitudes de antecedentes, donde se pedía detallar los productos de la línea food especificando el proveedor, las ventas anuales, relaciones entre grupo empresarial, organigrama de la fuerza de venta, promociones, etc.
El nivel de detalle era tan grande, que en los correos se evidencia que las compañías debieron conformar grupos de trabajo para dar respuesta. De todos modos, la FNE siempre terminó extendiendo los plazos para recibir la información.
En una solicitud de 2013, Walmart volvió a enfrentarse a la FNE. El 3 de junio le envió una carta al subfiscal Mario Ybar aduciendo no solo que necesitaba más tiempo para contestar un requerimiento, sino que le parecía desproporcionada la cantidad de información pedida, ya que la FNE había ampliado la investigación al período 2006-2008.
Agregaron un punto no menor: “Desde ya, es posible advertir que la información requerida no servirá para fundamentar si quiera hipotéticamente acciones ante el H. Tribunal, por tratarse de información relativa a hechos que -en el evento de considerarse que fueran hechos ilícitos-, se encontrarían prescritos”.
La FNE reaccionó y llevó la carta al TDLC, que finalmente le dio la razón a la fiscalía y obligó a la supermercadista a responder.
En 2014 se volvieron a pedir más antecedentes. Esta vez SMU salió a la ofensiva e ingresó un escrito al tribunal el 7 de abril, donde alegaba que los requerimientos eran imprecisos y vagos y, además, que dado que la investigación llevaba más de dos años, la FNE contaba ya con todos los datos posibles. El 15 de ese mes volvió a ganar la FNE.
6 Declaraciones hasta el final
Hasta octubre de 2015 -pocos meses antes de presentar el requerimiento ante el TDLC-, la fiscalía efectuó interrogatorios. Por sus oficinas pasaron un centenar de ejecutivos de las cadenas, así como fuerza de venta y ejecutivos de los proveedores.
Lo principal apuntaba a ver la coordinación de precios en una serie de productos, aunque el requerimiento final se enfocó solo en el segmento de los pollos.
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