El violento robo a una tienda de MacOnline ocurrido este domingo en Mallplaza Egaña desembocó en un activo intercambio de declaraciones entre el gobierno y los centros comerciales.
Todo comenzó cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusó que el centro comercial ligado a Falabella “no estaba cumpliendo los estándares de seguridad”.
Mediante una escueta declaración, la compañía respondió que “todo el contingente de seguridad presente el domingo en Mallplaza Egaña ha realizado los cursos exigidos por la norma y cuentan con la certificación otorgada por los organismos competentes”.
Agregó que solo un guardia está a la espera de la entrega de su credencial por parte de Carabineros y que al momento del atraco el 87% de los funcionarios se encontraba activo, mientras el 13% restante estaba en reasignación de funciones por parte de la empresa de seguridad.
Respaldo gremial
Rápidamente, la Cámara de Centros Comerciales salió a dar un espaldarazo a Mallplaza. El gremio afirma que el sector aumentó un 30% sus inversiones en seguridad durante el último año. Así, su presidenta, Katia Trusich, apuntó a que “carece de todo sentido generar una polémica sobre las responsabilidades, porque el combate de la delincuencia es una tarea de todos. Lo que corresponde ahora es que prime la cordura, optimizar la coordinación entre autoridades, policías y empresas del sector privado y avanzar juntos en mejorar la legislación anti-delincuencia”.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), aludió a que el gobierno es quien debe jugar un rol protagónico en esta materia. “La seguridad pública es responsabilidad del Estado y las empresas tienen un margen de acción muy acotado, especialmente frente a la actual magnitud del problema”.
El gremio presidido por María Teresa Vial agregó que “no existen medidas que el comercio pueda adoptar para hacer frente a delitos de estas características y dimensiones, bandas armadas y organizadas que irrumpen con violencia en espacios de alto movimiento”.
“No podemos aceptar que en estas circunstancias se culpe a las víctimas, que en este caso es un centro comercial”, remató la CCS.
Gobierno agenda reunión
Tras esta ola de declaraciones, Monsalve tomó la palabra nuevamente y sostuvo que más que entrar en una polémica con los centros comerciales buscará avanzar en medidas conjuntas con el sector privado para evitar robos y desincentivar hechos delictivos al interior de estos recintos.
El subsecretario anunció que en los próximos días se reunirá con la Cámara de Centros Comerciales para concordar medidas que no requieren tramitación de ley. Propuso, por ejemplo, detectores de armas y reconocimiento facial.
No obstante, Monsalve volvió a apuntar a las compañías del sector. Argumentó que los centros comerciales reciben entre 700 y 750 millones de visitas en un año, con lo que “en 2022, Mallplaza tuvo ganancias por $ 53 mil millones y Parque Arauco por cerca de $ 122 mil millones, por tanto, son un negocio que tiene obligaciones legales y en el marco de esas obligaciones siempre es bueno alcanzar acuerdos públicos y privados”.
Recordó acuerdos que permitieron disminuir los robos a cajeros automáticos y puso el ejemplo de las tiendas que venden joyas, que “han debido invertir en mejores medidas de seguridad”.
“Los malls no son la excepción y por supuesto que la seguridad es una responsabilidad pública primordialmente y, en algunos aspectos, público y privada. No quiero entrar en la polémica, porque se ha dicho que los queremos responsabilizar y nadie ha utilizado esa palabra, solo se ha constatado un hecho y es que tenían ciertas obligaciones legales y Carabineros constató que en el Mallplaza Egaña no estaban siendo cumplidas, por tanto, se denunció ese incumplimiento”, dijo.
El subsecretario añadió que ahora lo que queda es evitar que los visitantes de los centros comerciales “se vean expuestos a situaciones de riesgo, para eso el gobierno está disponible a encontrar mejores medidas de seguridad”.
En los centros comerciales hay cierta molestia ante los emplazamientos, ya que aseguran que las inversiones en seguridad se han elevado en 30% en el último año, añadiendo que la ley no los faculta para tener las herramientas necesarias para enfrentar el nivel de violencia por el que atraviesa el país.
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