Comenzó la cuenta regresiva. La cadena Multitiendas Corona -ligada a la familia Schupper- logró un mayor (y último) plazo para presentar una propuesta de renegociación y así evitar la quiebra.
La justicia aprobó, el pasado 2 de abril, la suspensión de la junta de acreedores, fijando una nueva para el 12 de mayo de 2025, período durante el cual la empresa deudora seguirá gozando de la protección financiera concursal. Ese día se votará el plan que deberá presentar el clan dueño de la cadena, puesto que no se daría más plazo para negociar una nueva propuesta, aseguran conocedores del proceso.
La compañía -con 50 años de trayectoria, 58 tiendas a lo largo del país y 1.800 trabajadores- solicitó la apertura de un nuevo proceso de reorganización financiera en octubre del año pasado, y desde entonces ha estado negociando con sus acreedores una salida que permita la continuidad de la compañía.
Sus pasivos superan los $ 66.951 millones y sus principales acreedores son los bancos Internacional y BCI, además del proveedor chino Anhui Garments.
La firma ya había logrado salir de un proceso de reorganización judicial en 2022. En abril de ese año, había pagado de manera anticipada las deudas con sus acreedores.
Ahora, el retailer señaló que la crisis del consumo, sumado al impacto negativo que produjo el cierre de la tarjeta de crédito de la casa comercial, afectó "de manera importante" sus resultados y, a pesar de que los ingresos de 2024 venían al alza, sostuvo que está “lejos de su potencial” por la falta de capital de trabajo.
A principios de este año, la sociedad presentó una propuesta de reorganización en su nuevo proceso de reorganización, en la que planteó el otorgamiento de nuevas condiciones para el pago de la totalidad de los créditos, junto con el otorgamiento de una línea de crédito por hasta $ 15.000 millones por parte de los acreedores garantizados.
No obstante, tras esta propuesta (vista con recelo por los acreedores) los socios de la empresa comenzaron a analizar otras alternativas, entre las que figura la venta de la empresa.
Herman Schupper se inclina por la enajenación, algo que no quieren sus hermanas Paula y Malú, quienes buscan implementar una fórmula de salvataje que considera la inyección de recursos a la empresa por parte de todos los socios.
Dado que, hasta ahora, no hay acuerdo al interior de la familia, los Schupper han solicitado a la justicia más plazo para presentar una nueva propuesta.
La incertidumbre
Es así como, el pasado 2 de abril, se llevó a cabo una nueva junta de acreedores. En ésta participaron la veedora concursal, Daniela Camus, el representante legal de la empresa deudora, Allan Hornig Baros, y el apoderado de la misma, Nelson Contador, además de la mayoría de los acreedores.
En la instancia, Hornig dijo que la compañía ha trabajado en los últimos meses en la elaboración de una nueva propuesta de reorganización, considerando dos alternativas. La primera consiste en que los accionistas proporcionen el financiamiento requerido mediante la enajenación de activos de su propiedad o a través de otros mecanismos de financiamiento. La segunda se basa en la oferta de un empresario chino para la adquisición total de las acciones de la compañía, con el objetivo de capitalizarla con aproximadamente 30 millones de euros, lo que garantizaría su estabilidad futura, según dijo.
“Dado que existen diferencias de opinión entre los accionistas respecto a cuál de las alternativas es la más conveniente para asegurar la viabilidad de la empresa, el proceso ha requerido múltiples suspensiones de la junta deliberativa”, sostuvo.
“Estas postergaciones no han sido arbitrarias ni producto de desidia por parte del deudor o de los asesores financieros. Por el contrario, cada intervalo de diez días ha sido aprovechado para avanzar en el desarrollo de una solución viable y sostenible”, añadió.
Nelson Contador, a su turno, destacó la complejidad del caso y expresó la necesidad de buscar consenso no solo con los acreedores financieros, sino también con los proveedores. Según el acta de la junta de acreedores, el abogado -experto en quiebras y reorganizaciones- aportó la idea de fijar un plazo de 30 días para alcanzar una propuesta definitiva, lo que fue considerado “prudente” por el tribunal.
Tras esto, el representante legal de la empresa, confirmó el compromiso de la administración de cumplir con el plazo de 30 días para presentar una propuesta modificada.
Juan Pablo Domínguez, en representación del banco BCI, solicitó que la empresa proporcionara un cronograma claro para las negociaciones, ya que las suspensiones previas habían generado incertidumbre. Mientras, Francisco Freire, del Santander, planteó que los acreedores debían tener certeza sobre los avances antes de que llegara la nueva fecha de audiencia, considerando la protección financiera que implicaba la suspensión.