por Belén López-Palop
Desde hace varios meses venía existiendo una correlación inversa entre las posibilidades de Dilma Rousseff de ser reelegida presidenta y el valor de los títulos de la estatal brasileña Petrobras. Es decir, cuanto más se percibía su probable reelección más se castigaba la cotización de las acciones de la petrolera.
Las razones tienen su origen en el pobre desempeño de Petrobras en estos últimos años dada la fuerte intervención gubernamental en las decisiones y las políticas de la compañía. De hecho, el valor de mercado de la firma de Río de Janeiro se desplomó US$ 160 mil millones durante el primer mandato de la presidenta Dilma Rousseff, lo que los analistas atribuyen, en gran medida, a su política de obligar al productor estatal a vender gasolina por debajo del costo para proteger a los automovilistas de los precios del crudo que se ha más que duplicado en cinco años.
Unos precios de combustibles controlados han sido clave para contener la inflación este 2014, año de elecciones presidenciales, en el que la mandataria ha hecho todo lo posible por conquistar un segundo mandato.
Y parece que le ha dado resultado, pues finalmente ni la recesión económica que enfrenta el país, ni los casos de corrupción al interior de la estatal impidieron a la candidata del Partido de los Trabajadores (PT) proclamarse vencedora, que con 51,6% de los votos se impuso al aspirante del Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB), Aécio Neves.
Las dos caras
La situación de Petrobras es un fiel reflejo de los problemas que afronta el país: la mayor empresa estatal brasileña y de América Latina emplea a más de 86.000 personas, la inmensa mayoría en el país. Además, cuenta con sistemas de extracción, refinerías, oleoductos, sistemas de distribución y una red de gasolineras por todo Brasil.
Gracias a los inmensos recursos naturales, la compañía tiene un enorme potencial, sin embargo, su gestión está siendo cuestionada y los casos de fraude vinculados a ella salpican cada día a políticos y miembros de la alianza de gobierno.
La 'Operación Lava Jato' llevó hace unos meses al director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, a ser detenido por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero. Desde la cárcel, ha hecho declaraciones amparadas por la Justicia, involucrando a gran parte de los partidos brasileños, pero sobre todo al PT de Rousseff.
En uno de sus últimos testimonios filtrados a la prensa, Costa aseguró que el PT recibía el 3% del valor de los contratos que se firmaban con las empresas que formaban parte de la trama corrupta.
Asimismo, de acuerdo con un reportaje publicado por la revista "Veja", tanto la jefa de Estado como su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tenían conocimiento de la red de corrupción en Petrobras.
Refinerías dudosas
Pero la polémica con Petrobras no se limita a la ´Operación Lava Jato´. Varias voces del mundo de la política brasileña pidieron investigar al Parlamento la compra de una refinería en Texas, por parte del gigante brasileño. La controversia sobre la naturaleza de la adquisición autorizada en 2006 vino al conocerse que Rousseff, que en ese momento presidía el consejo directivo de Petrobras, podría haber autorizado la operación sin conocer detalles clave del contrato, en cuyo marco Petrobras pagó US$ 370 millones a la belga Astra Oil por el 50% de la refinería de Pasadena.
La presidenta informó que en 2008, dos años después de la compra, supo de las cláusulas que obligaban a Petrobras a adquirir la otra mitad de la refinería en caso de desacuerdo entre los socios. Petrobras se negó a cumplir esa cláusula, pero en 2012 perdió un arbitraje en EEUU y terminó obligada a comprar la mitad restante. Tras intereses y multas, la estatal brasileña finalmente pagó US$ 1.180 millones por una refinería que Astra Oil había comprado en 2005 por apenas US$ 42,5 millones, haciendo saltar todas las alarmas.
"El escándalo de Pasadena es la última de una serie de incidentes que muestran la mala gestión y la intromisión política en Petrobras", dijo a Bloomberg José Mendonça Filho, líder del partido de la oposición DEM en la Cámara Baja.
"La compañía ha sido utilizada con fines políticos", señaló Mendonça Filho en una entrevista telefónica desde Brasilia.
Otra refinería envuelta en sospechas es la de Abreu e Lima, en el Estado de Pernambumco. El pasado octubre, la petrolera brasileña anunció que terminaría de construir en solitario la refinería Abreu e Lima, en Pernambuco, después de que no tuvieran éxito las conversaciones con la estatal venezolana Pdvsa.
El proyecto binacional, que fue planeado en 2005 por los entonces presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez, aún no funciona a pleno rendimiento y el Ministerio Público Federal está investigando sus cuentas: se presupuestó en
US$ 2.500 millones y de momento ya ha costado US$ 18.500 millones, 770% más de lo previsto.
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