Tiempos difíciles para Google en Europa. Los miembros del Parlamento Europeo votaron ayer a favor de una resolución que aboga por la división de las operaciones de Google en el continente.
Con 384 votos a favor, 174 en contra y 56 abstenciones, los eurodiputados enviaron un mensaje claro de que quieren una regulación más estricta, con el objetivo de favorecer la libre competencia.
Si bien la votación en sí no tiene un efecto directo sobre la empresa tecnológica, con esta decisión los parlamentarios urgen a las autoridades reguladoras de Europa a que consideren medidas para hacer que los motores de búsqueda en Internet, como Google, disocien sus buscadores del resto de sus actividades comerciales.
Aunque la resolución del Parlamento no menciona directamente a Google, el amplio dominio que la compañía tiene del mercado de búsquedas hace que el debate sobre la división de servicios esté básicamente dirigido a ella. Google procesa un 90% de las búsquedas en internet en Europa, por lo que en 2010 sus rivales la acusaron de favorecer en los resultados a sus propios servicios, por encima de los de sus rivales.
Larga batalla legal
La votación, más bien simbólica, es el último capítulo de una larga batalla legal con Google, que incluye una investigación de cuatro años sobre un presunto abuso de dominio de mercado.
El ex comisario de Competencia Joaquín Almunia trató de alcanzar una solución negociada con el gigante estadounidense hasta en tres intentos, pero los paquetes de concesiones presentados por Google fueron rechazados como insuficientes.
En tanto, la nueva comisaria Margrethe Vestager dijo que necesitará "algún tiempo" antes de decir si sigue negociando con Google o le envía un pliego de cargos, paso previo a la imposición de multas.
Mientras, los recelos que han surgido en varios países, entre ellos en círculos conservadores de Alemania, contra el poder de Google elevan la presión sobre Vestager para que adopte una línea más dura.
En 2013, Alemania aprobó una ley por la que reconocía que los editores del país debían recibir una compensación por aparecer en el agregador de noticias de Google. Esto se tradujo en la petición del 11% de los beneficios que el gigante de Internet genera por mostrar sus contenidos. Francia y España también han regulado al respecto.
En España, la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada el pasado 30 de octubre, incluye el cobro de un canon a los agregadores de noticias para compensar económicamente a los editores por el uso de sus contenidos, conocido como "tasa Google". En el caso del país galo, el año pasado, Google y el gremio de editores llegaron a un acuerdo para evitar el cobro del canon, por el que el gigante de Internet creó un fondo de 60 millones de euros (US$ 74 millones) para apoyar proyectos digitales.
"Derecho al olvido"
Sin embargo, estos no son los únicos movimientos del grupo de los 28 que buscan hacer frente a las prácticas abusivas por parte del proveedor de búsquedas en Internet.
La Unión Europea ha pedido a la compañía de Mountain View que aplique el "derecho al olvido" en Internet en todos sus sitios de búsqueda del mundo, y no únicamente en los dominios europeos.
La sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, fruto de un litigio entre la Agencia Española de Protección de Datos y Google, reconoce el derecho de los ciudadanos a retirar enlaces a informaciones publicadas en el pasado si son consideradas "inadecuadas, irrelevantes u obsoletas".
En la práctica, eso significa que la supresión debe ser también efectiva en todos los dominios '.com' relevantes", más allá de extensiones nacionales como google.es, en España, o google.fr, en Francia.
La demanda de esta implementación es parte de un conjunto de directrices relacionadas con la privacidad acordadas este martes por defensores de la privacidad de la Unión Europea y que se publicarán a finales de esta semana.
Pugna diplomática
Estados Unidos expresó su preocupación por el intento del Parlamento de la UE por influir en los reguladores antimonopolio. Es importante "que el proceso de identificación de perjuicios para la competencia y los posibles recursos estén basadas en conclusiones objetivas e imparciales y no se politice", dijo a Bloomberg la misión de EEUU ante la UE en Bruselas.
En la misma línea se mostró el jefe de la Asociación de la Industria Informática y las Comunicaciones de ese país, Ed Black, para quien esta iniciativa "amenaza con socavar la credibilidad de la larga investigación de la Comisión por interponer descaradamente la política en un proceso legal".
Por su parte, Andreas Schwab, miembro de la Democracia Cristiana de la canciller alemana, Angela Merkel, y promotor de la votación, calificó de reacción exagerada la preocupación respecto de que la reputación de Europa se verá afectada por su llamado a los reguladores a considerar la división de los motores de búsqueda "como último recurso".
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