Joaquín Villarino y el proyecto de transición energética: “Introduce una especie de subsidio no transparente para determinados generadores”

A poco más de un mes del inicio de la discusión del proyecto de ley de transición energética en el Congreso, aún restan diversos actores para exponer sus planteamientos en la comisión de Minería y Energía del Senado. Uno de ellos es el Consejo Minero que ve con “bastante preocupación” el texto presentado por el Gobierno.

Su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, recalca que el sector ha sido la principal “locomotora” que ha tirado las energías renovables, teniendo como meta que lleguen a representar el 90% del suministro eléctrico al 2030. Pero también alerta que los altos costos de suministro debido principalmente al aumento de los costos regulatorios o sistémicos han llevado a tener la energía más cara en comparación a otros países mineros. “Lo que va a hacer es traspasarle mayores costos a los consumidores, sobre todo a los grandes consumidores, como es el caso de la minería”.

“Hemos venido sufriendo incrementos de costos por decisiones de la misma naturaleza para ir a solucionar problemas puntuales, que al final del día nos hacen tener 25 o 30% mayores costos con nuestros competidores en el tema eléctrico”.

El efecto fundamental, asegura, no será el de acelerar necesariamente la incorporación de energías renovables, el de acelerar la expansión de las mismas ni de la transmisión. Si bien señala no saber si es un “traje a la medida” este proyecto como algunos han advertido, sí reafirma que tiene una finalidad no explicitada y es el de solucionar los problemas financieros que tienen determinadas empresas de energías renovables no convencionales. “Creo que con esta ley lo que se hace es introducir una especie de subsidio no transparente para determinados generadores”, sincera el líder del gremio.

Puntos de preocupación

La asociación gremial -que reúne a las empresas mineras de mayor tamaño- identifica tres puntos de preocupación. Pone el foco en los cambios a la regulación de la transmisión. Villarino señala que hay una nueva definición de obras de transmisión “estratégicas” que “en principio no pasarían por los filtros habituales de eficiencia, hay menos requisitos para las obras que permitan los polos de desarrollo, las obras de almacenamiento pasan a formar parte de la transmisión y se facilita la expansión de obras necesarias y urgentes, saltándose los filtros de eficiencia”.

El segundo es la reasignación de ingresos tarifarios. Si es que realmente la autoridad está preocupada por un factor de riesgo adicional que están asumiendo algunos generadores, detalla Villarino, “que establezca entonces algún sistema de estabilización de esos mayores costos, pero estabilización que no signifique una transferencia neta de clientes a generadores”. La asociación indica que se podría idear un seguro, pero donde la prima sea pagada por los mismos generadores.

En tercer lugar, el gremio pone sus ojos en la licitación de obras de almacenamiento. Villarino reflexiona que, “bajo el pretexto de que hay que incentivar la instalación de la obra de almacenamiento, cuestión que nos parece razonable, se termina de alguna manera saltándose de nuevo las normas de mercado y la remuneración de mercado, asegurándole un pago a quienes instalen las obras de almacenamiento. Esto no es competitivo con otras obras de almacenamiento que se han instalado y que se están instalando bajo la regla general”.

En definitiva, enfatiza Villarino, “hemos venido sufriendo incrementos de costos por decisiones de la misma naturaleza para ir a solucionar problemas puntuales, que al final del día nos hacen tener 25 o 30% mayores costos con nuestros competidores en el tema eléctrico”.

Tramitación

Más que postergar la discusión, el presidente ejecutivo del Consejo Minero cree que hay que retomar el criterio que se ha venido utilizando hasta ahora, la aplicación del criterio de costo-beneficio y la posibilidad de impugnar la decisión de determinadas normas ante el Panel de Expertos.

En esa línea, afirma: “Creo que esto es una decisión de Gobierno, pero me parece que en la medida que el mundo legislativo vaya tomando conciencia del impacto que esto tendrá en tarifa para los clientes, el Gobierno va a tener más complicaciones para la aprobación de un proyecto de este tipo”.

- Considerando la preocupación de las mineras por este proyecto. ¿Ya hay efectos?

- Parte de los costos sistémicos los estamos pagando hoy con una industria que tiene peor competitividad y estos altos costos, sumado a otra serie de elementos, evidentemente ralentizan determinadas inversiones. Pero el efecto de esta ley hoy no está incorporado en la toma de decisiones porque todavía no está aprobada.

- ¿No se están dejando de tomar decisiones “a la espera de”?

- No que sepamos. No es algo que se haya dicho explícitamente al interior del Consejo, pero lo que sí es que el Directorio ha manifestado explícitamente su preocupación por el tema y ha mandatado a la administración del Consejo para que sea extremadamente proactivo en este tema porque lo considera hoy grave, atendido lo que representan los costos sistémicos en los costos eléctricos.

- ¿Qué tan preocupante es que el Gobierno se haya hecho cargo de este problema -que quizás es más propio de ciertas empresas- a través de un proyecto de ley?

- Esto es preocupante, porque efectivamente produce unos efectos negativos en el sistema eléctrico, altera las normas de mercado con las cuales hemos funcionado, y produce un incremento de costos injustificados para los consumidores finales. Y, por lo tanto, nos preocupa mucho que cualquiera sean los motivos por los cuales el Gobierno haya tomado cartas en el asunto, lo haya tomado. Esto debiera conducirse por otros derroteros, no por este, pero creo que estamos a tiempo.