Fontaine: “Hemos reducido sustancialmente los retrasos”

Después que el Panel Técnico de Concesiones (PTC) validara un atraso de 425 días por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en aprobar las ingenierías de diversas obras de la expansión del Aeropuerto de Santiago, el titular de la cartera, Juan Andrés Fontaine, explicó lo que han realizado para terminar con esta situación, que atribuye al gobierno anterior.

“Estamos plenamente conscientes de que esto es un lamentable retraso que ocurrió durante la administración anterior y hemos estado trabajando con ahínco para superar este problema (…) Tuvimos que ponerle aceleración a fondo a las aprobaciones, de manera que hemos reducido sustancialmente los retrasos”, señaló.

Y agregó que “nuestra preocupación, más que analizar el pasado, es tomar decisiones que resuelvan los problemas de cara al futuro y por eso precisamente reforzamos los equipos técnicos”.

El PTC también constató el retraso de 33 días lineales por parte de la concesionaria Nuevo Pudahuel y como no pudo especificar si el atraso del MOP impactó directamente en la ruta crítica de la ampliación del aeropuerto, pidió que se encargara una auditoría externa.

Esta es primera vez que el Panel solicita una medida de este tipo.

En este caso, al ser atrasos en días lineales, no se considera si alguno de esos días de atraso tuvo que ver con obras que debían estar listas simultáneamente, lo que podría incidir en el retraso global del proyecto.

Consultado por si existen avances en la auditoría, señaló que si bien aún no hay nada definido, están abiertos a la posibilidad de llegar “a acuerdo con la concesionaria sin pasar por ese estudio”.

Un panel para contratos directos

A juicio de Fontaine, el Panel de Concesiones ha tenido un buen desempeño a la hora de resolver discrepancias.

Esta instancia actualmente no existe para contratos que hace el MOP hace fuera del sistema de concesiones, lo que tiene como consecuencia, en la mayoría de los casos, que los problemas se terminen por resolver en Tribunales.

“Lo que queremos es poder incorporar una institucionalidad parecida en el resto de los contratos del Ministerio de Obras Públicas con contratistas, constructores por ejemplo, cosa que hoy el reglamento correspondiente lo impide”, dijo.

Agregó que la ausencia de un panel de esa naturaleza hace que las naturales diferencias tiendan a llegar a tribunales. “Eso crea una rigidez mucho mayor para dirimir en este tipo de discrepancias”, dijo.