Solo con información pública disponible, y dejando en claro que no tienen ningún conflicto de interés en la controversia, el director del Centro de Competencia de la UAI y exFiscal Nacional Económico entre 2010 y 2018, Felipe Irarrázabal (FI), y el economista y académico de la misma casa de estudios, Claudio Agostini (CA), se reunieron para analizar la reciente decisión de la Comisión Antidistorsiones de imponer sobretasas arancelarias de 24,9% a las barras de acero y de 33% para las bolas de molienda provenientes de China.
Si bien en primera instancia, en marzo, ante las solicitudes de Huachipato y Molycop se fijó una tasa transitoria de 15,1% en el caso de las barras de acero a pesar que Huachipato pedía 25%, en la sesión de la Comisión realizada en abril, se optó por elevar la cifra a 25%, provocando que se revirtiera la suspensión indefinida de la siderúrgica anunciada el 20 de marzo. En la Comisión, la decisión contó con la oposición de los tres representantes de la FNE y el Banco Central, y con el voto a favor de los cinco funcionarios de los ministerios y aduanas. Elecmetal, empresa ligada al Grupo DF, aseguró que las nuevas medidas provisionales “confirman la arbitrariedad y politización del proceso”.
Agostini reflexiona: “Huachipato pierde plata desde 2009, 15 años. ¿De verdad hay otras empresas que son capaces de vender bajo costo para hacer quebrar a Huachipato por 15 años? Me cuesta creer eso”.
“Nunca estuve tan cómodo siendo presidente de la Comisión. Porque nunca estuve tan satisfecho con el nivel del análisis que se hacía”, sincera Felipe Irarrázabal.
“Podría haber dumping en algún grado o algunos años, pero que la crisis de Huachipato sea producto del dumping de China creo que no hay buenos datos y buena causalidad para eso”, dice Claudio Agostini.
Y agrega: “la Comisión Antidistorsiones miró el tema en una primera instancia. Tres personas dijeron que no hay evidencia de dumping y las otras cinco dijeron que sí podría haber y pusieron una tasa transitoria de 15% en el caso de las barras de acero a pesar de que Huachipato pedía 25%. Y la semana pasada, se juntan de nuevo y dicen que en realidad vamos a cambiar la decisión, y vamos a subirlo a 24,9%”. Y concluye: “Huachipato anunció que iba a haber despido masivo, el Gobierno se pone nervioso, y producto de esa presión, una forma fácil de salir jugando es subir a lo que se estaba pidiendo y tiene la mayoría para poder hacerlo. No sabemos si eso ocurrió, pero es una hipótesis que me parece razonable”.
- Felipe, usted como Fiscal Económico fue presidente de la Comisión Antidistorsiones por ocho años. ¿Esto fue una decisión política más que técnica?
- FI: La Comisión tiene una composición compleja y este es un caso que tiene su historia en la forma cómo ha operado antes. Mi impresión durante esos ocho años que fui presidente era que los representantes del Ejecutivo más políticos tenían una tendencia a hacer revisiones menos precisas o técnicas que lo que era el Banco Central y a lo que está acostumbrada la FNE. Y ahí hay un cuestión complicada de la Comisión, porque hay una recomendación, pero el que tiene la posibilidad de tomar la decisión por los votos es el Ejecutivo a través de sus cinco representantes. Pero después, el que tiene la posibilidad de decidir en definitiva qué es lo que se va a hacer es el mismo Ejecutivo.
-¿Pero han existido decisiones en el pasado de otros casos que podrían dar a entender que hay una influencia o presión política?
-FI: La forma de tener un orden más razonable es que vayamos mejorando la técnica. Y para eso probablemente necesita personas que se focalicen más en la técnica y dejemos que el proceso político transcurra, pero a propósito de la recomendación. Que la política no ingrese al mundo técnico, pero que no quiere decir que el mundo técnico le diga lo que tiene que hacer al mundo político, porque son dos procesos separados.
- ¿Pero esta es una comisión que no funciona correctamente?
- FI: Creo que no ha funcionado tan mal. Porque si miras la historia hacia atrás ves que Chile ha sido bastante restringido en qué cosas proteger y qué no y ha sido cuidadoso. Este caso da la impresión que es distinto en eso.
- ¿En este caso la comisión sí ha funcionado mal?
-FI: En este caso, veo tres o cuatro errores que me saltan a la vista y veo una suerte de desprolijidad en relación a la parte procesal que también me produce nerviosismo en el sentido de que las cosas se estén haciendo muy a matacaballo y que no haya alguien que esté pensando en el interés de Chile, qué es lo que realmente le conviene a Chile, cuáles son los riesgos de las cosas que estás tomando. Y la regla de oro del sector público es que hagas cosas que duren.
- Pero cuando dice que hay problemas de fondo y procesales, ¿antes no lo había o no los hubo? ¿O siempre hay problemas?
-FI: Yo nunca estuve tan cómodo, digamos, siendo presidente de la Comisión de Distorsiones.
- ¿Por qué?
- FI: Porque nunca estuve tan satisfecho con el nivel del análisis que se hacía y muchas veces me tocó representantes que opinaban de una manera y después votaban de otra, porque tenían una instrucción específica del ministro que representaba. Y varias veces me cabreé, porque incluso esto ocurría muy encima. Y eso me tocó verlo en el gobierno de Piñera y en Bachelet. Entonces, este no creo que sea el mejor alumno de la institucionalidad chilena.
- ¿Hoy esta es una institucionalidad que no está funcionando más allá de este caso puntual?
- CA: Ojalá esto sea una oportunidad para decir hasta aquí llegó esta comisión como la conocemos y vamos a tener una comisión ahora autónoma, independiente, con personas que no son funcionarios de Gobierno, y que hagan una recomendación al Gobierno basado estrictamente en criterios técnicos y después el Gobierno verá qué decide.
-Pero en muchos otros países del mundo se ha establecido este tipo de medidas. ¿Cómo se explica?
- CA: Hay dos elementos. Si el argumento es ‘todos los países lo hacen’, no, eso no es argumento. Lo segundo, cuando uno mira lo que han hecho algunos países, en los casos que ha habido alguna evidencia de dumping, reaccionan como se reacciona frente al dumping, con medidas que son temporales y con el margen adecuado. De la escala que está pidiendo Huachipato son pocos. Por el período de tiempo que está pidiendo, casi ninguno. Huachipato dice que hay dumping y quiere una sobretasa permanente. Esas dos cosas son inconsistentes. En todos estos ejemplos que ellos citan, no hay países que tengan una sobretasa por dumping de 15 años.
- Biden pidió triplicar los aranceles al acero chino...
- CA: Ya, pero la sobretasa en EE.UU es 9%, no es 25% como está pidiendo Huachipato. Biden dijo que la quería triplicar, que no es que vaya a ocurrir, pero ¿en qué contexto lo dijo? Campaña electoral en un discurso al frente de los sindicatos de las productoras de acero en Baltimore. Si vamos a citar eso como el ejemplo técnico de poner sobretasa, tenemos un problema.
- FI: Si dicen ‘esto ha pasado en otros lados’, hay que mirar bien qué es lo que han hecho en otros lados y cómo lo han hecho. Y después habría que ver qué información tuvieron para poder hacer lo que han hecho. Y después hay que tener un cable a tierra de razonabilidad, saber que Estados Unidos tiene una posición comercial distinta a Chile en el contexto internacional.
- CA: Mi punto no es decir no hay dumping. Podría haber dumping en algún grado o algunos años, pero que la crisis de Huachipato sea producto del dumping de China creo que no hay buenos datos y buena causalidad para eso.Y discrepo en esto de que el acero puede ser estratégico y hay que tenerlo. Hay mercado mundial, hay productores en 15 o 20 países, hasta Austria produce y exporta, no le veo nada de estratégico. O sea, si pensamos en elementos estratégicos hoy, incluso desde el punto de vista de seguridad nacional, es mucho más estratégico la red eléctrica, las telecomunicaciones. Está lleno de cosas más estratégicas que el acero.
- Felipe, ¿efectivamente el acero podría ser un negocio estratégico?
- FI: No sé. Lo único que sé es que ese no es un tema que puede manejar la Comisión de Distorsiones.
- ¿Hoy no hay industrias protegidas en Chile?
- CA: El cabotaje. El transporte marítimo de carga dentro de Chile está protegido, solo lo pueden hacer empresas nacionales. Y las antiguas protecciones que había para otras industrias se cayeron por demanda ante la OMC.
Futuro de Huachipato
- ¿Qué hacer entonces con Huachipato? ¿Hay que cerrarlo?
- CA: Por supuesto. Una empresa que lleva 15 años perdiendo plata, no puede esperar que para sobrevivir tenga que poner plata, o el Estado o todo el resto de los chilenos. Lo correcto en una economía de mercado es que quiebre y cierre, debería haber cerrado hace tiempo. La única pregunta es cómo se hace. Ahí hay un rol para el Estado, pero no es salvataje de empresas, menos salvataje de empresas ineficientes. La pregunta es qué hace el Estado para hacer una transición más amable para las personas que quedan sin trabajo. Y ahí hay un montón de instrumentos. Ese es el rol del Estado y eso tiene que ver con determinar quiénes son los que de verdad se ven afectados.
- ¿Aún cuando existiera dumping?
- CA: Es que si el dumping fuera hoy no tendríamos 15 años de pérdida, tendríamos uno o dos. Y en ese caso uno dice, ‘ok, activemos la institucionalidad antidumping y se pone una sobretasa por un año y ya’ , pero son 15 años.
- ¿Y el hecho que no se haya reformado nunca la Comisión, habla también de un tema político?
- FI: Nunca había habido una decisión que tuviera tanto impacto como esta, por la magnitud de la empresa involucrada, por la magnitud de la sobretasa. Si uno mira las sobretasas que ha puesto la comisión hacia atrás, había tasas ocho o nueve y no se tocaron más nunca una de 25%. En los casos que conozco, puede que haya habido (...) creo que aquí se ha evidenciado más públicamente las falencias de la Comisión.
-¿Qué debiera ocurrir con Huachipato?
- FI: Si esto es el resultado o es la reacción para evitar eso, creo que se está usando un mal instrumento. Pueden haber cosas que quieras subsidiar, pero tiene que haber otra institucionalidad, otros procedimientos, otra ley para hacerlo.
Posibles retaliaciones
Otra preocupación que plantea Irarrázabal es si acaso se evaluaron adecuadamente las posibles consecuencias de una decisión como esta.
“Aquí votaron en bloque, pero te pueden venir retaliaciones en cualquier mercado y que no tienen una conexión con este caso. Y lo otro que a mí siempre me preocupó es la posibilidad de que exista un procedimiento ante la OMC (...) Existen procedimientos en la OMC y, si tú hiciste mal tu pega técnica, puedes tener responsabilidades como país en un procedimiento. En Chile no ha pasado porque este mecanismo se ha utilizado poco. Bastante más medido en el número (...) Pero tienes que pensar, y me imagino que ahí el representante de Relaciones Exteriores tiene que ser una persona con conocimiento para que sepa en qué nos estamos metiendo, porque puede ser que pongas esta medida y termines comprándote un juicio”.
Agostini y propuesta de ministro Grau sobre acuerdos entre mineras y Huachipato: “Si fuera una buena idea, la pregunta es por qué ninguna minera lo ha hecho”
Para intentar llegar a una salida que le dé continuidad a Huachipato, cuyo directorio había decidido cesar la operación del enclave industrial después de 70 años de funcionamiento, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se reunió con mineras y las instó a llegar a un acuerdo con la siderúrgica.
“Me parece bien intencionada, ingenua, y soy alguien que creo en el funcionamiento del mercado. Si eso fuera una buena idea, que puede serlo, la pregunta es por qué ninguna de las mineras lo ha hecho en todo este tiempo. Aquí el test del mercado es muy crudo. Es decir, si esa es una estrategia rentable, por qué ninguna minera lo ha hecho”, sostiene Claudio Agostini.
Según explica, “alternativa A, son todos unos ineptos y hay que echar a todos los gerentes generales de todas las empresas mineras. Dos, si de verdad esa es una buena estrategia y es correcta, basta que una minera lo haga y tiene una ventaja sobre todos los otros. Y tampoco ha ocurrido”. “Me cuesta creer que todos los directorios y todos los gerentes generales de todas las empresas mineras que hay en Chile son tan ineptos o sacaron tan mal los cálculos que no se han dado cuenta que ahí hay una oportunidad de mercado que les da una ventaja competitiva enorme”, añade.
“La economía de mercado no funciona con ingenuidad ni tampoco con intervenciones estatales en transacciones que son de mercado”, replica Irarrázabal.
- ¿Se podría pensar en una reforma a la Comisión Antidistorsiones?
Felipe Irarrázbal: Me parece que existen varios modelos distintos. Podrías ser una suerte como de panel eléctrico, que son personas reconocidas, y que hagan ese cálculo. De hecho, podrías pensar en sacar de esto a la Fiscalía Nacional Económica (...), pero dejar este grupo de cinco personas y que te generen la respuesta técnica y después discrecionalidad del Ejecutivo en la toma de decisión, y en base a la recomendación.
CA: Puede ser una fórmula, porque si uno lo mira ahora, para este caso, tienen que tomar una decisión en septiembre. Hay elecciones en octubre. Cuando Huachipato diga en septiembre, si no se renueva por un año 24,9%, vamos a cerrar y tienen 22.000 personas sin trabajo. ¿Existe alguna posibilidad de que los representantes del Gobierno voten en contra de eso, aunque los números no den? Lo veo poco probable.
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