En medio de una de las crisis hídricas más severas en la historia de Chile, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) lanzó su Reporte Anual de la Industria del Agua Potable y Saneamiento 2023, en el cual se destacó un aumento de 20% en las inversiones respecto a 2022, totalizando US$ 613 millones, las que fueron destinadas, sobre todo, a robustecer las obras en agua potable.
En ese contexto, el gremio explicó que las empresas de agua y saneamiento han hecho un trabajo de anticipación desde hace años para enfrentar los efectos del cambio climático, estrategia que implica una inversión por más de US$ 2.378 millones en el período 2020-2040.
“Este reporte nos ofrece una visión retrospectiva que nos permite evaluar los avances y las áreas que requieren mejoras. Nuestros principales enfoques han sido la inversión en infraestructura para anticipar y asegurar el suministro de agua, la mejora de la resiliencia ante eventos extremos y la satisfacción de nuestros clientes”, señaló la presidenta de Andess, Lorena Schmitt.
“Como sector, como país, no podemos esperar siete años a tener los permisos para poder hacer las obras que son de primera necesidad. Necesitamos avanzar en una institucionalidad que nos permita tener mejores proyectos y más rápidos”.
- ¿Cuál es el foco para 2024?
- Va a estar en las obras de infraestructura para la adaptación al cambio climático. Estas lluvias no terminan con la condición de la crisis climática que estamos viviendo. Tenemos que trabajar aún más en colaboración con el Estado para poder sacar adelante todas las obras que necesitamos.
- ¿En qué obras están trabajando?
- Chile es un país largo, con un desafío geográfico y climático complejo. Cada región, cada sanitaria, tiene que definir cuál es la solución. En el norte, tenemos la desaladora de Arica y la planta de tratamiento de Vicuña. En la zona central, tenemos proyectos innovadores que combinan tanto obras como acciones de mitigación. Y en el sur, tenemos obras que unen plantas con la captación del río.
- Para los próximos 15 años tienen una importante inversión, ¿dónde va a estar puesto el foco?
- La sequía es estructural, eso es lo primero. Lo segundo, es recordar que las sanitarias hacen sus inversiones en conjunto con la Superintendencia. Entre ambos definimos cuáles son aquellas obras que son necesarias en los próximos cinco años. Hay que mirar mucho más allá, porque los proyectos no se demoran cinco años.
- ¿Se está avanzando con la rapidez necesaria?
- En nuestra industria hay una salvedad, porque presta un servicio público, que además genera proyectos ambientales. Como sector, como país, no podemos esperar siete años a tener los permisos para poder hacer las obras que son de primera necesidad. Necesitamos avanzar en una institucionalidad que nos permita tener mejores proyectos y más rápidos.
- ¿Se está avanzando en eso?
- El Gobierno entiende que esto es un tema urgente. Sin embargo, hay que hacerlo con mucha profundidad, con evidencia y, por sobre todas las cosas, que sea efectivo con lo que buscan estos proyectos. La crisis hídrica es algo que tenemos que resolver entre todos.
Proceso tarifario
- ¿Los procesos tarifarios que están en curso están incluyendo los efectos del cambio climático?
- No conozco las bases que se están discutiendo. Pero en términos generales, el Gobierno ha ido entendiendo que las grandes obras de resiliencia, de adaptación al cambio climático se tienen que hacer, tienen que entrar al modelo.
- ¿Cómo se podría incluir?
- Hay distintos modos. El tema es complejo y se tiene que estudiar en cada caso, pero es inevitable.
- ¿Ha habido apoyo por parte del Gobierno?
- El regulador ha ido incorporando obras de adaptación al cambio climático en los planes de desarrollo, hay conciencia compartida del sector respecto a lo que necesitamos hacer para anticiparnos.
- Estas grandes obras requerirán una gran inversión, lo que podría llevar a un alza en las tarifas. ¿Están pensado en algún subsidio?
- No como subsidio. El Gobierno ha dicho que está evaluando un sistema de tarifas bloques y que está realizando diversos estudios. Desde nuestra mirada, lo importante es definir el objetivo que persigue una política pública. Por ejemplo, se podría incentivar el consumo responsable con un cargo adicional y así los altos consumos podrían financiar en parte obras contra los efectos del cambio climático.
- ¿En qué va el cambio del modelo tarifario?
- Entiendo que se ha estado trabajando bastante bien, rigurosamente por parte del Gobierno, con mucho análisis y estudios. Hay que hacerlo muy bien, porque echar a andar una política pública de la cual no sabemos bien cuáles van a ser sus efectos, es muy complejo, especialmente en un período en que necesitamos darle en el clavo. Acá el objetivo es tener resultados concretos para paliar la crisis hídrica. Nosotros creemos que el alto consumo podría pagar ciertas obras.
- ¿Va en el camino correcto?
- Siempre y cuando tenga un objetivo de fondo. Creemos que el foco de contribuir a resolver la crisis hídrica es un objetivo de política pública relevante. Y en ese sentido, yo diría que los altos consumos podrían paliar de alguna manera eso.
- ¿Esta medida debería ser a nivel nacional o local?
- Todo depende de la herramienta que se ocupe. Esto no va a ser necesariamente una ley, esto puede ser administrativo, parte de los ajustes tarifarios o del reglamento. Lo que sí es que las soluciones tienen que ser de acuerdo a cada región; ya no existe una solución única.
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