Mientras en el Congreso comienzan a organizarse para dar continuidad al proceso constitucional, desde la academia tres expertos delinean los temas que deberían despejarse para avanzar en un texto que esta vez congregue a la mayoría.
El profesor de Derecho Constitucional de la UC, José Francisco García, considera que el nuevo proceso tiene el imperativo de “lograr una constitución que nos una”. El abogado dice que lo razonable es tener otra Convención, pero asesorada por expertos y en un plazo acotado.
A pesar de que apoyaron opciones distintas en el plebiscito, el también profesor de Derecho UC, Sebastián Soto, concuerda y agrega que se debe generar una forma de elección de convencionales que impida la fragmentación y un compromiso a “desterrar el tono refundacional”, además de que la carta sea sobria.
La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Claudia Sarmiento asegura el proceso deber continuar “de la misma manera en que comenzó: con un acuerdo en el Congreso”. “No existen dudas sobre la necesidad de una nueva Constitución, sino de cuál debería ser ésta. Para responder esta pregunta el Congreso es el espacio de deliberación más idóneo”, aseveró.
Hoja en blanco
Sobre su contenido, Sarmiento agrega que no parece factible partir de cero. Asimismo cree necesario tomar como insumos las Constituciones de 1925, 1980, las conclusiones del proceso participativo llevado adelante por el gobierno de la expresidenta Bachelet y también, el texto presentado por la Convención Constitucional.
Soto añade que, aunque la propuesta va a ser totalmente nueva, debe considerar una serie de disposiciones comunes a todas las constituciones. “Lo más sensato es escribir desde la tradición chilena adoptando los cambios y reformas que nos muestran los países que queremos imitar, que no son Bolivia o Ecuador”, sostiene.
Por su parte, García detalla que se deben acordar un conjunto mínimo y general de cinco o seis pactos políticos fundamentales, que orienten el trabajo de una futura convención.
Entre ellos, menciona la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho; la igualdad sustantiva; la multiculturalidad de los pueblos originarios; el compromiso con el medioambiente; grados de descentralización; la sostenibilidad fiscal; y el enfoque de género. Sarmiento menciona también un rol más acotado del Tribunal Constitucional en el control de normas, entre otros.
Mientras que García enfatiza que asuntos como el Estado Plurinacional; la justicia indígena; y la naturaleza como titular de derechos fundamentales, “parecen quedar descartados”.
En cambio, señala que otros como el Estado Plurinacional; la justicia indígena; y la naturaleza como titular de derechos fundamentales, “parecen quedar descartadas”.
En cambio, señala que otros como el Estado Plurinacional; la justicia indígena; y la naturaleza como titular de derechos fundamentales, “parecen quedar descartadas”. Más complejo, añade, son las modificaciones al sistema político, donde estima que hay pocas posibilidades de volver a la eliminar el Senado o la iniciativa exclusiva presidencial legislativa.
Sobre esto último, Soto cree se debiera corregir los errores del texto para alcanzar un presidencialismo que permita formar coaliciones estables. Es muy crítico con el proceso y remata que “son tantos los defectos del proyecto que no creo que puedan ser listados en un espacio tan breve”.
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