Hace cinco años se estrenó la facultad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de realizar estudios de mercado con el fin de recomendar políticas públicas para corregir los defectos competitivos de algunas industrias. A un ritmo de uno por año, la entidad está cursando el sexto análisis, mientras la herramienta comienza a mostrar sus efectos.
El exsubfiscal Nacional Económico, Mario Ybar, dice que ésta ha sido la mejor herramienta técnica que se implementó tras la reforma al sistema de libre competencia en 2016. "Uno de los elementos que te permite medir la excelente calidad de las guías de recomendación, es que los cambios administrativos aplicados han funcionado bien. A esto se suma que los temas que Fiscalía ha puesto sobre la mesa nunca han sido rebatidos por las industrias interpeladas, ya que generalmente la pelea técnica la gana la FNE", dice.
Sin embargo, Ybar recalca que hay que profundizar la relación de la FNE con el Congreso, ya que "lamentablemente" hay cuellos de botella para que los resultados que detecta el organismo, se apliquen. "El grueso de las recomendaciones plasmadas en los proyectos aún están estancadas, siendo que las medidas impulsadas por la FNE son relativamente baratas de implementar", agregó.
Estos son los avances que ha mostrado la implementación de las distintas recomendaciones de los estudios que se han realizado.
Los avances de la primera recomendación
El estudio sobre rentas vitalicias fue el primer estudio que se realizó. La recién creada Comisión para el Mercado Financiero (CMF), revisó la guía enviada por la FNE y aplicó en enero de 2019 una modificación a la regulación del Sistema de Consultas de Montos de Pensión para mejorar la información que reciben las personas al momento de pensionarse, siendo este tema el eje central de la recomendación.
Esto significó cambios al certificado de ofertas para que se entregue información más completa y transparente, por ejemplo, en cuanto al monto de la pensión, la clasificación de riesgo de las aseguradoras, la tasa de descuento y el costo que podría asumir un pensionable si contrata a través de un intermediario.
Otro impacto positivo fue que a fines de noviembre de 2018, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones que recoge una de las propuestas de la FNE, respecto a la eliminación de ofertas externas. Esto se traduce en que las empresas financieras no pueden presentar más de una propuesta de pensión a las personas, sino que todas deben competir con una única alternativa.
En marzo de 2020 la iniciativa entró a segundo trámite constitucional con suma urgencia, sin embargo, no presenta ningún movimiento en 14 meses.
La reforma a los notarios que duerme en el Congreso
Cuando la FNE propuso reformar el sistema notarial en Chile en 2018, el Ejecutivo reaccionó rápidamente y presentó en pocas semanas un proyecto de ley para modificar el modelo en sus aspectos orgánicos y funcionales.
La propuesta legislativa se basó fundamentalmente en el diagnóstico y análisis de competencia realizado por la FNE, en que se abordan aspectos cruciales como el cambio al sistema de nombramientos, la “desnotarización” de trámites, la instrucción de competencia en el mercado por medio de la figura de los “fedatarios” (lo que la FNE denominó “notarios certificadores”), un nuevo esquema de fiscalización y auditoría, además de la digitalización del sistema notarial.
Estos cambios se deben a que la FNE detectó importantes obstáculos a la competencia, como barreras de entrada, y una regulación muy restrictiva en cuanto a la forma en que deben proveerse los servicios, lo que impide la innovación y el uso de tecnologías modernas.
Después de dos años de trámite, en enero de 2020 la iniciativa pasó a segundo trámite constitucional, pero desde entonces no han habido avances en el Congreso, pese a que se mantiene con “suma urgencia”.
La mayor competencia en los textos escolares
Cambios en el modelo de licitación de textos escolares fue el gran aporte de la FNE para el Ministerio de Educación a través de su tercer estudio. El gobierno adoptó íntegramente las recomendaciones, lo que hizo que incrementaran desde 2,5 competidores promedio por concurso hasta 6 rivales, con la entrada de la Universidad San Sebastián en el proceso.
Dentro de las modificaciones, se recomendó aumentar los plazos para presentar propuestas, eliminar requerimientos y especificaciones de difícil interpretación, separar completamente el contenido de la impresión de los textos, y a establecer un calendario de largo aliento para la adquisición de textos escolares.
Sin embargo, en materia de modificaciones para el mercado privado, el gobierno no ha implementado ningún cambio recomendado. La FNE propuso que se incentivara a que los colegios adquieran los textos como un insumo más del servicio educacional que proveen. Y, para eso, se propuso darles la obligación de informar y justificar a los apoderados la elección de los textos, mediante una comunicación estándar, además de crear un sistema de información de oferta de textos centralizada que facilite la búsqueda de alternativas a los colegios y que genera una vitrina especial a las editoriales que no ganan licitaciones, pero cuyos textos fueron aprobados.
Los últimos ajustes a la Ley de Fármacos II
En la recta final de su discusión está el proyecto de Ley de Fármacos II que, aunque cumple seis años de tramitación, en las últimas modificaciones del texto se recogieron la mayoría en las recomendaciones de la FNE. Un ejemplo, es lo que el Ejecutivo introdujo una indicación donde establece la necesidad de regular el precio de venta al público de algunos medicamentos, así como la tarifa de dispensación de las farmacias, con el objeto de incentivar la competencia por precio y no por marca.
Adicionalmente, también se encuentra la inclusión de la receta por DCI (Denominación Común Internacional), y la prohibición de traspasos de dinero entre los laboratorios y farmacias.
Sin embargo, el impacto más directo que tuvo este cuarto estudio de mercado se dio en mayo de 2020, cuando el Ministerio de Salud (Minsal) autorizó a través de un decreto la venta online de medicamentos de venta directa y aquellos que son expendidos con receta simple o retenida. Esto, porque la FNE había detectado que el 80% de los medicamentos inscritos en Chile no tienen alternativas bioequivalentes y que los laboratorios realizan inversiones superiores a los US$ 200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos.
Ahorros en las compras públicas
El 29 de marzo de 2020, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que busca modernizar el sistema de compras y contrataciones públicas, basado en el diagnóstico y análisis de competencia realizado por la FNE en su estudio de mercado para mejorar el sistema implementado en 2003.
Dentro de las recomendaciones, se encuentra la de otorgar facultades regulatorias a ChileCompra, ampliar la competencia del Tribunal de Contratación Pública, un nuevo sistema digital y regular un modelo estructurado de planificación. En la misma línea, respecto a los convenios marco, que son una de las herramientas que tiene el Estado para facilitar la compra de bienes y servicios, se facultó a ChileCompra a establecer un número máximo de proveedores en la primera etapa y los criterios obligatorios para la elección de bienes y/o servicios en la segunda etapa.
Además, ChileCompra también siguió por su propia cuenta las recomendaciones realizadas por la FNE respecto al diseño de los convenios marco. Un ejemplo, fue la última licencia de Software de Ofimática y Servicios de Migración e Instalación que se publicó en diciembre del año 2020, que fue adjudicada en marzo de este año. En ese proceso se lograron descuentos promedios de un 65% respecto de los precios de lista de soluciones de gamas similares y de un 51% promedio respecto de los precios tope definidos para la licitación, ob
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