- Evidentemente, esto habla de una crisis profunda para el Poder Judicial, que se suma a una crisis de la institucionalidad que venimos viendo desde antes del estallido social. El Poder Judicial ya venía con niveles de confianza muy bajos y, cuando explota el caso Audios, se profundiza una situación que ya era bastante mala.
- ¿En qué estado queda la Tercera Sala? El ministro Muñoz integraba dicha instancia y era conocido por su peso en ella.
- Cuando él entra estaba en una posición más bien minoritaria, pero con el paso del tiempo fue ganando ascendencia en la doctrina de la Tercera Sala y poder gravitacional, por varias razones.
Él, por una parte, tenía una enorme capacidad de trabajo, estudiaba muy a fondo las causas, entiendo que tiene una personalidad bastante fuerte, pero además porque él representa una visión del Derecho que se aleja de una visión más formal que entiende el Derecho como un apego a las reglas. Él representa al juez que entiende que su rol primordial es hacer justicia, y para eso muchas veces ocupa el derecho constitucional y la figura de los derechos internacionales no para interpretar las reglas, sino que directamente para contradecir las reglas.
“Él representa al juez que muchas veces ocupa la figura de los derechos internacionales no para interpretar las reglas, sino que para contradecirlas”.
- Para algunos el caso emblemático es el de las Isapres.
- En ese caso, esta actitud del ministro Sergio Muñoz llegó al paroxismo, porque ahí violentaron el efecto relativo de la sentencia. Y cuando hacen eso, eso ya es un paso más allá del activismo judicial. Eso es, derechamente, una usurpación de funciones legislativas, porque solamente el legislador puede legislar en general. En circunstancias muy excepcionales y muy especificadas el Tribunal Constitucional puede actuar como un legislador negativo, es decir, decir que una determinada norma es inconstitucional.
- ¿Cómo se restituye la confianza en el Poder Judicial después de este golpe?
- El Gobierno acaba de ingresar un proyecto de ley que modifica los nombramientos. Más allá de que uno puede tener ciertas diferencias en algunos detalles, es un buen proyecto de ley, que además recoge un consenso bastante transversal. El Gobierno y el Ministro de Justicia se alejaron de tomar posiciones partidistas que dividían y realmente recogieron las conclusiones de un debate que venimos teniendo desde 2018.
Por una parte, están las reformas a los nombramientos, pero creo que también hay que hacer una reforma en disciplina. El sistema disciplinario también requiere una reforma, hoy es muy escueta la regulación, está muy anticuada. Y también deberíamos preguntarnos por el rol de la Corte Suprema, ¿qué es lo que debe hacer la Corte Suprema?
Y luego hay algo que es imposible de cambiar con reformas legislativas, que es el comportamiento ético de los integrantes, y eso lamentablemente es la naturaleza humana. Por buenas que sean tus instituciones, si los integrantes no se comportan éticamente, no hay nada que hacer.
