Resta poco más de dos meses para que la normativa ESG, que incorpora exigencias y temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo en la Memoria Anual de las entidades supervisadas CMF, entre en vigencia. Y los estudios jurídicos ya se preparan para asesorar a sus clientes en este tipo de normas que vienen no solo a establecer reglas, sino a evidenciar el interés de las empresas en Chile por contar con mejores prácticas corporativas.
Y es en este contexto que este lunes Jara del Favero abogados lanzó oficialmente la alianza con WSP Chile, una empresa de origen canadiense líder en servicios profesionales de consultoría en recursos hídricos y sustentabilidad. Lo anterior, con el objetivo de reforzar el área ESG, que moderniza la información de sus clientes en materia medioambiental, social y de gobernanza.
De esta manera, el área estará liderada por Christian Schiessler, socio de JDF Abogados, y Javier Naranjo, director de Medioambiente del estudio, quienes trabajarán en conjunto con un equipo multidiciplinario que cuenta con expertos en derecho tributario y área laboral, entre otras materias.
Según cuenta Naranjo, desde la firma han detectado que "en Chile existe una gran importancia y relevancia en todo lo que son las prácticas de sostenibilidad, especialmente en las empresas y en el sector privado". Y es a partir de este contexto que la asociación estratégica con WSP, como una empresa especialista en la materia multinacional, cobra relevancia.
"Las prácticas de sostenibilidad van mucho más allá de la obligación de la norma (...) hay un interés en general por parte de la empresa del sector privado en Chile de poder incorporar más y mejores procedimientos", señala el abogado que fue ministro de Medio Ambiente en el segundo gobierno de Piñera.
Por su parte, Christian Schiessler, comenta que esta norma "viene a reflejar una realidad". Y apunta a la relación entre las empresas y el público general, los inversionistas y los stakeholders, quienes "se están fijando nuevos criterios y, por lo tanto, esa es la información que se considera relevante para tener una relación con la compañía", dice.
"Estos criterios no hacen distinción. Pegan transversalmente en el mercado tal y vienen a fomentar la inclusión de normas que son internacionales", explica Schiessler.
Juan Ignacio Ríos, Country manager WSP Chile, por su parte, destacó la necesidad de reforzar la gobernanza al interior de las compañías y comentó que esta alianza, más allá de reforzar la implementación de estos estándares, ayudará a mantenerlos operativos.
"Apoyamos una cantidad muy relevante de compañías desde el origen, el análisis ambiental de un proyecto, todo lo que después viene desde la perspectiva del desarrollo de proyectos en el mundo de la ingeniería, y por último la operación bajo criterios de sustentabilidad", indicó Ríos.
Implementación gradual de la norma
De acuerdo a los expertos, actualmente existen compañías mineras, de energía y dedicadas al sector industrial que están muy interesadas en internalizar esta norma. Y cuentan que entre los factores que observan a futuro figuran el cambio climático, el mercado de carbono, los impuestos verdes, entre otras cosas.
"Ser sostenible significa no solamente el poder producir financieramente o tener acceso a las materias primas, sino que además se debe cumplir con los empleados, con la comunidad y los inversionistas", explica Ríos.
Y comenta que por el momento no están trabajando "en función de hacer cálculos respecto de cuántas compañías van a querer venir a nosotros en el entorno de una asesoría", pues indica que "el concepto aquí es poder apoyar a los clientes en todos los frentes donde ellos requieran de nosotros".
"Nuestra intención es llegar a la mayor parte de las compañías listadas en Bolsa, pero también, y casi en paralelo, empezar a trabajar con las instituciones financieras donde el desafío es más complejo", comenta.
Cabe destacar que los alcances de la norma fue publicada por la CMF en noviembre del año pasado y apunta a permitir que los inversionistas puedan distinguir "aquellas entidades que están mejor preparadas para identificar, cuantificar y gestionar riesgos ESG y, por tanto, en las cuales sus intereses estarán mejor resguardados", según señala la entidad en su sitio web.
De este modo, aquellas sociedades anónimas abiertas que superen un activo total consolidado por 20 millones de UF consolidados calculados a la fecha de inicio del año a que se refiere la Memoria, deberán aplicar esta norma ESG a partir del 31 de diciembre de este año. Mientras que aquellas compañías que reporten activos por 1 millón de UF deberán hacerlo en marzo de 2023.
Y aquellas sociedades anónimas especiales como bancos, o entidades de infraestructura financiera, compañías de seguros y administradoras generales de fondos, deberán aplicarla desde el 31 de diciembre de 2024, "por lo que deben remitir su Memoria conforme al nuevo formato desde 2025", dice la CMF.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
empresas
