Un intenso debate ha caracterizado la tramitación y posterior aprobación en el Congreso del proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. La iniciativa -que busca mejorar las normas vinculadas a los delitos conocidos como "de cuello y corbata" y el cumplimiento real de las sanciones- toca diversos aspectos. Entre ellos, establece categorías de delitos, para calificarlos como "delitos económicos", y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas a los mismos; y contempla que la condena por delitos económicos conlleve el comiso de las ganancias, entre otras materias.
Así, de cara a su implementación, las gerencias legales de las empresas están trabajando para asumir el nuevo escenario. Charlas, capacitaciones, y la revisión del catálogo de delitos para incluir los que correspondan en las matrices de riesgos, son parte de las actividades que ya están desarrollando para cumplir con la nueva ley.
Y, aunque se reconocen efectos, como mayores costos para la empresa, también se está viendo el nuevo desafío como una oportunidad para contar -por ejemplo- con un modelo de cumplimiento más integral, que incluso podría convertirse en un activo a futuro.
Rodrigo Pérez, gerente legal Colbún.
Colbún: "El principal esfuerzo debe ser tratar el compliance de la nueva ley con una mirada más integral"
La inclusión de nuevas sanciones, principalmente porque existe cierta incertidumbre en la forma en que éstas serán llevadas a la práctica, como -por ejemplo- el comiso de ganancias y las multas por día; y la creación de la figura de un supervisor o interventor, son algunas de las preocupaciones que observan en Colbún. Si bien su gerente legal, Rodrigo Pérez, reconoce que la ley de delitos económicos plantea un gran desafío para las empresas, añade que "también representa una oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos de nuestros procesos y gobernanza en general". Y, de paso, "minimizar la exposición a eventos que pudieran impactar nuestro negocio y su reputación".
En Colbún consideran "razonable" contar con un plazo de 12 meses desde la promulgación de la ley para adaptar su modelo y las prácticas asociadas. Para Pérez, la nueva ley introduce una amplia variedad de figuras penales que se agregan al catálogo de delitos, susceptibles de generar responsabilidad penal en las empresas, "lo que implicará un esfuerzo significativo para todas las organizaciones".
Lo anterior, explica, porque "se deberá analizar, actualizar y en definitiva fortalecer los modelos de cumplimiento, políticas, protocolos y procesos de negocio de las organizaciones, en base a las nuevas exigencias que esta ley nos impone". Además, dice, "será necesario volver a capacitar a todo el personal, partiendo por los ejecutivos principales e incluyendo a otros actores que participan en la cadena de valor de las organizaciones, como proveedores, clientes y otros socios del negocio en general".
En concreto, están participando en diversas charlas y talleres organizados por estudios de abogados y asesores especializados en cumplimiento normativo, y consultando con abogados especialistas en áreas que están incorporadas en la nueva legislación y que se relacionan con el negocio de la firma. A lo que se suma que se encuentran en proceso de planificación de presentaciones dirigidas a altos ejecutivos de la compañía, incluyendo al Comité de Auditoría y al Directorio.
Eso sí, puntualiza Pérez, no han contratado más especialistas hasta el momento. "En general, creemos que el principal esfuerzo debe ser tratar el compliance de la nueva ley de delitos económicos con una mirada más integral que centralizar los esfuerzos en una sola área", sostiene. Según detalla, están "tratando de identificar líderes o responsables por cada área de procesos que pudiereran -de acuerdo con nuestro negocio- tener el riesgo de la comisión de algunos de los delitos descritos en el proyecto". Por ejemplo, áreas de medioambiente, gobierno corporativo, tributaria, informática, entre otras.
Con todo, la firma de energía ya ve que la nueva ley implicará mayores costos para las empresas y organizaciones, incluyendo asesorías legales para aterrizar nuevas exigencias, asesorías de expertos en compliance y tiempo de dedicación de ejecutivos y personal al interior de la empresa para actualizar los modelos de prevención de delitos.
Camila Noreña, gerenta legal de Credicorp Capital Chile.
Credicorp: la ley "implicará mayores costos para la compañía"
A toda velocidad están trabajando en Credicorp Capital Chile para cumplir los plazos de implementación, los que -según sinceran- "siempre son acotados y en este caso ha sido así".
La gerente legal de Credicorp Capital Chile, Camila Noreña, señala que están trabajando activamente para capacitar a la compañía en esta nueva ley, particularmente, en aquellos delitos que son de mayor ocurrencia en el tipo de industrias en que se desarrollan, así como actualizar las políticas y manuales correspondientes. "Creemos que esta es la labor más tediosa y que requiere más tiempo junto con la correspondiente actualización del modelo de prevención del delito", indica.
Como parece ser la tónica, el área legal y de cumplimiento están participando activamente en seminarios y charlas impartidas por universidades, estudios de abogados y centros de estudios para lograr -dice Noreña- "una interiorización profunda de los alcances de la nueva ley". También, relata que han coordinado la realización de capacitaciones, por asesores externos, a la planta directiva y gerencial de la compañía. Posteriormente, se dedicarán a capacitar al resto de los colaboradores. Y añade que además han "comenzado la revisión del catálogo de delitos para poder incluir aquellos que corresponda en las matrices de riesgos y en el modelo de prevención correspondiente".
Por el momento, no se ha barajado reforzar los equipos. Las labores serán absorbidas por los actuales equipos de cumplimiento y legal de la compañía. Aunque, de todos modos, la complementación de los equipos, a juicio de la gerenta, es un tema que se observa y revisa en forma constante.
Lo que sí creen en Credicorp Capital Chile es que la ley "implicará mayores costos para la compañía". Junto con estimar que será necesario una mayor capacitación al personal que involucrará invertir más en esa área, Noreña explica que, por ejemplo, respecto al tipo de proveedores que contratarán, "será necesario recurrir a empresas más grandes que puedan soportar un sistema de prevención de delitos acorde a la nueva normativa a fin de poder limitar los propios riesgos de la compañía, lo que supone un mayor costo en los servicios". Asimismo, "debido a la responsabilidad que significa para ciertos cargos como el gerentes y directores, sus remuneraciones pueden verse incrementadas a raíz de los mayores riesgos que estarán asumiendo".
De todas formas, destaca Noreña, "esta ley también debe verse como una oportunidad para que, a través de una mayor integridad corporativa, se genere un valor sostenido en el tiempo para las compañías". "Futuros clientes o proveedores extranjeros buscan seguridad y confianza en las empresas de la región para invertir. Esta ley es una oportunidad para que las empresas cumplidoras se distingan de las demás y generen ventajas corporativas, que con el tiempo podrían convertirse en un activo", reflexiona.
Con todo, en Credicorp ya tienen identificados los aspectos más críticos y de mayor preocupación que están observando en la implementación de la nueva ley. Noreña identifica la falta de certeza por parte tanto de directores como gerentes respecto a los efectos de la ley por la complejidad y la amplitud de la redacción de algunos tipos penales. También, que la ley eleva las multas que se aplicarán en el caso de incumplimientos.
Suma que la existencia de la agravante muy calificada hace previsible que los directorios reduzcan la velocidad con la que pueden tomar decisiones y también requieran de un mayor número de antecedentes. "Supone una gestión mucho más costosa y burocrática (...) Adicionalmente, puede significar un desincentivo a la participación de personas naturales en cargos superiores", dice. Y añade la responsabilidad de la persona jurídica por actos de terceros que presten servicios, incluso sin representación: "Esta extensión de la responsabilidad de la persona jurídica, junto con el hecho de que se eliminó el requisito del provecho efectivo, obliga a las empresas a tomar un rol de supervisión más activo, que será más costoso y riesgoso".
Enrique Ortúzar, fiscal de Viña Concha y Toro.
Concha y Toro: identificación de delitos aplicables a la compañía y capacitaciones
La preparación de cara a la ley también está activa en Viña Concha y Toro. Así lo evidencia el fiscal, Enrique Ortúzar, quien reconoce que, si bien las modificaciones referidas a la responsabilidad penal de la empresa entrarán en vigencia en el plazo de un año, el resto de su contenido sí entra en vigencia inmediatamente, "por lo que se nos exige desde ya mucha proactividad y planes para que todos quienes trabajan en la empresa conozcan las implicancias de la nueva ley, los riesgos a los que ellos están expuestos y a los demás efectos de posibles infracciones".
Por esto, afirma, "dentro de los planes está el inicio de capacitaciones en el menor tiempo posible, con la implementación de otros planes de difusión e incorporación de acciones de detección y mitigación".
El fiscal de Viña Concha y Toro sostiene que "la empresa está enfrentando la nueva ley como una oportunidad para continuar su trabajo en lo que se refiere a la implementación de mejoras en los planes compliance". En ese sentido, añade que, junto a las áreas de Gestión de Riesgos se está trabajando en la identificación de los delitos aplicables a la compañía, para luego incorporarlos en la matriz de riesgos actual. Esto, para posteriormente revisar los protocolos. "A ello se suma un programa de capacitaciones y charlas, con el apoyo de asesores externos", puntualiza.
Consultado por si están pensando o ya han contratado más especialistas para robustecer o incluso crear un área específica de compliance, Ortúzar aseguró: "Esperamos robustecer el área con recursos internos. Sin embargo, para las etapas de evaluación inicial e implementación de los planes, se está trabajando con nuestros asesores externos y posiblemente otras firmas expertas en la materia".
A la hora de evaluar los puntos más críticos y de mayor preocupación que están visualizando en la implementación de la nueva ley de delitos económicos, Ortúzar recalca que "en Viña Concha y Toro estamos ocupados en la aplicación de la normativa en la materia, sin distinguir aquellos aspectos que nos pueden generar algún juicio de valor o crítico y más allá de las dificultades que pueda tener".
No obstante, aclara: "La mayor preocupación descansa en lo difuso de algunos de los tipos penales nuevos, que hace muy complejo la implementación de planes efectivos de cumplimiento". Además, complementa, "el proyecto de ley modifica sustancialmente algunos de los principios de derecho penal que estaban muy internalizados en nuestro sistema".
Bárbara Leighton, gerenta legal Unilever Chile y Perú
Unilever: Plan de trabajo previo a la promulgación
Una afectación a los derechos fundamentales es lo que más le preocupa a la gerenta legal de Unilever para Chile y Perú, Bárbara Leighton, quien enumera una serie de figuras que generan incertidumbre con la aplicación de esta nueva ley. La falta de una definición clara en las sanciones, la figura de la multa-día que no permite establecer con precisión la cuantía de la sanción en sí misma, en fin, una normativa que a su juicio parece alejarse de los principios tradicionales del derecho penal, “ya que se enfoca más en sancionar al autor en lugar de la conducta en sí”, enfatiza.
Pero el tiempo apremia y Leighton apunta a que los doce meses de plazo para la implementación de la norma que extiende de 20 a 200 el catálogo de delitos es a todas luces “insuficiente”. De ahí que en Unilever, desde antes de la promulgación de la norma, han desarrollado un plan de trabajo para asegurar su implementación dentro de los plazos.
“Afortunadamente, hace varios años establecimos un sólido manual de prevención del delito...Ahora, como parte de nuestra preparación interna, estamos en proceso de actualizar nuestras matrices de riesgo para próximamente comenzar un nuevo ciclo de capacitaciones que abordará estas nuevas temáticas. Nos aseguraremos de que nuestra gente esté debidamente informada y preparada para cumplir con los requerimientos de la ley y adaptarse a los cambios necesarios, reafirmando nuestro compromiso con el cumplimiento y la ética en todas nuestras operaciones”.
Al igual que otras grandes compañías, dada la especificidad y complejidad de la materia, también cuentan con asesores externos para aplicar esta nueva normativa de manera efectiva y concreta dentro de la organización.
Señala que esta ley implicará mayores costos para la empresa en su fase inicial. ”Los gastos se concentrarán principalmente en la actualización de los Manuales de Prevención de delitos vigentes, en la elaboración de matrices de riesgos y en la implementación de nuevos controles, en caso de ser requeridos. A pesar de esto, confiamos en que, con el tiempo, integraremos estas capacidades a nuestros roles internos convirtiéndolos en una parte integral del negocio”.
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