Dichos del fiscal Abbott generan diferencias entre abogados de libre competencia

Diferencias de opinión generaron las críticas del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, respecto a la falta de "total y absoluta confidencialidad" dentro de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, coincide en que "en ciertos casos, las investigaciones de casos de colusión no han sido confidenciales".

"Esto ha ocurrido especialmente cuando se han divulgado allanamientos por la prensa. Por ejemplo, el caso 'supermercados' en 2011. Algunas son investigaciones que duran varios años, por lo que podrían trascender también por la información que se pide de terceros (empresas afectadas, por ejemplo). Pero hay que recordar que en las investigaciones de carteles también participa el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Corte de Apelaciones y la policía, al pedirse u operativizar las investigaciones en allanamientos o intervención de teléfonos", explica.

En esto coincide el abogado penalista y también ex fiscal del Ministerio Público, Pedro Orthusteguy, que enfatiza en que el manejo de confidencialidad dentro de la FNE finalmente "es más bien una afirmación de buenos deseos que una realidad, debido al constante movimiento de abogados de la FNE al mundo privado y viceversa".

"El mercado laboral de la libre competencia es bastante acotado en Chile y se produce, como en casi todos los sectores regulados, flujos laborales indeseados que hacen permeable a la FNE a filtra información sensible", enfatiza.

Visión distinta tiene Carla Bordoli, socia de Bordoli Doren, que señala que "creo que cualquier evaluación debe hacerse sobre la base de hechos concretos en esta materia. La confidencialidad siempre ha estado garantizada en las investigaciones que lleva adelante la FNE, no solo por los resguardos legales, sino que por las medidas adoptadas internamente por la FNE y por el profesionalismo de las personas que trabajan en ella".

Por su parte, Vanessa Facuse, socia de Bofill Escobar Silva y exjefa de la División Litigios FNE dice que el eje de la discusión va más allá de disputas sobre adquirir más poder o de quién administra mejor la confidencialidad.

"Además de existir bastante información pública de los problemas al interior del Ministerio Público en este sentido, el punto está en quién tiene mejor capacidad de detección y sanción de este tipo de infracciones y centrarse en encontrar la mejor solución para detectar y sancionar carteles sin duplicar recursos ni mermar herramientas que han demostrado su eficacia para detectarlas, además del riesgo de revisar un sistema sin haber testado siquiera su implementación práctica", dice Facuse.

Tanto Agüero como Orthusteguy discrepan de atribuir la responsabilidad de filtraciones a los abogados intervinientes y no de personas del Ministerio Público. "Las filtraciones provienen de distintas fuentes con acceso a la información: policías, fiscales, abogados, funcionarios, entre otros", dice Orthusteguy.

Agüero califica de "especulación" los dichos del Fiscal Nacional en la materia. "Si la ruptura de confidencialidad hubiera venido de los funcionarios o asesores de la FNE, es un delito. Lo mismo para sus exfuncionarios. Por lo que el Ministerio Público debiera investigarla", señala.

Con todo, Agüero dice que "es lamentable que las autoridades públicas, que debieran estar pensando en cómo perseguir y coordinarse mejor en la persecución de crímenes de "cuello blanco", ventilen sus diferencias por la prensa y el Congreso. Los ciudadanos esperamos algo mejor, un mejor Estado".