Compliance y trabajo en regiones, los nuevos objetivos de la Fundación Pro Bono

Lleva 16 años trabajando en la Fundación Pro Bono. La abogada Eva Méndez es una “hincha” de la organización y apenas asumió la dirección ejecutiva el 1 de diciembre pasado se puso de lleno a trabajar en el plan 2024.

En principio, su idea es dar continuidad a los programas conducidos por su antecesora, Carolina Contreras, quien permaneció durante ocho años en el cargo y cuyo legado valoran internamente, dado el impulso que tomó la organización donde hoy trabaja un equipo de nueve abogados, más un área de comunicaciones y una trabajadora social.

“Estamos cosechando una buena siembra y siempre los cambios son oportunidades de innovar en algunas cosas. Esta es una fundación muy robusta y en el fondo lo que debo hacer es continuar con ese posicionamiento, pero a la vez empezar a concretar algunas cosas que tenemos pendientes”, explica Méndez.

Dentro de esos pendientes, está el anhelo de tomar casos de regiones, que cada vez se ha vuelto más apremiante, asegura la abogada. “La idea es ir moviéndonos a regiones. Evaluar las necesidades y las posibilidades de operación que tenemos, dadas las necesidades locales...Hoy principalmente las consultas vienen desde la macrozona sur”, precisa Méndez, quien también señala que otro de los aspectos a empujar es el área internacional, donde la Fundación Pro Bono local es la coordinadora de la red y ahí el mandato es promover los estándares ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo).

En ese sentido, la especialista explica que desde aproximadamente un año están trabajando firmemente los temas de cumplimiento, situación que se ha profundizado luego de destaparse el caso convenios, que motivó a muchas organizaciones sociales a evaluar su situación de transparencia y cumplimiento y a buscar elevar sus estándares.

“Estamos dando charlas, generando manuales de compliance para regular estos temas dentro de sus organizaciones, evitar que se dañen, la ONG son un tremendo aporte para el país y deben tener mecanismos internos transparentes que permitan que su prestigio se mantenga”, explica.

Paralelamente, Méndez señala que el próximo año seguirán impulsando con fuerza el programa de educación cívica en colegios vulnerables, donde incluso han ido socios de estudios a dar charlas sobre las instituciones del país, así como empujar a que los abogados jóvenes sigan innovando en las formas de entregar mayor acceso a la justicia. Todo ello amparado en la red que hoy integran 62 oficinas y departamentos legales de empresas, que involucra más de 1.800 abogados miembros.