Cómo los estudios de abogados chilenos regulan los conflictos de interés

Una reciente encuesta publicada por Diario Financiero dio cuenta que un 74% de los abogados colegiados creen que la profesión está en una crisis ética. El sondeo realizado por Cadem el mes de junio –encargado por el Colegio de Abogados y el estudio García Nadal- se conoce justo en medio del vendaval que ha provocado el Caso Audios y donde uno de sus protagonistas es nada menos que uno de los juristas más conocidos de la plaza, Luis Hermosilla.

Esta percepción de crisis respecto de la profesión sumada a las esquirlas del mencionado caso no han sido para nada indiferente a la industria legal, y particularmente para los estudios de abogados, que las últimas semanas y meses han debido hacerse cargo de estos temas, no solamente promoviendo la discusión interna, sino también volviendo a revisar sus protocolos y manuales éticos.

La mayoría de los estudios cuenta con una política que regula los conflictos de interés, que según señalan, se apega a buenas prácticas internacionales, así como al código de ética del Colegio de Abogados. Pero, ¿qué tan ‘vivos’ están? y ¿cómo se promueven internamente? son algunas de las preguntas que DF realizó a cuatro reputadas firmas legales.

Las firmas full services y con áreas de litigios son las que requieren de un enfoque “especialmente riguroso”, señalan.

Los criterios

En todas estas oficinas -aseguran- el estándar es que cada vez que llega un nuevo cliente o nuevo asunto de un cliente existente se revise con los socios o con un comité especializado si existe o no conflicto de interés. “Principalmente nos preocupamos de la independencia de juicio que debemos mantener, y si ésta pudiere verse afectada al aceptar el encargo de un nuevo cliente”, señala el socio administrador de FerradaNehme, Rodrigo Ferrada, quien añade que en esta evaluación también es importante analizar si es que aceptar un nuevo encargo los llevaría a defender intereses contradictorios con uno o más clientes actuales del estudio.

Otro punto a distinguir –acota Ferrada-  son los conflictos directos e indirectos, reales y aparentes, y conflictos actuales y eventuales.  “También nos preocupamos de los temas de parentesco y de relaciones de amistad con clientes y autoridades, cuando puedan impedir nuestra libertad de decisión o puedan inclinar la balanza de manera perjudicial para nuestros clientes”, añade.

En PPU este tipo de protocolos para abrir nuevos asuntos se pone en marchar a “efectos de detectar, evaluar y resolver cualquier evento relacionado con este tema, que es obligatorio para nuestras oficinas de Chile, Colombia, Perú y Uría Menéndez de España”, detalla el socio de la firma y miembro del Comité de Deontología de PPU, Alberto Pulido.

El managing partner de Cariola Díez Pérez Cotapos, Carlos Pérez-Cotapos complementa que una vez hecha la revisión, si hay dudas, se lleva a un comité ejecutivo que resuelva. “Y, si hay conflicto, obviamente no lo tomamos”.

Mayores riesgos

Las firmas full services y con áreas de litigios son las que a juicio del managing partner de AZ, Rodrigo Albagli requieren de un enfoque “especialmente riguroso”, ya que la exposición a posibles conflictos de interés es más frecuente y compleja.

La firma aplica lo que denomina “barreras éticas”, “que consisten en asignar ciertos asuntos y clientes a equipos independientes, asegurando la confidencialidad y separación efectiva de la información entre áreas. Esto nos permite garantizar la independencia, transparencia y la protección de los intereses de nuestros clientes”, precisa Albagli.

Carlos Pérez-Cotapos añade que los riesgos y la complejidad disminuyen siempre que se haga bien la tarea de chequear los conflictos de interés, particularmente en temas de licitaciones, “ya que varios clientes podrían querer participar en la misma compra y también en el área de litigios, cuando un cliente decide demandar a otro cliente”.

Para aquellas situaciones donde hay “áreas grises, en PPU, por ejemplo, los temas se abordan en un Comité Deontológico integrado por los socios/as senior de los tres países donde tienen oficinas en la región, más su socio español. Aquí Pulido advierte que, mientras mayor es el número de clientes y jurisdicciones más habitual es que existan casos que sean evaluados en dicha instancia.

En ese sentido, la gestión de los conflictos para estudios full services se vuelve un reto, al momento de “equilibrar las metas financieras de la firma con los criterios éticos en materia de conflictos de interés”, reconoce Albagli. Por lo anterior, dice que el verdadero desafío radica en “lograr un equilibrio entre el crecimiento, el cumplimiento de objetivos estratégicos y el respeto a los más altos estándares éticos”.

Con todo, el caso Audios y la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales han vuelto a poner la mirada sobre estas prácticas. “Más allá de algunos cambios o adiciones a nuestros protocolos, hemos provocado conversaciones en los equipos para reforzar la alerta permanente que debemos tener en el ejercicio de la profesión”, dice Ferrada.

Alberto Pulido coincide con lo anterior y agrega que este tipo de herramientas siempre deben estar sujetas a revisión y mejoras y que “casos emblemáticos” (como éste) llevan a tomar más conciencia a los abogados de la firma sobre los protocolos “para respetarlos y tomarlos con mucha seriedad”.

Aunque a la fecha las firmas entrevistadas aseguran que no han tenido problemas relacionados a conflictos de interés de alguno de sus profesionales, señalan que las sanciones no son menores y pueden suponer una infracción grave o la exclusión de socios, entre otras medidas disciplinarias.