El exfiscal del Ministerio Público, especialista en delitos económicos, informáticos, lavado de activos y corrupción, abogado Carlos Gajardo, sigue los casos relacionados con su expertise desde el estudio Gajardo & Norambuena del que es socio fundador. Y últimamente ha tenido harto material con el caso convenios y ahora el audio que involucra al abogado Luis Hermosilla en un posible caso de corrupción.
Gajardo fue el fiscal encargado del caso Penta y a partir de ahí puede asegurar, en esta conversación con DF, que “es difícil que se pueda igualar la magnitud de un caso como el de financiamiento político; pues en esos casos simultáneamente se investigó a las últimas dos candidaturas presidenciales de nuestro país y a tres de las 10 más grandes empresas en Chile: SQM, Penta y Corpesca”. Sin embargo, le parece que en lo que se ha conocido a partir de la grabación que involucra a Hermosilla “queda la sensación de que estas son prácticas que los abogados en general realizan y eso es muy negativo para el conjunto de los profesionales, de que tenemos una institucionalidad deficiente para prevenir este tipo de conductas”.
- ¿Qué le parece más cuestionable de las revelaciones?
- Sin duda que un destacado abogado de la plaza se preste y le proponga e indique a su cliente que la forma de solucionar un conflicto es mediante el pago de coimas a funcionarios públicos. Es evidentemente algo muy cuestionable y constitutivo de delitos, como ellos mismos lo reconocen, porque el abogado tiene que ser un coadyuvante de la administración de justicia y, por lo tanto, esta manera de operar desnaturaliza completamente como debe ser el ejercicio profesional.
- ¿Cuánto influye en este caso que Luis Hermosilla sea un abogado tan prestigioso y que pudiera haber cometido un delito?
- Es fundamental, que abogados menos conocidos cometan delitos es algo que ocurre con cierta frecuencia, incluso en temas tan delicados como tráfico de drogas; pero que un abogado tan connotado, probablemente uno de los 10 mejores penalistas del país, o al menos de los 10 penalistas más reconocidos del país, se haya grabado señalando lo que dijo, por supuesto, que forma parte importante del escándalo que ha provocado con esta situación.
- ¿Qué tan golpeado queda el gremio con este caso?
- Muchísimo. El gremio de los abogados, la profesión de abogado, queda muy golpeada y queda muy golpeado también el sistema de justicia en general. El sistema de justicia, desgraciadamente, tiene muy bajos niveles de confianza en la ciudadanía, todas las encuestas nacionales e internacionales indican eso. Aproximadamente un 15% de confianza, sólo el 15% de las personas confían en el sistema de justicia en Chile y buena parte de esa desconfianza tiene que ver con una sensación de que el sistema trata distinto a las personas según su capacidad económica, según el poder que tengan. Y este audio viene a ratificar esa sensación; es decir, en la medida en que tú tengas dinero, vas a tener acceso a la posibilidad incluso de por vías ilegales, como son las coimas, de poder solucionar los conflictos que tienes. Por eso es importante la manera en que la Fiscalía ha reaccionado prontamente iniciando una investigación. Y yo creo que es necesario un pronunciamiento mucho más contundente del que ha existido hasta ahora del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados tiene que realzar el ejercicio correcto de la profesión y es necesario que se explicite y se critiquen las conductas que se han conocido.
- En ese sentido, desde el punto de vista ético, ¿quedan en entredicho las prácticas de algunos asesores legales?
- Si bien esta es una práctica que se ha conocido de un sujeto determinado, la generalización es inevitable. O sea, queda la sensación de que estas son prácticas que los abogados en general realizan y eso es muy negativo para el conjunto de los profesionales que nos dedicamos a esta actividad. Por eso creo que ha generado tanto revuelo, tanto asombro, tanta molestia; porque evidentemente el grueso, la mayor parte de las personas que nos dedicamos al ejercicio de la profesión, la mayor parte de la forma en que se resuelven los conflictos en los tribunales, no es de la manera que escuchamos en estos audios, sino que es con el apego al derecho. Pero, sin duda, el daño a la profesión y a las instituciones está hecho.
- En esto que pasó también está la otra parte, que son los funcionarios públicos que habrían recibido coimas. ¿Cómo queda el sistema de compliance en el aparato público? Porque da la impresión que no hay un sistema de prevención.
- El Estado tiene que tener sistemas de prevención de estas conductas. Parte de esas medidas existen, como es la obligación de declarar patrimonio, de declarar intereses, de tener reuniones a través de la Ley del Lobby, la existencia de canales de denuncia al interior de las instituciones para prevenir estas conductas. Pero, evidentemente, toda esa normativa puede resultar insuficiente y exige permanentemente que las instituciones estén actualizándola para hacer que la probidad sea un concepto vivo. Esto también quedó muy mancillado con lo que se conoce como el caso convenios; se agrega al caso convenios como un segundo hito importante de corrupción, donde también se pone en evidencia la facilidad con que al estar concertados funcionarios públicos, muchas veces vinculados políticamente, puede significar desvíos importantes de recursos estatales. Hay ahí un desafío importante para el Estado para recuperar niveles aceptables de probidad y de confianza en las instituciones. Yo he sido muy partidario de reformas mucho más profundas que las que se están anunciando en estos días en esta materia, con el fin de prevenir conductas delictuales.
“Argumentos equivocados”
- A su juicio, ¿qué habría que hacer?
- Esto pasa por tener normas menos severas de levantamiento del secreto bancario, normas más estrictas para la asignación de recursos públicos, que la asignación directa esté básicamente prohibida y que todo tenga que hacerse a través de mecanismos de licitación públicos, abiertos, en que sea una comisión la que decida la entrega de fondos, etcétera. Creo que, como sociedad, debemos tomarnos mucho más en serio lo que está pasando, en términos de probidad y corrupción, porque es una segunda señal muy potente, junto al caso convenios, que nos da cuenta que tenemos una institucionalidad deficiente para prevenir este tipo de conductas.
- ¿Qué le parecen los argumentos que ha dado Hermosilla en su defensa, como por ejemplo, se ha resguardado en el secreto profesional y, en que los audios grabados no constituyen prueba?
- Ambos argumentos son equivocados. El secreto profesional de ninguna manera protege el hecho de que se esté instruyendo e instando a un cliente a cometer un delito. Eso no forma parte de lo que la ley otorga como garantía al profesional que está efectuando una asesoría. Lo mismo pasa con el derecho a la intimidad y a la privacidad. Todas las personas tenemos el derecho a la intimidad y a la privacidad de nuestras comunicaciones privadas, pero ese derecho cede cuando lo que está detrás es la conspiración para cometer un crimen.
- ¿Cuáles son las diferencias o similitudes que percibe entre el caso Penta y lo que estamos conociendo ahora?
- La similitud que me parece bien evidente es que el caso Penta también se inicia por un caso de corrupción en el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, en esa investigación terminó condenado un funcionario del SII por los sobornos que recibió por parte de la empresa Penta. Pero creo que es difícil que se pueda igualar la magnitud de un caso como el de financiamiento político; pues en esos casos simultáneamente se investigó a las últimas dos candidaturas presidenciales de nuestro país y a tres de las 10 más grandes empresas en Chile: SQM, Penta y Corpesca. Que eso vuelva a ocurrir en nuestro país, en un plazo breve. Esa combinación me parece muy improbable que vuelva a suceder en un buen tiempo.
- Si el SII ya había pasado por el caso Penta y ahora ocurre esto, ¿qué está fallando allí?
- Ese es un desafío permanente que tiene la institucionalidad de buscar prevenir la comisión de delitos en su interior y eso es válido en todas las instituciones, sobre todo aquellas donde hay una toma de decisiones económicas importantes. Es válido, por supuesto, para el SII, para la Comisión del Mercado Financiero y también es válido para el propio Ministerio Público y el Poder Judicial. Permanentemente tiene que haber una preocupación para evitar que actos de corrupción se produzcan. Y, en eso, hay mucha normativa, disposición, iniciativa que se puede asumir.
- Entonces, ¿no se aprendió nada con el caso Penta?
- Creo que el caso convenios y este van a demostrar si se aprendió la lección o no, porque una de las principales lecciones que debemos haber aprendido es que estos casos no pueden terminar en la impunidad, no pueden terminar con clases de ética. Y, por lo tanto, creo que el gran desafío que tiene la Fiscalía en este tipo de investigaciones, es hacer investigaciones profundas y luego obtener sanciones que sean proporcionales a la gravedad de los hechos que se están investigando. El desafío es efectivamente demostrar que no puede repetirse la historia del caso Penta y que investigaciones de este tipo terminen con clases de ética.
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