Uno de los mayores contratos de suministro eléctrico residencial desata pugna

Se ha transformado en un verdadero botín de guerra. El atractivo contrato que mantiene la central El Campesino –ligada a Generadora Metropolitana, de la francesa EDF y el grupo local Andes Mining Energy (AME)- con las distribuidoras para abastecer a clientes regulados a partir del 1 de enero y por 15 años, está hoy en tela de juicio dado que no se ha construido la unidad con la cual se daría el servicio.

Desde que en 2014 se firmó el acuerdo, diversos actores han estado mirando qué sucede con este contrato, el que fue adjudicado a 110 US$/MWh por un bloque de 4.000 GWh anuales, equivalente nominalmente al 12% del consumo residencial del país.

El motivo es simple: otros actores privados del sistema han estado muy interesados en adquirir este tipo de contratos, dado que fue la última licitación con precios altos que hubo en el sistema. Ya se han transado varios acuerdos, por ejemplo, Colbún se quedó con activos de Sunedison, lo que consideró también acuerdos con distribuidoras por 350 GWh a 15 años.

En un contexto donde hay menos necesidades de suministro y los precios en las licitaciones posteriores bajaron fuertemente los precios -a niveles de 48 US$/MWh para 2016 -, en la administración anterior incluso se analizó qué hacer con este contrato, ya que daba una oportunidad para lograr una baja más evidente y en un plazo más corto de las tarifas. Aunque se miró con antención, no se tradujo en una medida concreta, dadas las características del contrato.

Sin embargo, hacia mediados del año pasado, a medida que se acercaba el período de inicio del suministro, el tema volvió a tomar fuerza.

En esto hay dos interpretaciones que están en disputa: por un lado, en el gobierno estiman que las bases de la licitación de 2014, cuando se adjudicó el bloque, era claro en que la construcción de la central estaba asociada, dado que en las bases se establecían informes de los hitos de construcción y además fijaba un plazo de 18 meses desde que se firmaba la Carta de Aceptación de la Adjudicación del Suministro para notificar si el desarrollo tendría retrasos, lo que se cumplió en junio de 2016 sin que la empresa lo solicitara.

Por el lado de la compañía, la postura es que el contrato establece la obligación de dar suministro y, además, de mantener una clasificación de riesgo no inferior a BB+, lo que es cumplido por El Campesino con una A- (ver entrevista relacionada).

El que no se requiera la construcción de la central de 640 MW propuesta en el concurso, estaría respaldado en una de las respuestas a consultas aclaratorias en las bases de licitación, donde se pregunta si “¿Es posible que a futuro el proponente sume o reste proyectos para respaldar su oferta? En caso negativo, ¿cuál sería el efecto de cumplir con la obligación de suministro, en caso de ser adjudicado, con otro u otros proyectos respecto de los que se informen?”.

En ese entonces, la autoridad señaló que “Sí es posible, sin perjuicio de lo indicado en el numeral 11.7 del capítulo 2 de las bases de licitación”, artículo que da cuenta del proceso de postergación.

Intercambios de comunicación

Hasta ahora no habían trascendido los intercambios de opiniones que se habían dado en diferentes instancias respecto de este tema, por lo menos desde mediados de 2018.

Uno de los últimos capítulos fue una reunión que quedó registrada en la plataforma del Lobby, el 11 de diciembre, entre Juan José Gana, uno de los socios de AME, y la ministra de Energía, Susana Jiménez. El tema: “Avance de Central El Campesino y sus contratos”.

Sin embargo, anteriormente hubo dos intercambios de escritos entre la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyo secretario ejecutivo es José Venegas, y empresas distribuidoras, dado que los contratos los firmó de forma separada la generadora con 26 firmas.

La primera de estas comunicaciones habría sido a mediados de año a instancias de CGE, la que consultó a raíz de algunas conversaciones con El Campesino. Ante eso, según trascendió, la CNE emitió un oficio donde le señaló que le parecía insuficiente que el contrato se sirviera con las centrales que posee ahora la empresa -que compró el complejo Renca en Santiago a AES Gener-, dado que éstas funcionan mayormente como respaldo.

La correspondencia se volvió a repetir hacia noviembre con otras distribuidoras que consultaron y la respuesta fue similar.

Sobre estos intercambios, la autoridad respondió a Diario Financiero que “como CNE hemos pedido a las empresas distribuidoras, que son las contrapartes del contrato, que nos informen de las gestiones realizadas con El Campesino frente a esta situación (cumplimiento de los hitos del proyecto). Sobre la base del monitoreo efectuado por esta Comisión, hemos tomado conocimiento que ha habido aproximaciones de El Campesino con las empresas distribuidoras ofreciendo alternativas de solución. Evidentemente, la situación debe plasmarse en una solución contractual, que debe ser aprobada por la CNE y que debe realizarse resguardando la defensa de los intereses de los clientes, y el cumplimiento de lo señalado en las bases de la licitación y en los respectivos contratos”.

Alfonso Ardizzoni, gerente general y uno de los gestores de El Campesino, defiende que hoy ya están suministrando la electricidad contratada. “Nosotros estamos cumpliendo ya las obligaciones de acuerdo. La construcción no era una obligación”, dijo.

Algunas distribuidoras consultadas para conocer este tema no estuvieron disponibles para entregar su postura, dado lo “delicado” que se ha transformado para ellas, ya que según las bases, solo estas empresas pueden dar término anticipado al acuerdo.

Según algunas fuentes del sector, entre las 26 distribuidoras hay distintas posturas. Algunos dicen que lo relevante es que se entregue el suministro, pero también hay un grupo que analiza si hay incumplimientos en el contrato.

Trascendió que en los próximos días debería concretarse una definición respecto a este tema, ante la activa postura que ha tomado la autoridad. La empresa defenderá su contrato, incluso se supo que ya está contactando a algunos abogados.

Diferencias de volumen

El tema de fondo que se está revisando es que ante la imposibilidad de concretar El Campesino en el corto plazo –dado que tiene pendiente un recurso de reclamación de su permiso ambiental y el puerto bajo el cual importaría gas sigue en trámite de sus permisos, después de un revés en la Justicia-, a juicio del gobierno sería insuficiente que el contrato se sirva con lo que produce Generadora Metropolitana (Nueva Renca y otras), que bordea entre los 800-900 GWh anuales, muy distante –por no tener el gas suficiente- de lo comprometido.
Esa diferencia en volumen, de todos modos, podría ser menor, considerando que se estima que los requerimientos reales del contrato estarán en torno al 70% del total, dado que la demanda ha crecido menos de lo proyectado en 2014.
Para el resto de la energía comprometida, la empresa tiene un contrato de respaldo con Enel, el que comenzó a funcionar el 1 de enero, y que fue la salida que en algún minuto justificó que la empresa no ejerciera la opción de posponer el inicio del suministro en hasta dos años como estipulan las bases.
La empresa dice que mantiene en sus planes de negocios desarrollar El Campesino, donde ha invertido del orden de US$ 100 millones a la fecha.