La ley 21.472 o ley PEC 2 que crea un fondo de estabilización de tarifas y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad -que permitió contener un alza inminente en las tarifas eléctricas a inicios del año pasado que se vislumbraba de alrededor de un 40%- estableció en su artículo quinto transitorio la constitución de una mesa de trabajo conformada por los Ministerios de Energía, de Hacienda, y de Desarrollo Social y Familia, junto a las y los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado.
La denominada Mesa Estratégica de Pobreza Energética sesionó entre agosto y diciembre de 2022 y -tal como se estipulaba- emitió un informe el último mes del año que fue enviado a las comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado. Así, en un documento de carácter preliminar, al que tuvo acceso DF, la mesa define un plan de acción que se desarrollará entre 2023 y 2030 orientado a avanzar en mejores políticas públicas de protección tarifaria y especialmente en la superación progresiva de la pobreza energética.
En concreto, el documento contiene los temas discutidos en la mesa cuya constitución fue mandatada por la quinta disposición transitoria de la ley mencionada para evaluar los beneficios definidos en dicha legislación, así como otras políticas destinadas a enfrentar la pobreza energética y protección tarifaria para los clientes regulados pertenecientes al 40% más vulnerable de la población.
En el análisis de la mesa se constata que los instrumentos contenidos en la ley PEC 2 basada únicamente en criterios de consumo eléctrico por tramos, no permite asignar beneficios al 40% de la población más vulnerable, ya que un tramo de consumo determinado no se encuentra asociado a-o no es capaz de reflejar- criterios de vulnerabilidad socioeconómica, generando los denominados errores de inclusión y exclusión.
Según se detalla, el actual beneficio de estabilización de tarifas eléctricas que se crea con la ley 21.472 favorece a todos los clientes regulados de suministro eléctrico que consuman menos de 350 kWh al mes, impactando en casi un 95% de dicha población objetivo. Y si bien esto logró disminuir notoriamente el error de exclusión para evitar que personas en situación de vulnerabilidad quedaran exentas del beneficio, incrementó de manera importante el error de inclusión, llevándolo a cerca de un 57%.
Por esto, durante los primeros meses de este año, se realizará la identificación por unidades vecinales, estableciendo el vínculo entre medidores de facturación eléctrica y las respectivas unidades vecinales, las que a su vez tendrán una calificación socioeconómica representativa. Con este primer avance, se indica que se tendrá la información necesaria para la evaluación de una eventual modificación del método de asignación del mecanismo de estabilización, incorporando o reemplazando la asignación por nivel de consumo promedio mensual, a una asignación por vulnerabilidad en función de las características de las unidades vecinales que contengan los medidores de facturación eléctrica asociada a cada cliente regulado.
"Adicionalmente, y una vez que se haya conseguido caracterizar socioeconómicamente el beneficio de estabilización de tarifas eléctricas a través de la identificación por unidades vecinales, se evaluará la pertinencia de llevar a cabo una inyección adicional de recursos al fondo de la Ley N° 21.472, provenientes -por ejemplo- del impuesto verde aplicado a las fuentes de generación contaminantes del país, de manera de proteger tarifariamente a la población vulnerable del país en sus cuentas eléctricas", se sostiene.
En el informe se evidencia que hay brechas de información e inexistencia de instrumentos específicos para la medición de pobreza energética, por lo que la mesa ha consensuado buscar alternativas que permitan vincular los instrumentos de calificación socioeconómica con la información disponible de consumo, permitiendo asignar beneficios de manera eficiente en el corto, mediano y largo plazo.
Situándose en un escenario de corto plazo, y considerando el método actual de asignación contenida en la ley 21.472, se ha resuelto que la mejor alternativa para identificar a los hogares con pobreza energética por asequibilidad es cruzar la información del Registro Social de Hogares con el consumo eléctrico que detenta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Dadas las limitaciones en cuanto a la capacidad de obtener información a nivel de hogar, la alternativa -dicen- es agregar la información socioeconómica a nivel territorial, en particular, a nivel de unidad vecinal.
En esa línea, como una medida de corto plazo de parte de la institucionalidad del sector eléctrico se realizará un proceso de estandarización de la información relacionada a la identificación y denominación de calles donde están los domicilios de clientes regulados.
Considerando que una de las mayores barreras respecto al levantamiento de la información es la conexión entre el consumo eléctrico de una vivienda y las características del o los hogares que la componen, en el informe se sostiene que la mesa evaluará la posibilidad de que las empresas concesionarias tengan la obligación de registrar el Rol Único Tributario (RUT) o Rol Único Nacional (RUN) de sus clientes, y que dicha información sea entregada a la SEC.
"El objetivo de obtener esta información es construir una base de datos cuya administración se mantenga en la SEC y que contenga información de mayor especificidad respecto del consumo eléctrico y el titular de cuenta", se señala. Así, se detalla, será posible identificar la persona titular de la cuenta eléctrica, y con ello, vincular dicha información con las condiciones socioeconómicas del hogar, considerando la información que detenta el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Asimismo, se asegura que la mesa realizará las gestiones para avanzar en que el Registro Social de Hogares a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia integre la información respecto a la tenencia de un medidor de consumo eléctrico; integre la información respecto a la tenencia de un medidor de consumo eléctrico; y ver la factibilidad y avanzar en el registro del número identificador de dicho medidor y la empresa distribuidora, identificándose, además, el carácter individual o compartido de dicho medidor.
También se contempla la adopción de las medidas necesarias por parte de las instituciones que correspondan, en particular la SEC, para realizar un proceso en el que las empresas distribuidoras eléctricas desarrollen una georreferenciación actualizada de la ubicación de los aparatos medidores de consumo eléctrico de los clientes regulados a lo largo de Chile. Eso sí, esta acción requiere de un instrumento regulatorio que haga exigible a las firmas esta georreferenciación.
A esto se suma el diseño, desarrollo y operación a cargo de la SEC de una plataforma web de información que integre toda la información relacionada a la facturación de las distribuidoras eléctricas a los clientes regulados de suministro eléctrico, necesaria -se señala- para la toma de decisiones en ámbitos de diseño de política pública.
Políticas para enfrentar la pobreza energética
En cuando a las políticas destinadas a enfrentar la pobreza energética, se destacan acciones que están en ejecución como el programa Fondo de Acceso a la Energía (FAE) y el programa de mejoramiento del suministro energético en escuelas rurales. Sin embargo, también se plantean otras medidas de corto plazo como profundizar en la ayuda extranjera para avanzar en mejoras a esta problemática. La mejor información disponible a partir del desarrollo de los hitos comprometidos para el primer semestre de este año permitirá -agregan- la evaluación de un ajuste al mecanismo de asignación de los cargos FET (Fondo de Estabilización de Tarifas) y MPC (Mecanismo de Protección al Cliente), hoy vinculados solamente al criterio de volumen de consumo eléctrico.
Para dotar de mayores recursos el fondo de estabilización tarifaria para clientes de suministro eléctrico, se evaluará la capacidad de destinar directa o indirectamente la recaudación por efecto de impuesto a las emisiones al aire (impuesto verde) al fondo de estabilización, en el marco de la propuesta regulatoria que el Ministerio de Hacienda está elaborando sobre impuestos correctivos.
Asimismo, se cuantificará el costo de generar un instrumento de protección tarifaria eléctrica de asignación directa para los hogares que se identifiquen dentro del 40% más vulnerable bajo el mecanismo de unidades vecinales. "En el largo plazo, y con el resto de las medidas comprometidas, se logrará obtener información por RUN, de manera de disponer información individual que permitirá reducir aún más los errores de inclusión y exclusión", se indica.
Otras medidas que se declaran es que el Ministerio de Energía publicará un visualizador ciudadano de estimación y proyección de la tarifa eléctrica y aspectos de pobreza energética; la implementación de un programa piloto de acondicionamiento térmico de viviendas pertenecientes a población vulnerable; y un proyecto también piloto de sistemas solares térmicos para viviendas rurales.
Además, el Ministerio de Energía hará una propuesta de actualización a la metodología de formulación de proyectos de electrificación rural del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; se actualizará la información entregada por el mapa de vulnerabilidad energética publicado en mayo de 2019; y se contempla la incorporación de la perspectiva de pobreza energética en todas las políticas y programas que implemente la cartera sectorial.
En tanto, se comprometieron en el marco de la mesa tres medidas de largo plazo. Se explorará la alternativa de establecer préstamos "blandos" dirigido a las familias para que hagan mejoras en eficiencia energética en sus viviendas y/o recambio de artefactos para que sean más eficientes. Asimismo, se contará con un indicador y/o instrumento de medición operativo para medir y hacer seguimiento a la pobreza energética al año 2025 y levantar brechas en sus distintas dimensiones. Y, además, se estudiará y evaluará la creación de un fondo de pobreza energética adicional que se origine a partir de la aplicación de multas que recauda la SEC de parte de las empresas que cometan infracciones normativas.
Continuidad de la mesa
Para la senadora y presidenta de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, Loreto Carvajal, lo urgente es avanzar "en legislar un subsidio fiscal focalizado en el 40% más vulnerable de las familias como mecanismo de protección tarifaria permanente", tal como fue acordado en la tramitación legislativa de PEC 2, que supere el actual diseño de subsidios cruzados que tiene errores de inclusión y exclusión.
El trabajo de la mesa no termina aquí, ya que se mantendrá sesionando de manera continua, con una regularidad -al menos- trimestral durante el 2023. Su regularidad se revisará para los años posteriores. "En particular, durante el año 2023 avanzará en la generación de indicadores basada en unidades vecinales, lo que permitirá una redefinición de los métodos de asignación de beneficios de la Ley N° 21.472 con el fin de establecer instrumentos complementarios que permitan entregar protección tarifaria eléctrica al 40% de la población más vulnerable de manera sostenible", se puntualiza.
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