Energía lanza licitación para desarrollar estudio con propuestas que permitan enfrentar situaciones de estrechez o racionamiento

El complejo contexto que enfrenta el sistema eléctrico por la sequía en el país ha obligado a las autoridades a mantener el escenario bajo un decreto preventivo de racionamiento eléctrico con una serie de medidas para evitar llegar a una situación donde sea necesario aplicar acciones de restricción de suministro. Aunque este hecho no ha sido cuestionado considerando las amenazas latentes que se viven en la operación diaria, la industria ha permanecido atenta a los cambios que se han anunciado en el tiempo en este instrumento, lo que ha hecho que en algunas extensiones se haya generado amplio debate.

El último hito en este aspecto se concretó el 16 de marzo cuando se oficializó en el Diario Oficial la extensión del decreto preventivo de racionamiento hasta septiembre, manteniendo la reserva hídrica de 66 GWh definida en el Decreto Nº51, de acuerdo a los análisis realizados por el Coordinador Eléctrico, ya que para las condiciones de estrés del sistema podría existir riesgo de desabastecimiento.

Sin embargo, días antes de esta nueva extensión, se emitió una resolución desde la cartera de Energía que dio cuenta de una acción adicional que se tomó ante este difícil contexto. En un extenso documento de 51 páginas, del 8 de marzo de este año, se aprueban bases administrativas, técnicas y sus anexos, y se llama a licitación pública para el desarrollo del estudio denominado "Elaboración de propuestas de medidas para enfrentar situaciones de estrechez energética para la Subsecretaría de Energía".

Según se detalla en la resolución, a la que tuvo acceso DF, considerando que el Decreto Supremo Nº 51 de 2022 está actualmente vigente, la Subsecretaría requiere contratar un estudio destinado a recabar información respecto de la efectividad de las medidas preventivas dispuestas en el referido decreto supremo, y sus modificaciones posteriores.

Y, asimismo, "disponer de recomendaciones que permitan mantener o definir nuevas medidas preventivas, en los términos dispuestos en el artículo 163º de la Ley General de Servicios Eléctricos, en el evento que se deba prorrogar la vigencia del referido decreto o eventualmente dictar un nuevo decreto de racionamiento en el futuro". Lo anterior, se argumenta, "con el objetivo de disminuir la probabilidad de existencia de energía no suministrada y evitar un posible racionamiento".

Se sostiene que la Subsecretaría de Energía no cuenta con los recursos humanos suficientes para ejecutar los servicios que se requieren contratar, y dichos servicios no se encuentran disponibles bajo la modalidad de "Convenio Marco" o "Chilecompra Express", en el sistema de información www.mercadopublico.cl, por lo que "resulta necesario seleccionar a un proveedor mediante un proceso de licitación pública".

Los servicios a licitar -se añade- implican un gasto estimado superior a 100 e inferior a las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), y la Subsecretaría cuenta con disponibilidad presupuestaria suficiente para solventar el gasto que irrogue la contratación que se derive de este procedimiento administrativo. 

De acuerdo a las etapas y plazos definidas en el proceso que se detallan en Mercado Público, hasta el 14 de marzo se recibieron preguntas y el 17 se publicaron las respuestas respectivas. Así, la fecha de cierre de recepción de ofertas se cierra este jueves a las 15.00 horas. La adjudicación está estimada para el 11 de mayo.

Trascendió que esta acción fue tomada durante la gestión del exministro de Energía, Claudio Huepe, y que decantó recién en esta resolución tras el trabajo para dar vida al proceso. Consultados al respecto, el Ministerio de Energía declinó referirse al respecto aunque confirmaron desde la cartera liderada por Diego Pardow que seguirá adelante la licitación. El proceso ya tiene interesados siguiendo los hitos del proceso.

Fuentes comentan que encargar un estudio a un tercero en esta materia sería inédito, ya que no habría ocurrido en el marco de otros decretos de este tipo que fueron publicados en otros momentos de estrechez. Y si bien llamó la atención que se buscaría contar con más insumos para esta contingencia, más allá de los antecedentes que aporta el Coordinador Eléctrico y la Comisión Nacional de Energía,  esto es parte de las atribuciones de la cartera. Asimismo, creen algunos, esta acción daría cuenta que se asume que es altamente probable que el contexto de estrechez permanecerá en el tiempo, por lo que sería necesario explotar todas las herramientas disponibles para tomar las medidas más idóneas.

El camino del decreto

El Ministerio de Energía fijó a través del Decreto Supremo Nº51 del 16 de agosto de 2021 medidas preventivas principalmente orientadas a reducir los impactos del déficit energético para los usuarios, incentivar y fomentar el aumento de capacidad de generación en el sistema eléctrico nacional, estimular o premiar el ahorro voluntario y a aminorar los costos económicos que dicho déficit pueda ocasionar al país. Luego, estas medidas fueron extendidas y ajustadas en posteriores modificaciones aprobadas mediante decretos supremos Nº87, de 2021; Nº1, de 2022; Nº 29, de 2022; Nº 66, de 2022; Nº 69, de 2022; y Nº 74, de 2022.

Por ejemplo, el 24 de marzo de 2022 se publicó en el Diario Oficial una modificación al decreto supremo 51 de 2021 que estableció medidas preventivas como la implementación de una reserva hídrica para disminuir, manejar o superar el déficit de generación eléctrica. Esta acción, de hecho, abrió discusión y con el tiempo sufrió ajustes para evitar riesgos de vertimiento.