La discusión en torno a diversas propuestas presentadas por diputados fue la protagonista en la sesión de este martes de la comisión investigadora encargada de reunir antecedentes sobre los actos del Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) relativos al eventual sobreprecio cobrado por la distribuidora Metrogas. Y, tal como lo enuncia su mandato, la responsabilidad del entonces ministro sectorial de la época, Máximo Pacheco, fue la que desató principalmente las diferencias entre los parlamentarios en la recta final de la instancia.
Con el objetivo de discutir recomendaciones por parte de la comisión para tratar de aunar criterios, más que votar posiciones diametralmente distintas, la presidenta de la instancia, Marcela Riquelme, dio lectura a varias propuestas. La diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, presentó siete conclusiones. Entre ellas, declara que la solución al actual problema pasa por una modificación legal teniendo presente que ya se encuentra presentada en la Cámara y en el Senado para derogar los artículos duodécimo y décimo tercero transitorio de la ley 20.999, reemplazándolo por una fiscalización del grupo empresarial y su participación en un mercado regulado.
Sin embargo, su última propuesta fue la que generó las primeras diferencias en cuanto a que la responsabilidad de lo sucedido -de acuerdo a la diputada- recae sobre el Ministerio de Energía de la época por cuanto la introducción durante la tramitación legislativa de los artículos duodécimo y décimo tercero transitorio en el proyecto que dio origen a la ley permitió en definitiva a Metrogas y Agesa burlar el espíritu de la ley, perjudicando al consumidor final.
Riquelme también planteó sus ideas, señalando -entre otras cosas- que lo malo fue que Metrogas aumentara el precio que Shell le había dado, porque este último le había dado un precio y este es con el que había comprado la distribuidora. "Cuando Shell le vende a Metrogas nuevamente sigue manteniendo el precio pero ahí se aumenta el precio ficticiamente. Yo creo que ahí está el vicio", sostuvo. La diputada apuntó a que no existe responsabilidad de la SEC, sin embargo, sugiere -por la importancia de controlar los monopolios naturales- disponer de una mayor cantidad de fiscalizadores a lo largo del país para verificar la calidad y la seguridad del servicio.
A esto se sumaron otras indicaciones sugeridas por el diputado Rubén Oyarzo.
La discusión
La diputada Mercedes Bulnes reconoció "serias diferencias" con la última propuesta de Barchiesi en cuanto al rol de las autoridades en esta controversia, indicando que no puede atribuirse responsabilidad al Ministerio de Energía de la época. "Sería pretender que la autoridad pública presuma la mala fe de una empresa privada, como en el caso de las isapres actualmente", señaló apuntando -por ejemplo en este último caso- al factor etario. Mientras, sobre las ideas de Riquelme, la parlamentaria independiente dijo compartir muchas de ellas aunque se deben sistematizar.
Juan Antonio Coloma intervino en el debate y enfatizó que es "evidente" que hay una responsabilidad del Ministerio de Energía. A su juicio, es verdad que la cartera no puede prever si se actuará de buena o mala fe, pero Metrogas ya había anunciado antes de la indicación su proceso de subdivisión. "Al anunciar su proceso de subsidivisión y, tal como estaba la ley en ese momento, necesariamente Agesa en este caso iba a quedar fuera del campo de la rentabilidad. Por lo tanto, era imposible para el Ministerio no entender que aquí se creaba una forma de 'baipasear' al sistema", recalcó.
El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) agregó: "Podemos tener quizás diferencias políticas respecto de qué responsabilidad se les va a asignar o no a un exministro de la Presidenta Bachelet, y es válido que las tengamos, pero también seamos un poquito rigurosos con lo que fue la historia de la ley. Es tanto así que el ministro Pacheco reconoce que por la indicación que él presentó se generó o permitió este sobreprecio."
Riquelme remarcó que el problema no es la subdivisión sino el alza de precios. En ese sentido, Barchiesi insistió que la responsabilidad es del ministro de la época, porque los artículos duodécimo y décimo tercero transitorio permitieron este sobreprecio. Por esto, reiteró su idea de "poder avanzar en la fiscalización del grupo, porque hoy se puede fiscalizar la distribuidora pero no así la comercializadora que es Agesa", dijo, añadiendo que hay proyectos tanto en la Cámara como en el Senado que avanzan hacia ello.
Y aclaró: "A pesar que hablo de la omisión de la CNE, creo que ellos tienen que limitarse a ver los costos. Y, por lo tanto, insisto que la responsabilidad es del ministro de la época".
Desde la vereda opuesta, Daniel Melo salió a cuestionar los dichos. Respondiendo a Coloma, el diputado socialista aseguró que hoy se hacen afirmaciones muy taxativas respecto a la responsabilidad del exministro Pacheco y del gobierno de la Presidenta Bachelet en su momento "como que si aquí existiese una confabulación para perjudicar a los consumidores y generar ventajas a una determinada empresa". "Y la verdad es que todos votamos a favor este proyecto y todas sus enmiendas. Yo voté a favor, me imagino que el diputado Coloma también. Bajo su prisma, seríamos todos absolutamente responsable de la mala práctica de esta empresa a propósito de todas las ganancias que ha tenido durante todo estos años en desventaja de todos los consumidores", replicó.
Melo ahondó en su argumentación, planteando que, con todos los antecedentes se tienen y con el sentido de la propia indicación que fue latamente comentada por el exministro Pacheco, "es buscar responsabilidades donde no existen". "Cuando uno va al fundamento de la indicación, en ninguna parte, ninguno de los actores previó de que efectivamente esta empresa hecha la ley, hecha la trampa. Estamos en un problema complejo que ha afectado a miles de usuarios, pero la verdad es que ni el gobierno ni todo el Parlamento de todos los sectores políticos en su momento vieron que iba ocurrir aquello", afirmó.
A su juicio, lamentablemente tuvo que pasar mucho tiempo para que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) diera cuenta de las ganancias de estas empresas que en el fondo -puntualiza- "se pasaron por alto la ley, ocuparon esta ley" y que recién se está modificando a propósito de un proyecto que presentó el gobierno. Y adelantó: "Yo veo ahí una cosa complejo desde el punto de vista de poder tomar un acuerdo unánime respecto a una cuestión que entiendo que no existe unanimidad. Esperaría que ojalá pudiéramos, si no hay acuerdo, votar separado en relación a algunas materias en las cuales la comisión no tenga unanimidad".
La presidenta de la comisión respaldó que, si se plantea que el problema fue que el Ejecutivo introdujo esta indicación y por eso es responsable el Ministerio, también son responsables todos los diputados y senadores que aprobaron esto y lo convirtieron en ley. Riquelme insistió que en sí esta disposición transitoria no representa un perjuicio: "Podría haber integración vertical legal en nuestro sistema. Podría ser legal y no existiría un vicio en aquello. El vicio es en haber inflado ficticiamente el precio".
En la instancia se acordó enviar las propuestas de conclusiones hasta este viernes para que la presidenta de la comisión las pueda sistematizar de cara a la discusión y posterior votación que quedó programada para el próximo martes. "Va a haber votación efectivamente el próximo martes", anunció.
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