Acera pide al Ministerio de Energía dar celeridad a la implementación de ley para estabilizar cuentas de la luz

Inquietud existe por la implementación de la ley 21.472 que crea un fondo de estabilización de tarifas y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios, el denominado “PEC 2”.

Así lo advirtió este miércoles la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) en una carta -a la que tuvo acceso DF- dirigida al ministro de Energía, Diego Pardow, donde el gremio solicita a la cartera “otorgar la mayor celeridad posible” a la publicación de tres documentos relevantes para este proceso.

“Siendo de público conocimiento el complejo escenario que atraviesa el segmento de generación eléctrica (...) se suma esta demora”,
señaló Ana Lía Rojas.

Uno de ellos es la resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que establece disposiciones técnicas para la implementación de la ley. Según la misiva, firmada por la directora ejecutiva del gremio, Ana Lía Rojas, este documento estuvo en consulta pública hasta el 4 de octubre, “sin que exista información respecto a la fecha de publicación de su versión definitiva”.

El segundo es el decreto de Precio de Nudo Promedio de julio de 2022, sobre el cual el gremio ve con “gran preocupación su estado de avance”, ya que, para completar su tramitación, aún restan “numerosas instancias administrativas en distintos órganos del Estado”.

Finalmente, apuntan al reglamento que deberá publicar el Ministerio de Hacienda dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, y que es fundamental para operativizar el fondo de estabilización de tarifas a partir del cual se realizará el financiamiento del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC).

Según el gremio, el atraso en la publicación de estos documentos “complejiza la sustentabilidad del MPC, al no permitir su correcta implementación” por -entre otras razones- el riesgo de que se pierda la gradualidad tarifaria entre 2022 y 2023 que establece la ley, “lo que redundará en un alza de tarifas más drástica para los clientes afectos”.

Se suma -recalcan- “la grave afectación de la situación económica de las empresas suministradoras a clientes regulados”. “Siendo de público conocimiento el complejo escenario que atraviesa el segmento de generación eléctrica y los últimos acontecimientos en el mercado de corto plazo -los que incluso han repercutido en las mesas en curso que su cartera mandató liderar a la CNE- se suma esta demora en la implementación de la ley, que las priva de los ingresos pactados en sus contratos al congelar la aplicación de los reajustes de sus precios de energía”, se sostiene.

Y agregan: “En efecto, y solo como un ejemplo material, resaltamos que las empresas afectadas aún no pueden recibir los ingresos correspondientes por las ventas realizadas desde octubre de 2021 a la fecha, afectando seriamente su liquidez y con ello la disponibilidad de recursos para materializar las necesarias inversiones para la transición energética”.

Consultada, Acera declinó referirse al respecto. Mientras, desde el Ministerio de Energía confirman que se recibió la carta, pero que aún no hay una respuesta.