TDLC ordena reanudar proceso licitatorio del Duty Free del aeropuerto de Santiago tras nueve meses de suspensión

Tras nueve meses de suspensión del proceso de licitación de los almacenes de venta libre o Duty Free Shop del aeropuerto de Santiago, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ordenó la reanudación de este procedimiento. 

El 17 de enero de este ejercicio el Tribunal ordenó la suspensión de este proceso (a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil) luego de que la concesionaria Nuevo Pudahuel -encargada de operar el aeropuerto de Santiago- ingresó una consulta a la entidad para que ésta resuelva si las bases de licitación de los almacenes de venta libre contemplan preceptos que pudiesen llegar a infringir la libre competencia.

El llamado a licitación se realizó en octubre del año 2023, y se espera que a mediados de 2025 se adjudique la concesión.

Luego de algunos meses de trámite, en la mañana del miércoles se llevó a cabo una audiencia pública en el TDLC, instancia en la cual abogados en representación de Nuevo Pudahuel, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía Nacional Económica y Motta Internacional -empresa panameña a cargo de operar almacenes de venta libre- presentaron sus alegatos.

De acuerdo al TDLC, los argumentos expuestos en la audiencia pública por los distintos intervinientes, llevaron a la institución a alzar la suspensión de la licitación de los almacenes de venta libre o duty free shop en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile.

A esto se le suma que, días antes de la audiencia, Motta Internacional solicitó levantar la medida cautelar interpuesta por el Tribunal, entregando una serie de argumentos que terminaron convenciendo a la entidad.

En detalle, Motta enfatizó que no existen en el proceso antecedentes suficientes que constituyan una presunción grave de que las bases de licitación consultadas afectan la libre competencia en el mercado concernido; sumado a que la medida cautelar decretada es desproporcional al objeto de la consulta y su otorgamiento genera perjuicios a los consumidores y a los actores del mercado.

Finalmente la firma explicó que el mercado relevante afectado por la licitación objeto de esta consulta no se encuentra definido exclusivamente por la misma licitación, por lo que los eventuales riesgos de diseño existentes no generan perjuicios anticompetitivos que justifiquen la cautelar decretada.

Cabe precisar que el llamado a licitación se realizó en octubre del año 2023, y se espera que a medidos de 2025 se adjudique la concesión.

Audiencia pública

La encargada de dar inicio a la jornada fue la abogada de Nuevo Pudahuel, Vanessa Facuse. Durante su presentación, detalló que las Bases de Licitación para adjudicarse los almacenes de venta libre presentan graves y manifiestos riesgos para la libre competencia, que suponen: un modelo económico que desincentiva fuertemente la participación de oferentes y que deriva en mayores precios y menores alternativas de productos para los consumidores; y una oferta técnica que no contempla elementos que generen competencia, afectando la calidad del servicio de la futura concesión.

Además, Facuse señaló que el otorgamiento al futuro concesionario da la opción de explotar parcialmente las superficies, afectando la eficiencia asignativa y la calidad del servicio, sin existir criterios objetivos; y por último habla de una duración temporal excesiva de la concesión, contraria a la práctica internacional, que genera pérdidas de innovación y en la calidad de los productos y servicios.

Otro argumento que utilizó la abogada, es que el proceso de licitación ha entregado señales de los riesgos que contienen las bases. En efecto, Facuse destacó que el proceso de preguntas y respuestas muestra un bajo interés de la industria en participar en la licitación, evidenciándose en el escaso número de interesados que realizaron preguntas; y enfatizó que únicamente Aldeasa solicitó y realizó visitas a las instalaciones, lo que pone de manifiesto el nulo atractivo del proceso.

Por su parte, el abogado representante de la FNE, Matías Edwards, recalcó que la mayoría de las disposiciones de las bases que fueron cuestionadas por Nuevo Pudahuel no tienen la capacidad de generar distorsiones competitivas en el proceso de selección del concesionario, debido a que cumplen con los estándares y buenas prácticas.

Sin embargo, destacó que sí existen diversos espacios de mejoras en las bases de licitación que podrían aumentar la competencia en este diseño; como los criterios de evaluación técnica, el modelo económico, entre otras cosas.

Por último, el abogado a cargo de representar al CDE, Leonardo Corral, detalló que el caso en cuestión involucra la existencia de un monopolio legal, el cual no presenta ningún obstáculo según las normativas de libre competencia.

Corral añadió que pese a este monopolio, la administración ha trabajado en colaboración con organismos estatales y con la participación activa de empresas para asegurar el principio de libre concurrencia de los oferentes, enfatizando que las únicas barreras establecidas por las bases de licitación son aquellas relacionadas con posibles conflictos de intereses, obligaciones financieras vencidas con el Estado y conductas vinculadas al lavado de activos.

Y agregó que ninguna de las hipótesis que podrían indicar distorsiones significativas se aplica a las bases objetadas, lo que lleva a la conclusión de que la consulta debe ser rechazada en cuanto al fondo del asunto.