Stock disponible de viviendas de empresas de la construcción aumenta un 55% en un año
Gremio de la construcción valora posibilidad de compra de sobrestock de viviendas por parte del Ejecutivo.
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El menor dinamismo de la economía del país, las altas tasas de interés y la dificultad para acceder al crédito, han golpeado fuertemente a la industria inmobiliaria y de la construcción, y uno de los efectos que se ha visto en el rubro es el sobrestock de viviendas que hay en el mercado.
Esto se ve expresado en los últimos datos entregados por las empresas del sector a la Comisión para el Mercado Financiero, donde se dejó entrever que a septiembre de 2023 el stock disponible de ocho firmas de la industria -Moller & Peréz-Cotapos, Echeverría Izquierdo, Socovesa, Salfacorp, Besalco, Paz Corp, Inmobiliaria Manquehue e Ingevec- aumentó un 55,48% respecto a enero-septiembre de 2022, pasando de 3.607 a 5.608 viviendas que aun no se venden.
Echeverría Izquierdo es la empresa del rubro que experimentó la mayor alza de stock disponible dentro de los primeros nueve meses del año, con un salto de 67 propiedades a 334 (tanto proyectos en consorcio como propios).
Ya un poco más abajo le siguen SalfaCorp y Moller & Perez-Cotapos, con alzas en su stock disponible de viviendas de 284,48% y 282,22% respectivamente.
Por su parte, y a diferencia de la gran mayoría de las empresas mencionadas, Ingevec y Besalco lograron disminuir sus unidades disponibles durante este último año, pasando de 1.286 a 1.052 y 392 a 282 respectivamente.
Nicolás León, gerente de estudios y políticas públicas de la CChC, explicó que esta alza se debe a que el Banco Central tomó medidas para contrarrestar el sobrecalentamiento de la economía, que ocasionaron el aumento en las tasas de interés.
“Eso, sumado a situaciones internacionales que agregaron incertidumbre al mercado financiero, ocasionó un cambio en las condiciones de acceso a los créditos hipotecarios, lo que afecta a la gran mayoría de las personas que proyecta la compra de una vivienda. Esta contracción en la demanda, hizo que las ventas bajaran y que el stock se acumule, llegando a niveles históricos”, enfatizó.
CChC valora iniciativas del Minvu
El sobrestock de viviendas es un tema que se analiza a nivel de gobierno también.
El pasado miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dio a conocer que el Gobierno está barajando la posibilidad de comprar una parte del sobrestock de propiedades que existe en el país, que según datos de la CChC, la cifra llega a 114 mil viviendas que no se han logrado vender.
El secretario de estado precisó que esta compra estaría enfocada en viviendas cuyo valor está entre las UF 1.600 y UF 1.800.
“Todas las medidas que aporten a reactivar la economía y en particular, al sector de la vivienda e inmobiliario, son bienvenidas y van en la línea correcta. Lo propuesto por el Ministro, sin embargo, tiene un impacto acotado. Según nuestros cálculos actualmente existen 8.000 viviendas bajo las 2.000 UF en todo el país. Si bien la medida ayuda, se enfoca en un sector pequeño del mercado”, señaló León.
El ejecutivo del gremio agregó que cree que lo que realmente podría mover la aguja es dar salida al stock de entrega inmediata, que es cercano al 30% de la oferta total, ya que este stock, señaló León, afecta de manera directa la liquidez de las empresas.
“El Estado podría comprar estos productos terminados para provocar un cambio”, concluyó.
Caso convenios: PDI allana oficinas del Ministerio de Vivienda
Aunque en medio del llamado caso convenios, el ministro de Vivienda Carlos Montes (PS) parece haber sorteado la acusación constitucional en el Congreso, la investigación sigue adelante y centrada en torno a su secretaría de Estado. Así, en la mañana de este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó las dependencias del Ministerio de Vivienda.
En el marco del caso convenios, alrededor de las 10:00 de la mañana, funcionarios de la Brigada de Delitos Anticorrupción de la PDI allanaron las dependencias del Ministerio de Vivienda, cumpliendo con una orden judicial emanada de la Fiscalía de Tarapacá, que buscaba -según circuló informalmente- información que no se había entregado de parte del ministro en un intercambio de oficios con la Fiscalía.