Otra constructora en quiebra: “Los bancos no otorgan más créditos ni postergación de pagos”

Cayó otra empresa en el negocio del ladrillo y el cemento. Ahora fue el turno de la Constructora Cega Limitada, que presentó los antecedentes ante la justicia para su liquidación voluntaria.

“Mi representada se encuentra en la imposibilidad absoluta de servir a sus deudas y compromisos. Los pasivos incluyen bancos, y éstos no otorgan más créditos ni postergación de pagos, siendo imposible repactar nada en virtud del mal estado de los negocios”, dijo el abogado de la firma, Pablo Bascuñán, en su presentación a la justicia. “En las actuales condiciones de pandemia, y antes en virtud del estallido social, que son de público conocimiento, mi representada se ve en la necesidad de iniciar el presente proceso”, añadió el jurista.

La industria de la construcción está enfrentando una de sus perores crisis del último tiempo. Se apunta a los efectos que generó al sector la crisis social y la pandemia (con largas paralizaciones de las obras), el fuerte aumento de los precios de los materiales, multas aplicadas por los ministerios de Obras Públicas y Vivienda (por retraso en los contratos), entre otros factores.

Desde que se desató la crisis social a fines de 2019, más de una docena de empresas del sector construcción e inmobiliario han iniciado procesos ante la justicia, con pasivos que, en conjunto, superan los US$ 600 millones. Algunas empresas han solicitado su reorganización, otras su liquidación voluntaria.

Este último fue el camino que siguió la empresa constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, que solicitó, a fines de octubre, su quiebra. La compañía anunció que desmovilizará más de 30 obras y despedirá a 2.500 personas. Los pasivos de la compañía superan los US$ 60 millones y uno de sus mayores acreedores es el banco Santander. Apuntó a la “burocracia de los mandantes públicos, en especial del MOP, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales”.

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció, tras tener la venia de Hacienda, que su cartera reconocerá el alza de los materiales en los contratos de obras de infraestructura pública que realizan privados, lo que significará un mayor desembolso fiscal. El foco, dijo, es resguardar el empleo.